SANTIAGO.- Más de un año y medio ha transcurrido desde que se conoció el escándalo que afectó a la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y que apuntaba a un presunto espionaje en el seno de la dirigencia del gremio.
Era mayo de 2017, cuando el ex carabinero y dueño de la empresa Profacis, Rubén Aros Oñate, encontró micrófonos ocultos en las oficinas del entonces presidente del gremio empresarial, Hermann von Mühlenbrock, y del director de Carozzi y ex primer vicepresidente del gremio, José Juan Llugany.
La situación causó la alerta inmediata de las autoridades. El fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, designó dos fiscales para investigar el caso, mientras que el Gobierno consideró el hecho "de la máxima gravedad".
Y si bien, según confirmaron a este medio fuentes de la Fiscalía, la indagatoria tiene a Aros como principal sospechoso, y aún mantiene algunas diligencias pendientes, sigue sin formalizados.
En más de una ocasión, el retirado uniformado declaró en calidad de imputado, pero no ha sido llevado ante un tribunal. Aún se se desconoce si será formalizado por su participación en el caso.
De acuerdo a un informe de 45 páginas elaborado por la Brigada del Cibercrimen de la PDI, el sargento segundo (r) habría colocado los dos dispositivos encontrados para cobrar por el servicio de seguridad.
De hecho, según indicaron los detectives en el documento, se constató que la máquina que el indagado habría utilizado, no permitiría localizar los micrófonos, ya que estos no estaban emitiendo frecuencia. Esto implicaría incluso que nunca hubo espionaje.
Ya en octubre pasado, el abogado de Aros, Carlos Gatica Illanes, comentaba a El Mercurio que "la verdad es que Rubén ya se olvidó del asunto, nadie formalizó nunca nada, yo presumo que eso ya se terminó. Yo he sostenido que aquí no hay delito, y de los antecedentes de la carpeta, ninguno da muestras claras de un ilícito".
Al ser requerida por este tema, la Sofofa declinó hacer comentarios, argumentando que es un tema que está en Fiscalía.
