Los ejemplos de los sistemas previsionales de Australia y Dinamarca, son los que el jefe de pensiones de la OCDE, Pablo Antolín, miraría para Chile en medio de una necesaria reforma de pensiones que el país discute hace años.
Esta semana, y después de 15 meses estancado, el proyecto ingresado por el Gobierno de Sebastián Piñera en 2018 vivió su primer avance en el Senado, instancia a la que llegó en enero de 2020 tras ser despachada por la Cámara de Diputados.
La comisión de Trabajo de la Cámara Alta culminó la tramitación de la iniciativa y ahora pasará a su debate en comisión de Hacienda, para luego ser revisada por la Sala y esperar a que su futuro sea zanjado en una comisión mixta, dado los cambios que se han establecido respecto a lo que aprobaron los diputados.
Consultado por Radio Concierto sobre los sistemas de qué países podrían funcionar como ejemplos para Chile en medio del debate, Antolín expuso que "hay que mirar países que tienen un sistema similar", en ese sentido, el economista español comentó que "Australia y Dinamarca tienen un sistema de cuentas individuales obligatorio, con un componente de Pilar Solidario".
Eso sí, aseguró que "yo me fijaría más en Dinamarca, que puede ser el objetivo a largo plazo y Australia el objetivo más a corto plazo. Pero esos son los dos países en los que yo me fijaría".
Con todo, ambos sistemas tienen un fuerte componente de aporte estatal, además de ya iniciar el camino para subir gradualmente la edad de jubilación, un tema que no está contemplado en la reforma que discute el Congreso en Chile y que ha sido calificado como necesario por los expertos. De hecho, la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, lo planteó hace algunos días en medio del debate por el tercer retiro desde los fondos de pensiones, ganándose las críticas de parte de senadores de oposición.
Australia
Dentro de los problemas que se han apuntado en el sistema chileno es la baja base de cotización: 10%, por ello el proyecto de reforma previsional busca subirla en seis puntos porcentuales, lo que es respaldado transversalmente por el mundo político, siendo el nudo la distribución de esa cotización extra: si es que se dividirá en ahorro individual y ahorro colectivo, o si en su totalidad irá a un fondo común.
Sin embargo, en Australia las personas cotizan 9,5% para su jubilación, y, aun así, para Antolín sigue siendo un sistema a seguir, ¿por qué? "Cuando introdujeron el sistema de cuentas individuales en Australia, hicieron un Pilar Solidario muy fuerte con un gasto público muy importante. Entonces, en Australia todo el mundo que no haya conseguido ahorrar un cierto nivel en sus cuentas individuales, el Estado paga la diferencia".
"La otra parte relevante es que el 10% obligatorio es para los empleadores. Los trabajadores pueden contribuir voluntariamente todo lo que quieran por encima del 10%, pero el 10% es obligatorio para el empleador, no para el trabajador", añadió.
En Australia existen tres tipos de aporte para la pensión: cargo a empleadores, ahorro particular y programa de pensión estatal
Así, al igual que en muchos países, los jubilados australianos pueden tener una pensión estatal y un plan de pensiones privado. Pero el elemento alabado internacionalmente es el "Superannuation", un sistema de contribuciones obligatorias de las empresas y los empleados a las pensiones, cuyo objetivo es que el Estado pague el menor dinero posible en pensiones.
La columna vertebral del sistema es la llamada "garantía de jubilación", la contribución obligatoria que el empleador hace a la cuenta individual de pensión del empleado. Desde 2014, la tasa de contribución obligatoria es del 9,5% de los ingresos ordinarios de los trabajadores. Esa tasa se mantendrá hasta este año e irá aumentando 0,5 puntos porcentuales al año hasta alcanzar el 12% en 2025.
En torno al 90% de los ciudadanos tiene sus ahorros en ese fondo, cuyo total general excede el PIB del país. Asimismo, a partir de 2005 los empleados pueden escoger los fondos de su jubilación, es decir, se invierten en activos, bonos, bienes raíces o en alternativas de capital privado.
Además, existe un "fondo de seguridad" que pone el Estado y que garantiza una pensión mínima a trabajadores con ingresos excepcionalmente bajos. Lo recibe cerca de la mitad de la población jubilada en Australia y su cuantía oscila entre el 28% del salario medio del país, si se recibe de manera individual, y el 41% si el receptor tiene cargas familiares.
La pensión estatal de Australia, también conocida como "pensión de edad", se paga a partir de los 66 años para hombres y mujeres -en Chile, la edad de jubilación de las mujeres es de 60 años y hombres 65-. Desde 2017 que en ese país la edad de jubilación aumenta en seis meses cada dos años, hasta alcanzar los 67 en 2023.
El exitoso caso danés
En 2012 Dinamarca recibió la calificación A por parte del prestigioso índice global de pensiones Melburne Mercer, transformándose en el primer sistema de pensiones en obtener esa evaluación, la cual ha mantenido hasta el presente.
Dinamarca fue uno de los primeros países del globo en adaptar un sistema de pensiones multipilar. El primero -según un informe confeccionado por la Biblioteca del Congreso Nacional- es obligatorio, tiene una cobertura universal y consta de dos niveles. El primer nivel es un esquema público basado en la residencia y con el cual se entrega una cantidad de dinero vinculado a los años de residencia del beneficiario, y el otro es una pensión suplementaria sujeta a los ingresos que obtuvo el jubilado en su edad activa.
