Ricardo Ariztía, presidente de la SNA, y Alfonso Swett, presidente de la CPC.
Emol
SANTIAGO.- Hace semanas que la discusión sobre
cuántas horas se debe trabajar en una semana o el reparto que estas deben tener capturó la atención tanto de expertos, políticos y ciudadanos, más aún tras el anuncio que ayer realizó el Gobierno, en donde aseguró que presentará una indicación
para que la jornada semanal tenga una duración de 41 horas promedio.
Si bien las últimas encuestas han mostrado que en su mayoría los trabajadores están de acuerdo con el proyecto presentado por la diputada comunista Camila Vallejo -el cual busca reducir la actual jornada de 45 a 40 horas sin afectar las remuneraciones-, desde el mundo empresarial han mostrado reparos tanto con esta idea como con la última propuesta del Ejecutivo.
Es así como desde la Confederacion de la Produccion y del Comercio (CPC), su presidente, Alfonso Swett, aseguró que valoraban las iniciativas presentadas por ambas partes, sin embargo, indicó que en las dos hacía falta un mayor análisis.
"Nosotros valoramos toda iniciativa que mejore el bienestar de los trabajadores, por lo mismo, en esta discusión es indispensable tener una mirada sistémica que hasta ahora ha faltado. Se deben evaluar los efectos en todos los ámbitos: empleo, salarios, informalidad, crecimiento económico", comentó Swett.
En la misma línea, aunque más categórico, se mostró el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía, quien dijo que "si bien creemos que la propuesta del Gobierno es mejor que la de reducir la jornada a 40 horas semanales, no apoyamos ninguno de los dos proyectos".
En ese sentido, agregó: "Mantenemos nuestra posición de que Chile no está preparado para reducir las horas de trabajo, porque nos falta una cultura laboral como la que tienen países desarrollados".
Dentro de los motivos de Ariztía para rechazar ambas iniciativas se encuentra el hecho de que, según él, estos finalmente traerían más perjuicios que beneficios para los trabajadores, pues "los costos y complicaciones que imponen medidas de este tipo podrían implicar para el empleador abrir espacio para prescindir de mano de obra, aumentar la mecanización, precarizar los salarios y fomentar la informalidad".
Por último, el líder de la SNA hizo un llamado a que "cualquiera sea el proyecto, este se sustente en un análisis serio y profundo del impacto que tendrá en el empleo, la inversión, la sustentabilidad de las empresas -especialmente Pymes-, la productividad, la competitividad e incluso el costo de la vida".
"Son muchos los servicios básicos, como transporte, que podrían encarecerse, luego que el costo de contratar a más trabajadores para cubrir turnos se traspase a precio para los consumidores", concluyó.
