Luego de la derrota que sufrió el Gobierno en la Cámara de Diputados tras la aprobación del cuarto retiro del 10% de las AFP, otro proyecto en materia previsional que debió enfrentarse a un debate marcado por las controversias entre La Moneda y la oposición fue la ley corta de pensiones, que hoy inició su discusión en particular en la comisión de Trabajo.
Fue a partir de las 11 de la mañana que la instancia comenzó a analizar las diversas indicaciones al proyecto, y si bien lograron terminar con la votación de aquellas relacionadas con el sistema de pensiones como tal, aún restan las que apuntan a las
exenciones tributarias con las que sustenta la iniciativa.
Por lo mismo, los legisladores acordaron por unanimidad que están serán evaluadas este jueves.
Las indicaciones aprobadas
En medio de cruces y diferencias entre La Moneda y parlamentarios de oposición, la primera indicación validada fue aquella que busca reducir desde 65 a 60 años la edad mínima para que las mujeres puedan acceder a los beneficios del Pilar Solidario.
La propuesta fue aprobada por diez votos a favor y dos abstenciones, pese a la oposición del ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, quien argumentó que la medida afectará a las cotizantes mujeres debido a que no se hace cargo al impacto, por ejemplo, de las lagunas previsionales en su pensión final.
Asimismo, también se aprobó el reducir la edad mínima de jubilación para que las mujeres, a partir de los 59 años, puedan figurar como beneficiarias de la pensión básica solidaria de invalidez o al aporte previsional solidario de invalidez, de modo que el aporte se comience a pagar para este grupo una vez cumplidos los 60 años.
Otra indicación clave aprobado por la instancia fue una indicación presentada por el socialista Gastón Saavedra que busca aumentar la cobertura del Pilar Solidario desde el 60 al 85% más vulnerable de la población, es decir, un 5% superior al texto original propuesto por La Moneda, idea que fue respaldada por siete votos a favor, cinco en contra y sin abstenciones.
En cuanto a la propuesta impulsada por los diputados Gael Yeomans (CS) y Amaro Labra (PC), que permite que el fondo de cesantía solidario se haga cargo del seguro de lagunas previsionales para cubrir los periodos de cesantía de los afiliados- esto en lugar de echar mano inicialmente a los recursos de la cuenta individual del Seguro de Cesantía, como proponía el Gobierno - esta también fue aprobada por un estrecho margen de siete votos a favor y seis en contra.
Respecto a este punto, el ministro Melero rescató que "es inconveniente", dado que "el pensamiento del Gobierno es que la solidaridad va hacia quienes ganan menos, no a quienes ganan más". Esto dado que La Moneda defendía que, solo en los casos en que se acabaran esos recursos (de la cuenta individual), se podía recurrir al fondo solidario.
Uno de los puntos más álgidos de la sesión tuvo que ver con el ajuste que introdujo el PPD Tucapel Jiménez, con el objeto de que las
comisiones sobre las que tienen derechos las administradoras de fondos de pensiones sean calculadas sobre la base de la cotización mensual del 10% de la remuneración y rentas imponibles que establece la ley. Esto en lugar del sueldo bruto del cotizante, como ocurre hoy.
Cerca de cuarenta minutos se extendió la discusión en torno a este aspecto. que estuvo marcada por el llamado de parlamentarios oficialistas, especialmente de Frank Sauerbaum (RN) y Ramón Barros (UDI) a "no crear falsas expectativas" y no "desperfilar el proyecto que está presentado (…) no entorpezcamos ni demoremos los beneficios".
Así las cosas, la diputada Gael Yeomans (CS) solicitó poner fin al debate, y la indicación fue aprobada con siete votos a favor y cinco en contra.
En tanto, también se aprobó lo propuesto por el diputado Jiménez que dice relación con las "comisiones fantasma", la cual apunta a que la Superintendencia de Pensiones fije anualmente, "a través de una resolución debidamente fundada y que procure reflejar valores de mercado, las comisiones máximas a ser pagadas a las entidades extranjeras a la que la administradora encargue la administración de todo o parte de los recursos de los fondos de pensiones invertidos en títulos".
Posteriormente, los legisladores suscribieron dos indicaciones del DC Gabriel Silber, una que otorga mayor flexibilidad para que los afiliados mayores de 55 años puedan optar por cualquiera de los multifondos que existen.
Además de otra que impide a las administradoras contratar publicidad o actividades de lobby o gestión de intereses destinadas a influir en las decisiones administrativas o legislativas sobre su actividad o su regulación. Estas herramientas solo podrán ser utilizadas para la prestación de servicios relacionados con su giro.
Mientras que otro de los cambios polémicos visados en la sesión fue la propuesta del demócrata cristiano para que las administradoras compensen a los afiliados, con cargo al encaje,
cuando los multifondos anoten pérdidas de rentabilidad en un promedio de seis meses.
Ello pese a que desde la Superintendencia de Pensiones subrayaron que incorporar excesivas restricciones a los resultados positivos en un breve periodo de tiempo podría disminuir las capacidades frente a riesgos de las AFP, e incluso reducir los montos de las pensiones.
En ese sentido, el titular de la cartera de Trabajo subrayó que "una cosa es la rentabilidad negativa y otra es que la AFP se desalinea respecto de las gestiones de la industria".
Por otra parte, también se aprobó la indicación que introdujo el también presidente de la comisión de Trabajo para que las tablas de mortalidad no consideren una edad superior a los 85 años, lo cual fue criticado por el Gobierno.
De hecho, el ministro del Trabajo dijo que "el truncar las tablas de mortalidad en los 85 años, porque no hay más contenido que eso en la indicación, no se señala forma de financiamiento después de los 85 años, no se establece un seguro de longevidad, no se establece cómo compatibiliza con los distintos sistemas de pensiones, no dice cómo se compatibiliza con el Pilar Solidario".
"Entonces yo quiero dejar presente a la comisión que aprobar esta indicación en los términos que está, significa que las pensiones de los chilenos llegan hasta los 85 años, y de ahí en adelante, arréglenselas como se puede, porque no están ustedes planteando ningún sistema ni de financiamiento ni de tratamientos a esa materia", zanjó.
