El Gobierno surcoreano considera que las restricciones impuestas a la exportación de materiales clave para la manufactura de semiconductores a Corea del Sur, principal fabricante mundial de estos productos, puede dañar la "cadena de valor global" de las empresas tecnológicas.
Seúl estima que el mantenimiento de estas restricciones "afectará adversamente a compañías que van de Apple a Amazon, Dell o Sony y a miles de millones de consumidores en todo el mundo", según explicaron hoy representantes del Gobierno en Seúl en un encuentro con periodistas foráneos.
"La acción restrictiva sobre las exportaciones conlleva el efecto pernicioso de romper la cadena de valor global" y es "contraria", según el Gobierno surcoreano, al mensaje en favor del libre comercio subrayado por los líderes, y en especial el primer ministro nipón,
Shinzo Abe, reunidos en la reciente cumbre del G20 de Osaka (Japón).
El pasado 1 de julio Tokio anunció que impondría restricciones sobre materiales químicos básicos que adquieren compañías surcoreanas para fabricar pantallas y chips de memoria, componentes imprescindibles para computadores, servidores o smartphones.
La medida puede representar un problema para la producción de memorias DRAM, cuya cuota de mercado global corresponde en un 70% a empresas surcoreanas, y a la propia economía surcoreana, cuyo músculo exportador (pilar básico del PIB) depende en un 25% de los semiconductores.
Japón argumenta que ha impuesto estas restricciones porque no confía en los mecanismos de control surcoreanos para evitar que caigan en manos de terceros países (el propio Abe habló en su momento de Corea del Norte).
Los funcionarios surcoreanos insistieron hoy en que "semejantes argumentos simplemente carecen de base" y que el Ejecutivo surcoreano considera que la medida busca "demostrar el descontento de Japón con el veredicto del Tribunal Supremo" surcoreano de finales de 2018.
Este fallo abrió la puerta a que las empresas niponas con presencia en Corea del Sur sean obligadas a pagar compensaciones a ciudadanos coreanos (o sus herederos) esclavizados por estas compañías durante la II Guerra Mundial.
Japón, que colonizó la península entre 1910 y 1945, sostiene que todas las compensaciones para las víctimas esclavizadas por empresas niponas quedaron solventadas en el tratado de normalización de relaciones de 1965.
Mediante este tratado, Tokio donó al país vecino US$300 millones, dinero que la dictadura militar de Park Chung-hee no hizo llegar íntegramente a las víctimas, motivo por el cual miles de ellas han demandado a su vez recientemente al Gobierno surcoreano.
Los representantes del Ejecutivo subrayaron que la situación "debería resolverse a través del diálogo" y que están "abiertos a cualquier sugerencia", incluido un hipotético proceso arbitral en torno al acuerdo de 1965, aunque al mismo tiempo consideran que ese "no es el único camino" para solventar la situación.
Tokio volvió a insistir en la necesidad de arbitraje, una opción que ha planteado desde hace meses y sobre la que Seúl sigue sin pronunciarse oficialmente.
