Freno de proyecto inmobiliario en Puertecillo: Abogados abordan implicancias del "histórico" fallo de la Suprema

Un fallo de la Corte Suprema prohibió la venta de terrenos del proyecto Punta Puertecillo, en la comuna de Litueche, Región de O’Higgins. Además aplicó una multa de $3.652 millones a la inmobiliaria del empresario Jorge Gálmez.

Sentencia que activó las alarmas entre los expertos, ya que según ellos esto marcara un precendete para el mercado inmobililiario, la banca, los financista y los consumidores.

La Suprema condicionó las ventas de terreno hasta contar con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) correspondiente. Esto luego de que vecinos del sector denunciaran esta falta ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Además, el fallo declara que Medio Ambiente deberá fiscalizar las construcciones de las parcelas ya vendidas.

El tribunal señaló que "ha constatado la existencia de antecedentes calificados que permiten desprender que el avance del proyecto configura, a lo menos, la inminencia de un perjuicio ambiental a la cuenca que conforman el humedal y el estero Topocalma". Asimismo, detalla que el área donde se emplazan las obras está constituida por una parte del predio denominado Hacienda Topocalma, sobre el cual recayó la RCA N° 165 de 2001, que sometió a evaluación ambiental, en ese sector, un proyecto de desarrollo inmobiliario y equipamiento turístico. Sin embargo, ese permiso luego caducó.

Matías Montoya, abogado de Barros & Errázuriz y asesor legal de Punta Puertecillo, manifestó a El Mercurio que "en relación con la reciente sentencia emitida por la Corte Suprema, respecto al proyecto Punta Puertecillo, nos encontramos estudiando los alcances de la misma con la finalidad de determinar los efectos sobre el proyecto".

Asimismo, abogados expertos en materias inmobiliarias, expusieron a al mismo medio algunos de los efectos que se podrían desatar tras el fallo.

Por su parte, Rodrigo Andreucci, profesor de derecho inmobiliario y socio del estudio jurídico Andreucci & Torrejón, calificó el fallo de la Suprema como "histórico para el sector" y afirmó que incluso su impacto será más relevante que el relacionado con los "guetos verticales".

Andreucci indicó que la prohibición de comercializar terrenos hasta la obtención de una RCA paralizará el flujo de ventas de la inmobiliaria por cuatro o cinco años, ya que se verá obligada a preparar y tramitar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

"Eso nunca había pasado", señaló. También destacó como "novedoso" que ordenó a la SMA fiscalizar a los compradores, quienes -dijo- podrían ser multados en UTA por la superintendencia. Agregó que estas medidas que impuso la Suprema serían solicitadas en adelante por las organizaciones que se opongan a planes semejantes. A la vez, sostuvo que "esto para los bancos y entidades financieras es una tremenda alerta, pues van a tener que considerar esto".

En esa misma línea, el abogado Diego Pereira, socio del estudio Kandora y Cía., afirmó en El Mercurio que "la Corte Suprema marca un precedente fundamental con esta multa, disponiendo medidas precautorias, prohibiendo la venta de terrenos parcelados".

Pereira estimó que es "casi imposible" que el proyecto logre aprobar una RCA y que quienes ya compraron terrenos podrían quedarse con un sitio que "no será usado para los fines que lo adquirieron. Se van a ver profundamente afectados y no descartaría demandas colectivas".

El experto enfatizó que "esto marcará un precedente para el mercado inmobiliario, bancario y para los consumidores, quienes cuando compren una propiedad, en verde o blanco, deben estar atentos y pedir los permisos correspondientes".

Revisa aquí el fallo: