Revuelo desató en la industria energética la decisión de la sociedad compuesta por HIF Chile y Enel Green Power Chile de retirar del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto eólico Faro del Sur, obra clave para la producción de hidrógeno verde en el país.
La iniciativa, con una capacidad de 325 MW, contempla la instalación de 65 aerogeneradores en la Región de Magallanes y una inversión de US$500 millones, fundamental para la producción de combustible verde en la zona de Cabo Negro. Pero las empresas decidieron no perseverar en ella, acusando que "las observaciones de algunos organismos públicos en el proceso de evaluación sobrepasan el estándar habitual", y corresponden a
"exigencias excepcionales".
"Para avanzar, es necesario que las autoridades entreguen lineamientos claros a las empresas sobre las expectativas para el desarrollo regional, resguardando a las comunidades y al medio ambiente", aseguraron.
Según consta en el expediente de tramitación en el SEIA, la Seremi del Medio Ambiente criticó detalles como que no hay claridad respecto al tipo de aerogenerador a utilizar, lo que se define en etapas posteriores del proyecto.
También llamó la atención la solicitud respecto a dimensionar el impacto de la totalidad del proyecto, "considerando una matriz de aspectos ambientales de la suma de todas las áreas de influencia considerada para esta industria".
Otro servicio que presentó reparos fue el SAG, que solicitó complementar la información de línea base en lo referido a caracterizar rutas y tráfico de vuelo de las aves en el área del proyecto, durante los 12 meses del año, y objetivar la información referida a las alturas de vuelo para las distintas especies. En tanto, el Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes acogió la solicitud de desistimiento, detallando las supuestas carencias.
En concreto, la respuesta de las 25 entidades públicas convocadas a referirse pavimentaron la drástica decisión de las firmas. Y según trascendió, fue el 26 de setiembre pasado cuando la seremi de Medio Ambiente de Magallanes, Daniela Droguen, ingresó un oficio donde consideraba que el proyecto carecía "de información relevante y esencial para su evaluación, y que no puede ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones", como indica la resolución exenta que emitió la entidad.
En su pronunciamiento, Droguen sugirió "presentar el layout de la totalidad del proyecto considerando una matriz de aspectos ambientales de la suma de todas las áreas de influencia considerada para esta industria".
Según conocedores del proceso, la intención de la autoridad no es poner trabas a la inversión, sino elevar los estándares de protección al medio ambiente. No obstante, la situación ha generado preocupación por las señales que se dan a inversionistas interesados en el desarrollo de energía renovables en Chile, en particular la del hidrógeno verde, industria en la cual el país busca ser líder mundial, y precisamente la Región de Magallanes es apuntada como su principal cuna.
Mientras el Gobierno anunció que impulsará la
actualización de los lineamientos para la evaluación ambiental de proyectos de hidrógeno verde, el padre del Presidente Gabriel Boric,
Luis Boric, opinó, a través de una carta a El Mercurio, que "el Estado debe ayudar para que los proyectos de inversión se concreten y cumplan los estándares no solo ambientales, sino también los efectos territoriales".
Previamente, en Twitter, sostuvo que "me parecieron extrañas las exigencias" que la autoridad ambiental formuló al proyecto, postura que compartió el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, quien señaló a Emol: "comparto la opinión del papá del Presidente Boric".
Lo anterior sorprendió a la directora ejecutiva del SEIA, Valentina Durán, quien, en declaraciones a El Mercurio, cuestionó la "falta de autocrítica" de las compañías titulares del proyecto. "Hubiese esperado que dijera que iban a mejorar el proyecto y ver qué fue lo que faltó para ingresar de nuevo", manifestó, añadiendo que el proyecto "tiene la oportunidad de mejorar, de completar los estudios de línea de base, que según distintos servicios no estaban completos, e ingresar de nuevo".
"Cierta complejidad"
Así las cosas, las observaciones realizadas por la autoridad ambiental fueron analizadas por expertos consultados por Emol. Uno de ellos fue Pablo Badenier, ex ministro de Medio Ambiente del segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, quien aseguró que "no es buena noticia para nadie que los proyectos sean desistidos".
Tras ello, Badenier destacó tres pronunciamientos que, a su juicio, son "más complejos". "La Conadi, por ejemplo, pide caracterizar población indígena no organizada al interior del área de influencia. Eso creo que es un aspecto particular", apuntó.
Lo mismo concluyó respecto de las observaciones de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que no permite materializar una medida de compensación en un área silvestre protegida, en particular en un monumento natural, y del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), que solicitó reconfigurar las medidas de mitigación de reparación y de compensación por los impactos paisajísticos del proyecto.
"Veo en esos tres pronunciamientos, de servicios que son más técnicos, más específicos, cierta complejidad en el pronunciamiento, en el sentido de que no es solamente un detalle a corregir, o a complementar, sino que, básicamente, lo que el Servicio está diciendo es que no es posible establecer una medida de compensación tal como el titular la está diseñando", recalcó el ex secretario de Estado.
"Veo en esos tres pronunciamientos, de servicios que son más técnicos, más específicos, cierta complejidad en el pronunciamiento, en el sentido de que no es solamente un detalle a corregir, o a complementar"
Pablo Badenier, ex ministro de Medio Ambiente
, académico´de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, por su parte, manifestó que "efectivamente, considero que fue exigente -el SEA-, pero a la vez de ser exigente, que probablemente esté dentro de los marcos legales, creo que la postura y la forma en presentar esta revisión no ayuda al desarrollo".
"Creo que la actitud que tiene que tomar el Gobierno, y las entidades, es acompañar a las empresas y buscar soluciones, y no ser una piedra de tope", expresó, afirmando que "no necesariamente este proyecto no cumple ciertas normas como se menciona, sino que, básicamente faltó precisión en algunas ocasiones, o faltaron algunos estudios, que, inclusive, en buena sintonía podrían hasta consensuarse y avanzar en conjunto".
"Entonces, además de ser exigente, creo que no aportan al crecimiento de este tipo de proyectos u de otro tipo en el acompañamiento”, zanjó García.
No obstante, Alberto Vergara, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, enfocó su diagnóstico en cuestionamientos hacia las empresas, y expuso que "el proyecto presentado tiene muy mala línea base en todos sus ámbitos, aire, agua, suelo, biodiversidad. Y, sin duda, cualquier evaluación de impacto ambiental que no tenga una línea base sólida, cualquier cosa que se haya construido pobre eso, no tiene validez".
"Si es correcto lo que dice el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el peor error en el cual incurrió la empresa es que no realizó una línea base del sistema que permita validar correctamente la propuesta que tienen de proyecto", acotó.
