Con 132 votos a favor se aprobó el proyecto.
La Segunda
SANTIAGO.- Con amplia mayoría se aprobó en la Cámara de Diputados, el
proyecto de ley que busca fortalece la protección de los usuarios en caso de fraudes con medios de pago como tarjetas de crédito, débito y otras operaciones electrónicas.
"Si hoy día yo soy sujeto de un fraude como dueño de una tarjeta de crédito, tengo que ir donde el banco, demostrar que hay un fraude y pedir el reintegro de la plata que fraudulentamente se me ha quitado de mi cuenta, y eso se demora hasta 120 días. Con este proyecto ese plazo baja a siete días, por lo tanto estamos balanceando mucho más esa relación entre bancos y quienes son dueños de tarjetas", reconoció el ministro de Economía, José Ramón Valente.
A lo que continuó agregando que "hoy día uno para estar cubierto con las transacciones hacia atrás tiene que comprar un seguro, eso ya no va a ser necesario, la ley lo protege y por lo tanto los clientes ya no van a tener que comprar ese seguro y van ahorrar esa compra".
La iniciativa que contó con 132 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones, establece que el usuario tendrá que dar aviso inmediatamente a su banco al momento de detectar un movimiento fraudulento.
Después de dicha notificación, la institución bancaria deberá bloquear la tarjeta o el medio de pago que se vea involucrado, y una vez avisado, pasarán inmediatamente a ser responsable de cualquier otro movimiento que ocurra con dicho elemento.
"Aquí el banco no puede tomar ninguna acción unilateral, aquí las acciones son vía los tribunales de justicia, si el banco de verdad cree que no hubo fraude, que fue un auto fraude, tiene que demostrarlo ante un juez, y es el juez el que tiene que sancionar, bajo ninguna circunstancia el banco va a poder ir contra la persona y restituirse de esos recursos", afirmó Valente ante la posibilidad de que una institución no quiera correr con los gastos.
En el caso contrario, de que el usuario incurra en un ilícito en contra del banco, este también podrá demandar ante la justicia.
Al haber sido aprobado por el hemiciclo, el proyecto pasó a tercer trámite constitucional en el Senado.
