Christian Zúñiga, El Mercurio
SANTIAGO.- El grupo chileno
Luksic presentó a través de la firma Aeris Invest un recurso contencioso administrativo
contra la Junta Única de Resolución (JUR) y la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con motivo de la resolución de Banco Popular.
La demanda, presentada el pasado lunes por la familia titular del 3,45% de Popular antes de su resolución, tiene por objeto la anulación de las decisiones adoptadas por ambos organismos por las cuales se aprobó la resolución de la entidad el pasado 7 de junio, así como la condena en costas de los mismos.
En apoyo de la demanda, Aeris expone que la decisión infringe numerosos artículos de normas y principios legales. En concreto, se
alega que la resolución vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y la obligación de motivación, pues no se han hecho públicos todos los motivos de la decisión de la JUR.
Además, sostiene que la JUR habría quebrantado principios generales de derecho al acordar la resolución "por una crisis que provocó la propia Junta por las declaraciones de su presidenta", Elke König.
Además, afirma que la decisión no buscó las alternativas menos lesivas para los intereses de los accionistas, privó a Aeris de su propiedad sin darle trámite de audiencia y acordó la venta a Banco Santander "sin una valoración adecuada o a la maximización del precio de venta", entre otros argumentos.
Vulneración de derechos fundamentales
Asimismo, ha solicitado que se declaren inaplicables determinados artículos del Reglamento 806/2014 (por el que se establecen normas y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución) por considerar que vulneran derechos fundamentales reconocidos por la Unión Europea y los principios que rigen la delegación de competencias a la Junta.
Es por ello que se pide que sea inaplicable el obligar a asumir siempre a los accionistas las primeras pérdidas resultantes del proceso de resolución, impidiendo adoptar medidas menos restrictivas para su propiedad, lo que, en su opinión, "restringe el derecho de propiedad de manera desproporcionada".
Adicionalmente, el holding también propietario de más del 50% del Banco de Chile, considera que dicho reglamento vulnera los artículos 17 y 41 de la Carta de Derechos Fundamentales, ya que no contempla un trámite de audiencia a favor de los afectados, lo que habría permitido analizar medidas alternativas menos gravosas para salvaguardar el interés general y garantizar el equilibrio de intereses.
Por último, Aeris expone que el reglamento vulnera la jurisprudencia Meroni sobre delegación de competencias a organismos como la Junta puesto que no se establece qué objetivos deben perseguir la amortización de acciones ni el instrumento de venta de negocio; no se delimitan las circunstancias y condiciones en las que cabe ejercer las competencias, y no se garantiza la proporcionalidad de las medidas que adopta la Junta.
Aeris Invest ya presentó el pasado 21 de junio recurso contencioso-administrativo contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
