A propósito de la reactivación del debate por la reforma de pensiones en la comisión de Trabajo del Senado, diversos expertos analizaron las modificaciones al proyecto que dio a conocer el Ejecutivo, con el fin de acelerar su proceso legislativo y así cumplir uno de los objetivos planteados por el presidente Sebastián Piñera al inicio de su Gobierno.
Desde La Moneda esperan que las indicaciones sean analizadas a partir de la próxima semana, luego de que dicha comisión aprobara en general el texto.
Si bien las posturas divergen en ciertos puntos, uno de los anuncios más destacados por los analistas tiene relación con la ampliación del Pilar Solidario, de un 60% a un 80% de los sectores más vulnerables, lo que permitiría "entregar protección social a 480 mil pensionados de clase media que hoy no cuentan con ningún apoyo del Estado y beneficiará a más de dos millones de pensionados del 80%", según lo expuesto por el Mandatario en cadena nacional.
David Bravo, economista de la Universidad Católica, quien además presidió la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, más conocida como Comisión Bravo, encargada de analizar y perfeccionar el sistema previsional chileno durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, valoró la medida. Es más, aseguró, fue una de las temáticas abordadas en dicha instancia, el año 2015.
"El pasar de un 60% a un 80% en la práctica significa caminar hacia un sistema en el que vamos a tener una cierta universalización del Pilar Solidario, y eso es un componente importante que, yo creo, está en relación a lo que debería ser el futuro sistema de pensiones de Chile, y que me pareció nuevo, puesto que no figuraba en el proyecto general y tampoco en lo acordado en la Cámara", afirmó Bravo.
Por su parte, Guillermo Larraín, ex superintendente de AFP durante el Gobierno de Ricardo Lagos, también expresó su aprobación respecto al cambio de estrategia, y declaró "me parece que eso es un acto de realismo, porque la pandemia ha demostrado que la vulnerabilidad de la clase media es bastante alta y que los instrumentos son muy imperfectos, entonces hay que ir bastante arriba para poder dar solución a las necesidades de las personas".
Según Bettina Horst, directora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, anuncios como "el aumento de la Pensión Básica Solidaria, para que ninguna persona tenga un monto de jubilación bajo la línea de la pobreza, la entrega de una pensión mínima para aquellos que han cotizado más de treinta años y la ampliación del Pilar Solidario a un sector más medio de la población son buenas noticias", pero hizo un alcance y afirmó que "en la medida que sea fiscalmente sostenible".
De hecho, eso último a juicio de
Salvador Valdés, experto en pensiones y académico del Instituto de Economía de la U. Católica constituye una traba importante a la hora de poner en práctica los cambios introducidos por el Ejecutivo. Si bien comentó a
EmolTV que el actuar del Gobierno constituye una "muestra de audacia y esfuerzo fiscal", el proyecto requiere de "
mucha plata en un momento difícil para las finanzas públicas y se traducen en un enorme esfuerzo para los contribuyentes".
En esa línea, explicó que "la pensión básica quedaría en un nivel que es mayor al salario mínimo, y en el mundo hay pocos países tan generosos en términos relativos a la remuneración mínima, pero ello implica un tremendo gasto fiscal y surgen dudas de si hay plata para pagarlo".
Punto al que también se refirió Larraín, quien expresó sus objeciones respecto a la sostenibilidad del plan presentado por el Presidente Sebastián Piñera, "todos sabemos que el país tiene una situación fiscal estrecha, por lo tanto, estos anuncios, sin que esté claramente establecido cuánto cuesta y de dónde saldrán los recursos, hacen sospechar que a lo mejor serán de corta duración o se comenzarán a achicar en algún minuto".
6% de cotización adicional
Uno de los aspectos que genera diferencias entre los analistas tiene relación con el destino del 6% de cotización extra, dado que el Gobierno ratificó su intención de que la normativa permanezca según lo establecido por la Cámara de Diputados, es decir, que un 3% vaya a capitalización individual y el otro 3% a ahorro colectivo, mientras desde la oposición persisten con su propósito de que todo vaya a un fondo común.
Desde la perspectiva de Claudia Sanhueza, directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor, la reforma debiese tener un enfoque de seguridad social, dirigido a aumentar las pensiones de hoy.
"Nosotros ya tenemos un 10% de cotización, osea el 100% de lo que cotizamos se va al ahorro individual, por lo que si se agrega un 3% adicional, este tendría efecto en treinta años más, y no responde a la urgencia mayor que tenemos hoy", sostuvo.
Y añadió: "Yo creo que habría que actuar con más decisión, y que toda la cotización adicional debiese ir más bien a aumentar las pensiones de trabajadores que ya cotizaron hace cuarenta años y que, básicamente, ya no van poder aumentar sus pensiones, las cuales son bajas".
"La pensión básica quedaría en un nivel que es mayor al salario mínimo, y en el mundo hay pocos países tan generosos en términos relativos a la remuneración mínima, pero ello implica un tremendo gasto fiscal y surgen dudas de si hay plata para pagarlo".
Salvador Valdés
Ámbito que también fue estudiado por
Valdés, defendiendo la postura de La Moneda de dividir el 6% de cotización adicional en ahorro individual y colectivo.
"En términos técnicos, que un 3% vaya a cuentas individuales se traduce en menos impuestos, porque queda a nombre de cada uno lo que cotizó. Por otro lado, ello implica que solamente un 3% sería de tributo, ya que eso se iría a un fondo general para dar subsidio, es decir, un 3% de gravamen al empleo formal", apuntó.
Sumado a esto, analizó las exigencias de la oposición, señalando que "la centroizquieda plantea que el 6% en su totalidad vaya a un fondo común, osea que todo sea tributo", y agregó "uno pensaría que ese sector político quiere gravar más a los dueños del capital, pero no, así gravan más a los trabajadores de clase media, cobrándoles un impuesto al empleo formal".
Finalmente, Horst también expresó sus reparos respecto a esta materia, y declaró "cuando queremos como sociedad ayudar aquellos sectores con una menor capacidad de ahorro, o que han tenido mayores lagunas previsionales, tiene que hacerse cargo de eso la sociedad en su conjunto y no solamente aquellos que hoy día tienen un contrato de trabajo y a partir del cual cotizan".
