SANTIAGO.- "Trabajados". Ese es el calificativo que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, elige tras ser consultado por Emol para resumir los que han sido ocho meses de estudios y negociaciones con la oposición para poder aprobar la idea de legislar de uno de los proyectos emblemáticos del segundo Gobierno de Sebastián Piñera: la modernización tributaria.
Y aunque fue una de las promesas de su campaña que aparentemente gozaba con amplio apoyo, el camino de la tramitación de la iniciativa no ha sido el que se esperaba al interior de La Moneda. De hecho, el mismo Larraín decía molesto hace unos días: "¿Por qué este proyecto se demora ocho meses y el de 2014 en tres semanas fue despachado?".
Lo cierto es que la reforma ha vivido constantemente al límite. Fue el 23 de agosto pasado cuando el documento de 300 páginas fue ingresado al filo de la hora en el Congreso. En la oportunidad, unos ajetreados Felipe Larraín y Gonzalo Blumel entregaban el proyecto en la oficina de partes excusando su retraso de dos horas por la revisión final de los informe y "el taco en el peaje".
Desde ahí en adelante, y tras conocerse el detalle de la iniciativa, comenzaron las primeras reacciones. El mundo empresarial valoró desde el inicio la simplificación del sistema, los incentivos a la inversión y los beneficios a las pymes, pero también enfatizó en la importancia de bajar el impuesto corporativo de 27% a 25%, algo que si bien fue promesa de campaña, no fue considerado en el proyecto.
Por su parte, las clasificadoras de riesgo vieron con buenos ojos la reforma y destacaron que podría tener un impacto positivo a nivel fiscal, además de considerarla un factor relevante para la recuperación de la nota crediticia de Chile.
Pero fue el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, el que disparó la primera dura crítica y que apuntó contra uno de los ejes del proyecto, la reintegración del sistema tributario. "Haciendo suma y resta, el 90% de la disminución de la recaudación que produce la reintegración va a los grandes empresarios; es una inyección directa a los que más tienen", dijo y agregó: "El diablo está en los detalles".
Eyzaguirre no fue el único y diversas voces se sumaron a las críticas. Así, en entrevista con El Mercurio, el ministro Larraín sostenía la que sería la tónica de sus declaraciones los siguientes ocho meses: "No esperaba que la oposición hiciera una conferencia de prensa y nos aplaudiera como primera reacción. Pero tampoco esperé, aunque ha sido una reacción minoritaria, los que han encontrado todo malo. Este proyecto lo voy a conversar con todos los que tengan buena voluntad. Por supuesto que si hay alguien que no le encuentra nada bueno, y lo que quiere es dispararle desde un comienzo, hay poco que conversar".
Sin embargo, los reparos en torno a la reintegración del sistema y las medidas compensatorias consideradas por el Ejecutivo para costear la reforma se convirtieron en la principal piedra de tope de la discusión y, mientras la intención del Gobierno era aprobar la idea de legislar en enero, la oposición ya advertía en diciembre: "En sus condiciones actuales, la reforma no cumple con las condiciones mínimas para poder apoyarla".
El nudo de las negociaciones
Pese a las críticas, Larraín se mostró en reiteradas ocasiones "peligrosamente optimista", según sus mismas palabras, y repetía su anhelo: aprobar la idea de legislar en enero.
Sin embargo, el día 9 de ese mes la oposición le dio un golpe a las expectativas del Gobierno y publicó un documento firmado por todo el bloque opositor con ocho condiciones para aprobar el proyecto.
Así, la votación se postergaba para para marzo, en el inicio del año legislativo, pero en el intertanto diversos asesores de Hacienda y la oposición se reunieron en tres mesas técnicas durante las vacaciones para acercar posiciones.
¿El resultado? "En lo sustantivo se mantiene el juicio crítico que teníamos en enero (...) tenemos el convencimiento de que ésta es una reforma regresiva, que como tal favorece especialmente a las personas de más altos ingresos, y que, además, es una reforma que reducirá la recaudación fiscal en régimen. De hecho, los antecedentes presentados por el gobierno en estas reuniones han tendido a confirmar nuestra visión al respecto", sostenía la oposición el 3 de marzo.
Durante ese mes y hasta la fecha, dos más fueron las nuevas propuestas que el bloque presentó para aceptar los principios base del proyecto. En total, Hacienda respondió tres veces con nuevas alternativas.
La recta final
Ya para fines de marzo el ánimo había cambiado y aunque Larraín insistía en su llamado al diálogo, también declaraba "es inexplicable que algunos se cierren siquiera a la idea de discutir el proyecto".
Desde el interior de Hacienda, fuentes confirmaron a este medio que estas últimas dos semanas el ministro le dedicaba gran parte a las 12 horas de trabajo diario al analizar las propuestas, y que su equipo de asesores y técnicos figuraban encerrados analizando la última propuesta de la oposición.
"Sin duda este es el gran proyecto de Hacienda y, a medida que pasaba el tiempo, al ministro se le veía más preocupado, ya que existía la posibilidad de que se cayera su reforma", revela una fuente cercana.
Con todo, tras ocho meses desde que se ingresó el proyecto al Congreso, hoy debería ser aprobada la idea de legislar de la reforma tributaria tras el respaldo que ayer entregó la DC, y comenzar un nuevo capítulo en la discusión en particular de la iniciativa en la misma comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
