Gravar el sobreconsumo de agua de las familias, es una idea que ronda por el Gobierno para hacer frente a la profunda sequía que afecta al país y que fue expresada hace algunos días por el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García.
Según dijo, no se trata de una "medida radical", sino más bien "progresiva que existe, por ejemplo, con el consumo eléctrico durante los periodos de invierno", aludiendo al denominado "límite de invierno".
Lo anterior, efectivamente es una medida que comenzó a regir en 2013 y que apunta a regular el aumento del consumo de electricidad que ocurre entre los meses de abril y septiembre. Así, cada vez que el consumo mensual en los hogares durante dichos meses sobre pase los 430 kWh, se aplica un cargo.
Y hacer algo similar con el sobreconsumo de hacia es algo que "estamos empezando a estudiar y tendrá que ser consensuado con todos los actores", afirmó García. Una iniciativa que, según los expertos, no es nueva en el panorama internacional y tendría "lógica" para ayudar a desincentivar el consumo hídrico, considerando las alertas de un posible racionamiento -sobre todo en la Región Metropolitana- manifestadas por las autoridades.
Para Reinalina Chavarri, Directora del Observatorio de Sostenibilidad de U. Chile, "gravar el consumo de agua excesivo es una medida que, dada la actual sequía, no debemos excluir".
No obstante, añadió, "debe existir criterio de progresividad, acceso mínimo garantizado para la vida humana y evitar en lo posible resistencia social a tales medidas. También es una excelente oportunidad revisar la concentración en los derechos de aguas que eviten desigualdades en su uso para futuros racionamientos".
Para Claudio Bustos, abogado tributario y socio fundador de Bustos Tax & Legal, "efectivamente el impuesto puede ser una herramienta eficaz, puesto que a nivel internacional muchas veces se ha utilizado como un mecanismo para incentivar o desincentivar el consumo de determinados productos".
"Es una medida que puede funcionar sobre todo en aquellos sectores medios", dijo. "En los sectores más altos probablemente es un tema de demanda más inelástica donde el impuesto no va a influir mucho, pero sí podría funcionar en los sectores medios, en la gran masa de la población", agregó.
Mientras que Patricio Gana, director de AK Contadores, apuntó que en Chile se paga "bastante menos" por agua potable versus otros países de la OCDE, lo que se empareja al comparar con los vecinos latinoamericanos. De todas formas, desde su punto de vista, "habría espacio para gravar quizás el sobreconsumo y esos impuestos que vayan, por ejemplo, en beneficio fiscal y no de la distribuidora de agua".
"Quizás también un precio más alto del agua nos haga ser más consciente en cómo usamos el recurso, así que en general, la tendencia apunta hacia allá y si las personas no logran entender que cuidar el planeta es importante, una forma de ir modelando ese comportamiento es a través de los impuestos".
Patricio Gana
"Quizás también un precio más alto del agua nos haga ser más consciente en cómo usamos el recurso, así que en general, la tendencia apunta hacia allá y si las personas no logran entender que cuidar el planeta es importante, una forma de ir modelando ese comportamiento es a través de los impuestos", subrayó.
Una visión algo más crítica fue la expuesta por Martín Besfamille, profesor Instituto de Economía UC. Si bien, afirmó, en principio la idea de implementar un impuesto para disminuir el consumo excesivo de agua "tiene su lógica", también "rápidamente aparecen cuestiones a mirar".
"Primero, ¿qué significa y/o cómo medir el 'consumo excesivo? Segundo, hoy existe un sobrecosto por sobreconsumo, cobrados por las empresas distribuidoras de agua. Por lo tanto, la pregunta que sigue es: ¿Por qué no se deja a las empresas ajustar esos sobrecostos? Mi impresión es que el Gobierno no quiere que las empresas se queden con esa recaudación extra", señaló.
"Esta discusión no puede desentenderse del marco regulatorio en la cual desarrollan sus actividades las empresas distribuidoras de agua: tarifas que pueden cobrar, incertidumbre frente a los cambios posibles en cuanto a la propiedad de sus derechos de aguas, etc.", añadió Besfamille.
¿Cómo implementarlo?
Según Víctor Fenner, socio adjunto de impuestos de EY, son varios los países de la Unión europea que contemplan "algún tipo de tributación sobre el tema del uso de agua", aunque "tanto la base como el concepto por el que aplican varía".
En esa línea, puso el ejemplo de Países Bajos, donde "existe un impuesto al agua en general, no solamente sobre el exceso, que pagan los distribuidores y que recargan a los usuarios: al determinarse según m3 consumido, opera como incentivo para utilizar menos. También existe un impuesto municipal al uso de aguas subterráneas".
"En definitiva, no es una idea nueva en el ámbito internacional", subrayó, agregando que, a su juicio, para su aplicación "se debería adoptar la fórmula de un impuesto directo de recargo".
Para Gana, de AK Contadores, para implementar este posible nuevo gravamen "lo más fácil sería hacerlo a través de la misma cuenta de cobro del agua".
"En el fondo, las empresas de suministro tendrían que hacerse cargo de recaudar el impuesto y de cobrarlo y declararlo y después pagárselo al fisco, esa sería la manera en que podría funcionar más simple, porque de otra medida pedirle a la gente que pague directamente ese impuesto sería mucho más complejo", afirmó.
Impacto en recaudación fiscal
Besmille, de la U. Católica, señaló que esta medida podría generar un "doble dividendo": atenuar el uso de agua y recaudar. "En el corto plazo, si algunos hogares llegaran a tener una demanda de agua inelástica (o sea, poco sensible a cambios en su precio), efectivamente se podría recaudar montos no despreciables al mismo tiempo que otros hogares disminuirían su consumo", acotó.
Sin embargo, añadió que "nuevamente esta lógica es demasiado simplista. Para empezar, en el largo plazo, pienso que esta recaudación se iría atenuando. Pero más importante aún, nada en economía es sencillo ni mágico (...). Un impuesto ambiental puede agravar más las distorsiones del sistema impositivo existente".
"El objetivo acá no sería la recaudación sino el desincentivo de una conducta, de suerte que lo importante no será cuánto se recauda sino si en los hechos personas y empresas hacen un esfuerzo para consumir menos agua. O, dicho de otro modo, si funciona bien como desincentivo, o más bien sería un costo adicional que los consumidores asumirían sin modificar su conducta".
Víctor Fenner
A juicio de Fenner, de EY, "
el objetivo acá no sería la recaudación sino el desincentivo de una conducta, de suerte que lo importante no será cuánto se recauda sino si en los hechos personas y empresas hacen un esfuerzo para consumir menos agua. O, dicho de otro modo, si funciona bien como desincentivo, o más bien sería un costo adicional que los consumidores asumirían sin modificar su conducta".
A su vez, el abogado tributarista y socio de Moraga & Cía, Álvaro Moraga, sostuvo que "acá no se trata de mayor recaudación fiscal" e indicó que "pretender que con un mayor costo el tema se soluciona, es igualmente miope que pretender que con impuestos más altos habrá mayor recaudación, ya que si no hay empresas que generen utilidades no habrá base para recaudar".
"Ya que estamos en una época de pactos tributarios, donde se habla de eliminar exenciones, sería la oportunidad de establecer algunas nuevas que incentiven a los privados a invertir fuertemente, por ejemplo, en embalses, en carreteras de agua, en intervención de acuíferos o en desalinización", concluyó.
