SANTIAGO.-
Días clave viven el Gobierno y el Congreso en torno a la discusión del proyecto que busca que los afiliados del sistema de AFP puedan retirar el 10% de sus ahorros para enfrentar la crisis generada por el covid-19. Sin embargo, ad portas de que las Sala de la Cámara de Diputados vote en particular la iniciativa este miércoles, aún persisten una serie de dudas frente a la medida.
Se trata de un proyecto de reforma constitucional que desde sus inicios no ha sido respaldado por La Moneda. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ha reiterado en innumerables ocasiones que es "una mala idea" y que, además, considera "prerrogativas exclusivas del Ejecutivo tanto en materia de seguridad social, como todo aquello que involucre gasto fiscal".
De todas formas, y pese a los esfuerzos desplegados para alinear al oficialismo, el proyecto avanzó en su idea de legislar gracias al voto de 13 diputados de Chile Vamos, lo que generó un quiebre al interior del bloque y la salida de -hasta ahora- 10 parlamentarios a la bancada de RN.
En el área técnica, una serie de economistas de distintas sensibilidades políticas, incluso ex ministros de Michelle Bachelet y ex autoridades ligadas al Gobierno de Ricardo Lagos, han criticado el proyecto y han advertido sobre sus repercusiones negativas en las pensiones futuras. "Es un autogol", "un disparo en los pies", son algunos de los adjetivos que se le han dado a la iniciativa y además han mencionado que en cualquier caso, es mejor la alternativa del Ejecutivo respecto del préstamo a cero tasa de interés.
Sin embargo,
de acuerdo a la última encuesta Cadem, el proyecto cuenta con un 83% del respaldo de la ciudadanía, donde 52% dijo que solicitaría el retiro de sus fondos si es que se aprueba y un 44% sostuvo que no lo haría. Pese a los porcentajes, Briones sostuvo en T13 Radio: "Si uno gobernara solo por encuestas, la verdad es que no habría gobierno posible y es el deber de los gobernantes poder reflexionar sobre las mejores alternativas, aún a riesgo de que no sean populares".
Pero, de cara al miércoles y en medio del intenso debate que se ha generado, ¿cuáles son las principales dudas que persisten en torno al proyecto?
El proyecto, beneficiarios y retiro de fondos
Lo que se votará el miércoles serán las indicaciones aprobadas en la comisión de Constitución de la Cámara, donde el grueso de la iniciativa se mantuvo idéntico, salvo por un par de textos adicionales que especifican que el pago del 10% deberá hacerse "de forma íntegra" y dichos montos "no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal" y "no estarán afectos a comisiones o descuento alguno por parte de las AFPs".
Lo anterior, después de que durante la semana pasada surgieran distintas dudas sobre la cantidad de recursos que llegarían efectivamente a los afiliados en la eventualidad de que las administradoras tengan que salir a desarmar sus inversiones para vender en el corto plazo y así obtener la liquidez necesaria para transferirle a las personas.
La entrega de los fondos: 50% en un plazo máximo de diez días hábiles presentada la solicitud ante la AFP y el 50% restante en el plazo máximo de 30 días hábiles a contar del desembolso anterior.
De todas formas, Bettina Horst, economista de Libertad y Desarrollo que participó del acuerdo transversal en torno al plan económico y social de emergencia junto a otros 15 expertos, comentó que la palabra "íntegra" en este contexto es variable e imprecisa, dado que los fondos y sus inversiones son volátiles y el 10% de hoy puede ser diferente al de mañana.
Por otra parte, la idea sustancial de la medida se mantiene: se trata de una reforma excepcional que busca que los afiliados, de forma voluntaria y por única vez, puedan retirar hasta el 10% de sus fondos acumulados. El monto máximo de retiro es de 150 UF ($4,3 millones) y el mínimo de 35 ($1 millón). En caso de que el 10% del afiliado sean inferiores a 35 UF, el cotizante podrá retirar el equivalente a dicho monto. En caso de que la totalidad de sus ahorros sean inferiores a 35 UF, el trabajador podrá retirar la totalidad de sus fondos.
Bajo dichos parámetros, según información de Ciedess, tres millones de afiliados -de un universo total de 11 millones- podrían sacar todo su ahorro previsional, mientras que 4,6 millones podrían retirar el piso mínimo de $1 millón pese a que su 10% sea inferior a las 35 UF.
El polémico Fondo Solidario
Uno de los puntos que más cuestionamientos ha generado es la disposición Cuadragésima del proyecto, la que plantea "la creación de un Fondo Colectivo Solidario de Pensiones que se financiará con aportes de los empleadores y del Estado, y cuyo objetivo será financiar, bajo criterio de progresividad, complementos de pensiones producto de los montos retirados".
