Desde que Hyundai Engineering & Construction se adjudicó en 2013 -a través del Consorcio Puente Chacao (CPC)- el diseño y construcción del primer puente colgante del país, el cual busca unir el continente con Chiloé, las obras han sufrido una serie de contratiempos. Pero el momento de mayor tensión se apuntó el pasado 23 de diciembre, cuando la firma informó su decisión de paralizar el proyecto.
La filial de la gigante automotriz surcorena Hyundai Motor Group, acusó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) chileno de incumplir los compromisos establecidos durante el Gobierno anterior, subrayando una supuesta "mala fe" de parte de la cartera durante las conversaciones y un "perjuicio injusto que de ello deriva".
Según el MOP, el consorcio está pidiendo elevar los pagos por la construcción del puente en un 50%, lo que equivale a cerca de US$300 millones. "No asumiremos costos más allá de lo que le corresponde al MOP, ni tampoco aceptaremos detenciones de las obras (...). No vamos a permitir que el contrato se incumpla", sostuvo el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, a lo que la firma contestó argumentando que el Estado de Chile "actualmente no ofrece las garantías jurídicas y comerciales necesarias para que Hyundai siga financiando el proyecto".
"Hyundai nunca necesitó emitir un comunicado de prensa respecto de ningún proyecto, porque es su trabajo el que habla. Pero, atendido el trato descortés y abusivo que ha recibido, se siente en la necesidad de informar a los chilenos lo ocurrido con el proyecto Puente Chacao", recalcó. Mientras que el Ejecutivo emplazó a la empresa a resolver estas "discrepancias" en los tribunales de justicia.
Hyundai Engineering & Construcción aterrizó en Chile cuando en diciembre de 2013 CPC -controlado por la surcoreana- se adjudicó el contrato para llevar adelante el esperado levantamiento del puente sobre el canal de Chacao. Así, se transformó en la primera compañía de Corea del Sur en ingresar al mercado chileno.
Según la firma, dedicada a la ingeniería y arquitectura para la construcción de carreteras, represas, puentes, puertos, plantas industriales, complejos de departamentos e instalaciones culturales, ha desarrollado más de 880 proyectos -de los cuales más de 200 han sido puentes- en más de 70 países . Nunca, aseguran, habían tenido el problema que están presentando actualmente en Chile.
"En cada caso, tanto en el sector público como en el privado, (la firma) encontró solución a los conflictos que se le presentaron en sus obras, llevándolas todas a un término exitoso", recalcó la compañía fundada en 1947, convirtiéndose en la primera empresa de construcción coreana en ingresar a los mercados extranjeros en 1966 y que actualmente cuenta con más de 4.500 trabajadores.
Ganancias, proyectos e intenciones de explotar el litio en Chile
El año pasado la compañía logró ventas por US$14.500 millones, y reportó ingresos netos por US$460 millones. En los principales proyectos que han concretado en el último tiempo se encuentra el megaproyecto 'Sheikh Jaber Causeway' en Kuwait, proyecto que consiste en dos puentes entregados el presente año que juntos cuentan con una longitud total de 48,5 kilómetros y cuyo costo rondó los US$3 mil millones.
Este 2019 también fue inaugurado el Museo Nacional de Qatar, cuya construcción estuvo a cargo de Hyundai y es considerado la mayor exposición de historia local del planeta, con un área construida de 40 mil metros cuadrados y 40 metros de alto.
2,7kilómetros es la extensión contemplada para el Puente Chacao
Además en la última década se ha adjudicado importantes proyectos vinculados a centrales eléctricas, hoteles, puentes y refinerías de petróleo, como la la expansión y mejora de las instalaciones de la refinería de petróleo de Puerto La Cruz, en Venezuela, por un valor de casi
US$5 mil millones.
