SANTIAGO.- Esta mañana, la comisión de Trabajo de la Cámara votará las indicaciones que presentó el Gobierno a la reforma de pensiones. Se trata de nuevos ejes que cuentan con el respaldo de la Democracia Cristiana y que -todo indica- lograrían sortear la votación de este jueves para así pasar a la comisión de Hacienda.
Sin embargo, desde que entró la iniciativa al Congreso en noviembre de 2018, el proyecto ha cambiado sustancialmente para lograr el apoyo de la oposición y, pese a los avances en los consensos, entre los parlamentarios oficialistas una idea está clara: "Esta no es la reforma que nosotros hubiésemos querido".
De todas formas, tal como indicó este miércoles el diputado Patricio Melero (UDI), "es la reforma que con realismo la oposición nos ha pedido para poder avanzar". Y en ese sentido, destacó positivamente el que "la totalidad del aporte nuevo que se va a hacer de 4% vaya íntegra y totalmente a una cuenta individual".
Además, recalcó que un "tema fundamental" para los parlamentarios de Chile Vamos era que la reforma no considerara un sistema de reparto y que "la solidaridad se haga con la plata del Estado y no con la del futuro jubilado".
Pero, ¿cuáles son las principales diferencias entre este proyecto y el que ingresó en noviembre al Congreso?
Los ejes del proyecto que presentó el Gobierno en noviembre
Fue a través de una cadena nacional que el Presidente Sebastián Piñera detalló los pilares de la reforma previsional, considerada una de las iniciativas emblemáticas de su Gobierno y también uno de los ejes de su campaña.
En la oportunidad, el Ejecutivo envió una minuta con las 10 claves del proyecto. Entre ellas destacaba un aumento de 4% en la cotización individual, es decir, una subida del 10% actual al 14%, con cargo al empleador.
"En un Parlamento donde no hay mayorías, obviamente uno tiene que allanarse y en eso consiste la democracia y la política de los acuerdos, en abandonar parte de lo que uno originalmente hubiera querido, para recibir las propuestas que un sector de la oposición nos ha hecho"
Patricio Melero, diputado UDI
Respecto a la administración de dichos fondos, se dijo: "El trabajador podrá elegir si entregar ese dinero a su AFP o a otras entidades que se formarán especialmente para este efecto. Estas nuevas administradoras podrán ser con o sin fines de lucro".
"Los trabajadores podrán cambiarse desde una de estas administradoras a las otras, o podrán mover su 4% de cotizaciones hacia las AFP o desde la AFP hacia alguna 'administradora del 4%'".
Otro eje del primer proyecto fue el fortalecimiento del Pilar Solidario, el cual se anunció que permitiría mejorar inmediatamente la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional Solidario (APS) en un 10%. Así, seguirían creciendo en función de la edad de los pensionados, hasta un 50% en cuanto a la PBS y hasta más de un 70% el APS.
El Gobierno presentó además un pilar que hacía relación con el aporte del Estado. De esta forma, se especificó que los pensionados de clase media recibirían diversos montos de acuerdo a su pensión y a los años trabajados, beneficiando especialmente a las mujeres.
Las reacciones y críticas
Desde un primer minuto, los primeros en reaccionar a la reforma fueron los sectores empresariales y los partidos de oposición. Así, mientras desde la CPC, Alfonso Swett, recalcaba que el 4% con cargo al empleador tendría un costo de 60 mil puestos de trabajo en régimen, desde la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio criticaron la insuficiencia del proyecto.
Solo a días del ingreso de la reforma a la Cámara, diputados de la oposición ya planteaban la separación de la iniciativa para aumentar de forma más expedita las pensiones básicas solidarias y después discutir el tema de la administración de la cotización adicional con más tiempo. Ante dicha idea, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, se negó tajante, argumentando que "sería postergar una vez más a la clase media".
Después de discusiones al interior de la comisión, el entonces presidente de la instancia, Raúl Soto, declaró en abril que "la idea de legislar de la reforma de pensiones no está asegurada" y que "no existen los pisos mínimos para tramitar el proyecto (...) lo que queremos es un cambio estructural".
Fue así que a mediados de mayo la oposición rechazó en bloque la idea de legislar el proyecto por 6 votos a favor y 7 en contra. Días después, en pleno debate entre los diputados en la Cámara, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció la creación de un ente estatal (Consejo Público Autónomo) para administrar el 4% y así poder sortear una de las "condiciones" que la falange había puesto para votar a favor de la reforma.
Las nuevas indicaciones
De mayo a la fecha, la discusión ha girado en torno al 4%, incluso surgió la idea de que el Banco Central se hiciera cargo de los montos adicionales. Pero más allá del detalle de cómo se invertirían los dineros, el Gobierno zanjó -en línea con lo solicitado por la oposición- que las AFPs no participarán directa ni indirectamente de dichas inversiones.
Hoy, a ocho meses del ingreso del proyecto inicial, la reforma ha sido calificada "como un primo hermano de la reforma de Bachelet", según el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.
Así, de acuerdo a las indicaciones presentadas ayer por La Moneda, la reforma considera: un aumento en la cotización individual del 10% al 14% con cargo al empleador. Dicha diferencia será administrada por un ente público, rebautizado como Consejo Administrador de los Seguros Sociales (CASS).
El nuevo organismo será autónomo, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, además, será administrado por un grupo de cinco consejeros y estará bajo la supervisión de la Superintendencia de Pensiones.
No solo tendrá bajo su alero la administración del 4% adicional, sino que también la del Seguro de Dependencia, el Seguro de Acompañamiento de Niños y Niñas (Ley Sanna) y otros programas de seguros sociales, he ahí la razón de su nuevo nombre.
El consejo estará encargado de licitar la cotización adicional y las indicaciones dejan abierta la puerta para que, cumplidos cinco años de aprobada la ley, el mismo ente pueda actuar directamente como agente de inversión de dicho ahorro.
Los nuevos puntos también proponen una Estrategia Nacional de Educación Previsional, con el objeto de educar y difundir los derechos y obligaciones de las personas en el sistema de pensiones.