Ante la medida, los economistas José de Gregorio, Sebastián Edwards, Claudia Martínez, Andrea Repetto y Rodrigo Valdés -los mismos que fueron convocados por el Colmed y posteriormente por Hacienda para participar del acuerdo económico de los US$12 mil millones- alertaron que dicho fondo "podría resultar en un aumento de la deuda fiscal de hasta US$18 mil millones".
"Esta es una cantidad enorme, que por sí sola excede el monto del reciente 'acuerdo fiscal por la pandemia' (...), creemos que hay mecanismos alternativos más eficientes, equitativos y menos costosos en términos fiscales y de futuras pensiones para asistir a la clase media durante la crisis", sostuvieron en una carta a El Mercurio.
Tras la misiva, el diputado Gabriel Boric (CS) y la economista Claudia Sanhueza (RD) se refirieron al Fondo Solidario en otro texto dirigido al mismo medio y aseguraron que para lograr "una reforma estructural del sistema de pensiones" era necesario hacer que ese fondo fuera de carácter "permanente".
"La principal duda respecto al texto es sobre el potencial financiamiento de los retiros. El proyecto aprobado señala que se creará un Fondo Solidario para financiarlo, lo que sería regresivo (mayor transferencia a individuos que pueden retirar mas)".
Claudia Martínez
"El Fondo colectivo cuya creación se mandata en la ley no es para restituir lo que eventualmente se retire, sino un fondo permanente que beneficiaría a todos los pensionados con criterios de progresividad. Un fondo permanente no asociado al retiro", explicó el frenteamplista en su cuenta de Twitter. Posteriormente, en un diálogo con La Tercera, Sanhueza profundizó que la idea del fondo es "crear otra fuente de pensión, que complementa la pensión de las AFP, para gente que no tiene acceso al Pilar Básico Solidario".
Sin embargo, dicho planteamiento "no se condice con lo que se lee en el proyecto y transparenta el verdadero objetivo de la oposición: hacer una reforma al sistema de pensiones aprovechando la urgencia de la pandemia y los aplausos que ha sacado la idea de retirar el 10%", comenta a Emol un economista que ha seguido de cerca el debate.
Así, y considerando la actual reforma de pensiones que se discute en el Congreso, Claudia Martínez advierte que "frente a la interpretación de que sería un fondo permanente, la duda es como éste difiere e interactúa del fondo de ahorro colectivo solidario que es parte del proyecto de reforma de pensiones en discusión en el Parlamento".
En una mirada más detallada, Bettina Horst se detiene sobre el punto de que el fondo será "financiado con aportes de empleadores y del Estado" y cuestiona: "Hoy día existen casi 11 millones de afiliados al sistema, de los cuales 5,3 millones son cotizantes, entonces ¿son los empleadores de los actuales cotizantes los que también tendrán que pagar por aquellos que hoy no cotizan?"
"Los que no retiran fondos, ¿igual su empleador va a tener que aportar a este fondo por los que sí retiraron? ¿vamos a generar dos categorías de trabajadores? ¿y qué porcentaje pondrá el Estado y en función a qué?", agrega.
Asimismo, Horst pregunta: "Si es que es una reforma que busca apoyar a los hogares en esta pandemia, ¿por qué no se limita la posibilidad de retirar el 10% a aquellos hogares que efectivamente han sufrido una baja en sus ingresos?. Por eso esto huele más a reforma de pensiones que a ayuda en la pandemia, donde lamentablemente se avanza en un proyecto que no cuenta con ningún informe de sustentabilidad en el tiempo".
La falta de diseño e informes técnicos
David Bravo, economista y experto laboral que lideró la comisión asesora sobre pensiones durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, va más allá de los ejes del proyecto y afirma que sus aprensiones nacen incluso antes del texto: en el momento en que no ve ningún informe técnico acompañando la iniciativa.
En primer lugar, dice, "un aspecto que es completamente anómalo en esta discusión corresponde al hecho de que una iniciativa de esta naturaleza, que tiene indudables implicancias en el costo fiscal de corto plazo, mediano y largo, no provenga del Ejecutivo".
Para que avance el texto hacia el Senado, se necesita que 93 diputados den su respaldo a las votaciones separadas que se propongan al revisar el articulado del proyecto. Ante eso, la oposición requiere que el Gobierno no logre su objetivo y que desde la centroderecha estos 13 o al menos 11, se cuadren nuevamente a favor.
En segundo lugar, enfatiza el director del Centro de Estudios Longitudinales de la PUC, "no se dimensiona el impacto fiscal, el impacto laboral, el efecto sobre el empleo, sobre los ahorros de las personas. En ninguna parte, ni siquiera de la historia de Chile y menos a nivel internacional, eso un ejemplo de un proyecto técnicamente adecuado".
"Esto rompe con la tradición que creo que hemos tenido en Chile y de la que pienso que nos hemos sentido orgullosos por largo tiempo, de que en general este tipo de normas se han hecho sobre la base de estándares técnicos mínimos que definitivamente este proyecto no cumple", expresa el experto en materia de pensiones.