Desde InvestChile explicaron a Emol que aparte del Puente Chacao -cuya extensión contempla 2,7 kilómetros-, Hyundai no cuenta con otros proyectos en el país. Sí, añadieron, ha explorado ideas referentes a la explotación del litio en territorio nacional, pero sin concretar nada aún.
De hecho, en 2017 Hyundai se unió a la Industria Nacional del Litio (Inadel), consorcio formado por compañías chinas y coreanas, desde donde anunciaron su intención de asociarse con el Estado chileno y explotar el litio, buscando levantar un parque industrial para aquello en la Laguna Carén, ubicada en la comuna de Pudahuel. Sin embargo, el proyecto estaría congelado.
La empresa surcoreana de construcción tiene como CEO a Park Dong-Wook, quien asumió a inicios de 2018 y cuyo cargo tiene una duración de tres años. Le sigue en el orden de jerarquía Lee Won-Woo, vicepresidente de la firma, y Yoon Yeo-Sung, director ejecutivo de la misma.
Los abogados de Hyundai en Chile
La ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, criticó esta mañana que la empresa no utilice los tribunales de justicia del país para solucionar las diferencias que mantiene con el MOP. "El llamado que hace el MOP es sentémonos a ver si podemos acercar posiciones o, de lo contrario, ocupemos los mecanismos que están en el contrato que usted firmó y aprobó para poder solucionar esas discrepancias", señaló la secretaria de Estado.
Así, es probable que este conflicto se resuelva en instancias judiciales, y en ese marco Hyundai cuanta con los abogados Jorge Bofill y Vanessa Facuse -ambos del estudio Bofill Escobar Silva- para asumir su defensa.
Bofill es un destacado abogado penalista nacional y un conocido del Gobierno. En 2013 asumió la defensa del entonces ministro de Educación, Harald Beyer, quien terminó siendo acusado constitucionalmente por el Congreso. Asimismo, es parte de los cuatro penalistas convocados por el Presidente, Sebastián Piñera, para que actúen como querellantes del Ejecutivo en algunos procesos referentes la seguidilla de ataques incendiarios tras el estallido social.
También tuvo connotación pública por representar a imputados por el caso Penta, investigados por financiamiento irregular de la política, a la vez que defendió al empresario Julio Ponce Lerou por el caso Cascadas. En tanto, desde 2018 que actúa como uno de los abogados de la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, formalizada por fraude al fisco.
Y últimamente Bofill hizo noticia por sus cuestionamientos -junto a otros dos penalistas- al fiscal nacional Jorge Abbott, luego de que a inicios de diciembre se conociera que el Ministerio Público solicitó una audiencia de salida alternativa para 26 imputados por el saqueo de un supermercado en pleno estado de emergencia, y hecho por el cual que Gobierno se querelló por Ley de Seguridad del Estado.
El doctor en Derecho ha representado clientes en tribunales chilenos y en cortes extranjeras. Desde 1998 se ha desempeñado como profesor de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, e integró la comisión presidencial para la redacción de un nuevo Código Penal, sumado a las asesorías que ha realizado a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en asuntos de libre competencia.
Integra el Consejo del Colegio de Abogados de Chile y forma parte de la nómina de jueces del Tribunal Ético. En 2015 fue nombrado por la ONU como el único latinoamericano del comité de seis personas a cargo de la revisión del sistema de justicia interno del organismo internacional.
Por su parte, Vanessa Facuse es especialista en libre competencia, mercados regulados y derecho público, y es social de Bofill Escobar Silva Abogados desde octubre de 2019, luego de haber ingresado a dicho estudio dos años antes.
Entre 2013 y 2017 se desempeñó como jefa de la división de litigios de la FNE. Anterior a ello ocupó el cargo de sub jefa de la misma división y como coordinadora de mercados de la mencionada institución.
Facuse además entre 2004 y 2008 trabajó en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y en el ámbito académico, actúa como profesora del curso de Regulación y Competencia del MBA de la U. Diego Portales.
