Una operación comercial entre dos empresas periodísticas sirvió de pretexto al presidente Ollanta Humala para amenazar a la libertad de expresión en el Perú y ‘sugerir’ al Congreso el debate de una ley de medios

El 29 de diciembre del 2013, a menos de un mes de conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile y cuando los representantes de diversos sectores políticos invocaban a la unidad nacional, el presidente Ollanta Humala sorprendió a todos al colocar en el debate público un tema que, hasta esos momentos, era solo un diferendo entre privados: la asociación entre las empresas periodísticas El Comercio y Epensa.

Dicha asociación se produjo algunos meses antes, en agosto, cuando el Grupo El Comercio, el principal conglomerado periodístico del país, compró el 54% de las acciones de la Empresa Periodística Nacional (Epensa). Como parte del acuerdo, la familia Agois Banchero, fundadora de Epensa, a través de una empresa 100% de su propiedad mantiene el control de la línea editorial de sus diarios.

Antes de que esta operación se concrete, el Grupo La República, el tercer conglomerado de diarios más importante del país, había intentado sin éxito adquirir ese paquete de acciones, lo que en la práctica le hubiera dado el control del 68% de diarios de provincias y el manejo de la línea editorial de los diarios de Epensa.

Ni bien se hizo pública esta operación, los diarios del Grupo La República y diversos periodistas, muchos de ellos vinculados laboralmente a ese grupo, lanzaron una feroz campaña en contra de esta asociación comercial. Para descalificarla, utilizaron un término inexistente en la Constitución Política y en la legislación peruana: la concentración de medios.

El principal argumento de La República y sus aliados para confundir a la opinión pública y atacar la asociación era porque, según decían, El Comercio tendría el control del 78% del mercado de la prensa escrita. En realidad, en el Perú existen 60 diarios a nivel nacional, y el Grupo El Comercio es propietario de solo seis de ellos. Lo que sí es cierto es que el 50% de los lectores prefieren comprar los diarios del Grupo El Comercio, mientras que los cuatro diarios de Epensa tienen un 28% de participación adicional en el mercado.

El gobierno se mantuvo ajeno a esta polémica durante algunos meses. Sin embargo, el 29 diciembre, en una entrevista televisiva, el presidente Humala hizo eco de unas declaraciones del escritor Mario Vargas Llosa quien había expresado su preocupación por la asociación entre Epensa y El Comercio y dijo: “Es una vergüenza que en el Perú estemos teniendo un grupo que prácticamente sea el dueño de los medios de comunicación. Eso es peligroso”.

A continuación, lanzó una amenaza contra la libertad de expresión. Cuando se le recordó que la asociación no era ilegal, Humala respondió: “No es ilegal. Ahorita no es ilegal”.

El presidente se refería a una acción de amparo que habían presentado ocho periodistas (entre ellos el director, un miembro del consejo directivo y dos columnistas de La República) para que el Poder Judicial anule la asociación entre El Comercio y Epensa. Cabe indicar que dicho recurso legal que llevaba mes y medio de espera en un despacho judicial fue admitido a trámite tres días después de la intervención presidencial por lo que las expresiones de Humala generaron suspicacias.

Al día siguiente, las declaraciones de Humala provocaron reacciones de rechazo de diversos representantes de la clase política y del sector empresarial.

El ex presidente Alan García calificó las expresiones de Humala como una amenaza contra la libertad de expresión y dijo que “rompen el necesario clima de unidad nacional que debe existir antes del fallo de la corte de La Haya”. Por su parte, la ex candidata presidencial y lideresa Keiko Fujimori recordó los antecedentes prochavistas de Humala: “Ataca a los medios pero no a la corrupción. Comandante, no queremos parecernos a Venezuela”.

El presidente de Confiep, el principal gremio empresarial del Perú, Alfonso García Miró, declaró: “Si la mayor parte de personas lee determinado medio es porque tiene el derecho de haber elegido […] No debe haber nunca una autoridad que restrinja el libre derecho de las personas a optar por cierto medio en vez de otro”.

La intervención del congreso

Humala echó más leña al fuego del debate cuando el 2 de enero volvió a arremeter contra la asociación formada por El Comercio y Epensa. “Este tema debe ir al Congreso de la República. Debe ser un espacio deliberativo donde esté la representación directa del pueblo peruano”.

En el Perú, el ‘humalismo’ controla en la práctica el Congreso. Además de Gana Perú, la bancada del partido del presidente, el gobierno cuenta con el apoyo de Acción Popular Frente Amplio (disidentes de Gana Perú) y Perú Posible (del ex presidente Alejandro Toledo). Sus votos aseguran la aprobación de cualquier proyecto del oficialismo y el bloqueo de cualquier iniciativa de la oposición.

La Sociedad Interamericana de Prensa se pronunció en contra de las intenciones del presidente de llevar el tema al debate en el Congreso. “El presidente tiene todo el derecho de opinar sobre un asunto de alto interés público, pero nos parece conveniente que su gobierno se mantenga al margen”, señaló Claudio Paolillo, presidente del Comité de Libertad de Prensa e Informaciones de la entidad internacional. La misma posición fue asumida por el Consejo de la Prensa Peruana, del cual forman parte, paradójicamente, todos los grupos editoriales involucrados en la disputa.

De cualquier manera fue justamente la bancada satélite del gobierno, Acción Popular Frente Amplio, la que recogió la ‘sugerencia’ del mandatario. El congresista Manuel Dammert, miembro de ese grupo, anunció que viene trabajando un proyecto de ley para regular no solo lo que él llama la “concentración de medios”, sino también el contenido de lo que estos publican. También anunció la realización de debates públicos para recoger la opinión de la ciudadanía sobre este tema.

Pero Dammert y su bancada se quedaron sin piso. Los tres vicepresidentes del Congreso consideraron impertinente que el Parlamento debata un diferendo empresarial entre medios. El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, deploró que se tergiverse la discusión y que se hable de regulación de contenidos. Mario Vargas Llosa, quien critica la asociación de las empresas periodística, también se opone a una ley de medios.

Por ahora, el debate sobre el tema ha pasado a segundo plano, mientras se espera la lectura del fallo de La Haya. Queda aún pendiente la decisión del Poder Judicial sobre la asociación entre El Comercio y Epensa. En tanto, el proyecto de Dammert parece haberse desacelerado o capaz para utilizar las expresiones de Humala, “ahorita no”(es el momento).

Las declaraciones de Humala han sido una clara amenaza a la libertad de expresión. Pero, así como la amenaza, el presidente sabe muy bien cómo utilizarla. En enero, el diferendo entre las empresas periodísticas se convirtió en el principal tema de debate público. Durante las últimas semanas, el caso López Meneses, el principal escándalo de corrupción destapado durante el gobierno de Humala, desapareció de las portadas de los diarios.