José de Gregorio, Sebastián Edwards, Andrea Repetto y Rodrigo Valdés.
Emol
A tres días de que la Sala de la Cámara de Diputados vote en particular el proyecto que permite que los afiliados retiren el 10% de sus fondos de pensiones para hacer frente a la pandemia, la discusión fuera del Congreso respecto a si se trata de una buena idea o no sigue con fuerza.
Esta vez los destacados economistas José de Gregorio, Sebastián Edwards, Claudia Martínez, Andrea Repetto y Rodrigo Valdés, se unieron en una carta al director de El Mercurio, titulada "el 10% y el marco fiscal", en la que enfatizan su rechazo a la iniciativa.
En particular, la misiva expone los efectos que tendría para las arcas fiscales la creación del Fondo Solidario que contempla el proyecto, esto para la restitución -de parte del Estado y empleadores- de los montos que sean retirados por los afiliados y así paliar el perjuicio que la iniciativa generaría a las futuras pensiones.
"La discusión sobre el proyecto de reforma constitucional que permite el retiro de las AFP han tendido a ignorar un aspecto que nos parece preocupante", comienza señalando.
Dicho eso, el texto agrega que "bajo ciertas condiciones que estimamos altamente probables, el llamado Fondo Solidario para la reposición de las pensiones podría resultar en un aumento de la deuda fiscal (contingente) de hasta 18 mil millones de dólares".
"Esta es una cantidad enorme, que por sí sola excede el monto del reciente 'acuerdo fiscal por la pandemia' (US$12 mil millones)", añadió.
Por último, los economistas firmantes de la carta manifestaron que "creemos que hay mecanismos alternativos más eficientes, equitativos y menos costosos en términos fiscales y de futuras pensiones para asistir a la clase media durante la crisis".
El miércoles el debate volverá a la Sala de la Cámara de Diputados para la votación en particular del proyecto, luego de que la instancia -gracias a 13 votos de diputados oficialistas- lograra el pasado miércoles el quórum de 3/5 necesario para aprobar la idea de legislar la reforma constitucional que permite concretar el retiro.
Aquello significó un duro golpe para el Gobierno, que ha insistido en sus críticas a la idea e intentado alinear a los parlamentarios de Chile Vamos para que la rechacen, ya que, según el Ejecutivo y economistas de todos los sectores, esto afectaría gravemente las pensiones futuras y abriría una puerta "difícil de cerrar".