Esta Pensión de Vejez Universal se financia a través del presupuesto general de la nación.
Además, la edad de jubilación en Dinamarca actualmente es de 65 años tanto para hombres como mujeres, pero aumentará a 67 años entre 2024 y 2027, de manera progresiva a razón de 6 meses por año. El monto básico de la pensión danesa es de cerca del 18% del ingreso promedio en ese país.
El segundo nivel del pilar obligatorio danés consta de un Fondo Suplementario de Pensiones del Mercado Laboral (ATP) que está destinado a todos los empleados entre 16 y 67 años, siempre que su jornada laboral exceda las 9 horas a la semana. Se financia a través de cotizaciones pagadas tanto por empleadores como empleados. "Lo que la persona paga es lo que obtiene", es la esencia del esquema de la ATP.
Las cotizaciones dependen de la cantidad de horas trabajadas y tiene los mismos requisitos de edad, es decir, la persona puede acceder al beneficio a los 65 años, y el monto de la pensión se incrementa en un 5% por cada año en caso de que la persona decida aplazar su jubilación, con tope hasta los 75 años.
El segundo pilar del sistema danés consiste en los denominados "esquemas ocupacionales", administrados de forma privada y totalmente financiados. Se acuerdan a través de negociaciones colectivas y tienen una cobertura que supera el 80% de la fuerza laboral. Las cotizaciones también son establecidas por convenios colectivos y oscilan entre el 10% y el 18% de los ingresos del trabajador.
Estos esquemas, también denominados AMP, son gestionados a través de una aseguradora o un fondo de pensiones transversales o sectoriales. La edad de jubilación es la misma que en el primer pilar: 65 años aumentando a 67, pero hay posibilidades de jubilarse a los 60.
Mientras que el tercer pilar en Dinamarca consiste en planes de pensiones complementarios voluntarios, administrados por bancos o compañías de seguros.
Volviendo a Chile
Antolín, el experto de la OCDE, también habló si es que Chile debiese avanzar hacia un Pensión Básica Universal, como lo ha planteado la Asociación de AFP. "Según nos dice el gobierno (chileno), y también información que tenemos de otras partes, la de Chile ya es una pensión universal", sostuvo, aludiendo al Pilar Solidario del país, considerando además que la reforma plantea subir la cobertura de ese pilar del 60% al 80% de la población más vulnerable en Chile.
"Es decir, con condicionalidad (de ingresos), todo el mundo en Chile tiene derecho a ella, la cuestión es si el monto es lo suficientemente alto o no", agregó.
Por otra parte, se refirió al debate respecto al destino de la cotización extra de 6%, y sostuvo que para la OCDE una pensión digna debiese cubrir alrededor del 70% del último salario del pensionado. "Ahí la cuestión es si se tiene que pagar con ahorros de otras personas ese 70% de alguien que no ha ahorrado lo suficiente. Nosotros pensamos que probablemente no, pero si el país considera que ese tipo de solidaridad o reparto es necesario, es necesario", dijo.
"Nosotros lo único que planteamos es que aumentar la contribución es importante, ahora, ¿cómo se distribuye esa contribución? Siempre y cuando se haga en forma de que los individuos que hacen el esfuerzo del ahorro sean los que se lleven los resultados de sus ahorros, vaya donde vaya, no tenemos ningún problema", acotó.
Para Guillermo Larraín, economista y ex superintendente de Pensiones, es "perfectamente factible y posible" que el sistema previsional chileno pueda tener un componente de "financiamiento estatal fuerte". El problema: ¿De dónde el Estado va a sacar esos recursos? Con el Pilar solidario se prometió que hacia 2016 el sistema tendría que haber tenido 1,1% del PIB en beneficios, y está en el 0,7%".
A su juicio, habría que buscar una fórmula de financiamiento "que no dependa de la buena voluntad de un ministro o de un Presidente para avanzar, porque aquí necesitamos que haya credibilidad, o sea que las pensiones que se prometan y la extensión de los beneficios que se prometa tienen que ser creíbles. Por eso es que yo he apoyado la idea de que (los recursos) se saquen del 6%, porque esa plata es una contribución cerrada, eso no va a las arcas fiscales".
Mientras que Alejandro Ferreiro, también ex superintendente de Pensiones, comentó que "si algo falló en las previsiones que teníamos por asesoramiento al sistema de AFP fue el alto nivel de informalidad y las altas lagunas previsionales que exhiben muchos cotizantes".
"Si nos tomamos en serio esa lección tenemos que entender que las pensiones contributivas, esto es las pensiones financiadas con las cotizaciones regulares de los trabajadores, no pueden ser una respuesta universal ni tan mayoritaria como antes pensábamos", añadió.
Por eso, para él, "la base del sistema debería ser un Pilar Solidario que garantizara una pensión digna con independencia de las trayectorias laborales de los chilenos y eso nos obliga a acercarnos a una suerte de Pensión Básica Universal que habrá que diseñarla con cuidado para que su existencia no genere incentivos adicionales a no cotizar".
"Tengo la impresión de que, si nos tomamos en serio la historia, miramos un poquito hacia adelante, con todas estas formas de trabajo más independientes con menos relación formal y estable con un empleador, tenemos que pensar en un sistema de pensiones en donde el peso relativo de una pensión básica financiada con impuestos sea mayor, sin descuidar los incentivos que deben mantenerse para el pilar contributivo siga existiendo", concluyó
