Fueron más de tres horas de reunión el viernes, las que terminaron con humo blanco. Es que el Gobierno -representado por los Ministerios de Hacienda y Trabajo- y los gremios que componen la Mesa del Sector Público (MSP) lograron sellar -sin mayores problemas para negociaciones que suelen ser complejas- un acuerdo para una cifra de reajuste salarial que regirá por el periodo de diciembre de 2022 a noviembre de 2023.
En detalle, se estipuló que a contar del 1 de diciembre de 2022 los trabajadores con ingresos iguales o menores a $2,2 millones brutos mensuales tendrán un reajuste en sus remuneraciones de un 12%, y aunque está en línea con la inflación esperada para este año, se trata de un ajuste relevante y hay quienes han advertido esto podría implicar efectos inflacionarios.
Por otra parte, para los funcionarios con salarios brutos sobre $2,2 millones brutos, habrá un incremento fijo de $264 mil mensuales.
Este acuerdo se traducirá en un proyecto de ley que será ingresado al Congreso el próximo 12 de diciembre.
Así, previo a ello, se vislumbran opiniones dividas entre los parlamentarios. Mientras desde el oficialismo apuntan a una tramitación rápida y valoran la negociación del Gobierno con la MSP, desde la oposición plantean estudiar el proyecto con calma, analizar las informe financiero en detalle y escuchar con atención los argumentos que planteará el Ministerio de Hacienda.
El presidente de la comsión de Hacienda del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), indicó que "estamos viendo un cambio en la forma de calcular el reajuste sobre la inflación. Antes se hacía con el dato de inflación futura y ahora pareciera que se cambia la regla hacia la inflación pasada. Hay que ver si eso va a ser una constante o qué fórmula se está buscando, porque siempre se había planteado hacia la inflación esperada".
Asimismo, afirmó que "hay que ver el impacto financiero, sobre todo porque el Gobierno ha llamado a ser muy cuidadoso en esa materia. Además, el impacto que puede tener el mundo privado, que usa los reajuste como referencia. Estos tres elementos nos llaman la atención y lo veremos durante la discusión".
Por su parte, el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Jaime Naranjo (PS), señaló que "no creo que haya mayores inconvenientes en su tramitación ya que es fruto de un acuerdo con las organizaciones de los empleados públicos. Así que veo el trámite expedito".
En esa línea, aseguró que "me parece una excelente negociación ya que va a permitir la recuperación del poder adquisitivo de estos trabajadores públicos", además dudó que el reajuste tenga impactos inflacionarios porque es acotado el número de trabajadores y de acuerdo a las autoridades de Hacienda está incorporado en el presupuesto del año 2023.Lo que sí, es una señal para los reajustes de los trabajadores del sector privado que no puede ser ignorada".
Asimismo, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), sostuvo que "es una propuesta que deberemos analizar los próximos días". De todas formas, valoró el acuerdo logrado entre Gobierno y trabajadores y espera que su discusión en el Parlamento "no distraiga el trabajo en otros temas como el previsional o el tributario".
En tanto, el diputado Jaime Saez (RD) destacó el proceso "limpio y dialogado, onde lo ofrecido por el Gobierno está bastante alineado con los distintos gremios", además de estar acorde con "las presiones inflacionarias que revisten al país por lo tanto lo implicaría ningún riesgo para nuestra economía. Espero que la tramitación sea bastantes expedita tanto en la Cámara como en el Senado".
Mientras que el diputado Frank Sauerbaum (RN) afirmó que "es un reajuste bastante generoso al parecer, vamos a tener que estudiar bien la cifra para conocer cuántos recursos efectivamente van a llegar a la economía, cuánto va a aumentar la liquidez y cuánto va a aumentar el proceso inflacionario que estamos viviendo".
"Estamos viendo un cambio en la forma de calcular el reajuste sobre la inflación. Antes se hacía con el dato de inflación futura y ahora pareciera que se cambia la regla hacia la inflación pasada. Hay que ver si eso va a ser una constante o qué fórmula se está buscando, porque siempre se había planteado hacia la inflación esperada".
Juan Antonio Coloma
"Nosotros creemos que el Gobierno tiene que dar una buena argumentación y explicación en la comisión Hacienda para llegar a este nivel de ajuste", recalcó. "Va a tener que explicar por qué se hace un reajuste en base a la inflación de este año que es del 12% y no respecto de la proyectada para el 2023 que es menos de la mitad".
También manifestó que "el 12% compensa totalmente la inflación pasada a los funcionarios públicos, pero en el sector privado los salarios están cayendo 2,5% real, claramente es poco equitativo".
A su vez, el diputado por el partido Republicano, Agustín Romero, indicó "esperamos que la propuesta del Ejecutivo venga con ciertos compromisos de los funcionarios públicos como es una mejor atención a la ciudadanía, rápida tramitación de solicitudes y actos administrativos correspondientes, etc. Si existen este tipo de compromisos del sector público, veo una rápida tramitación".
La diputada Gael Yeomans (CS), por su parte, recordó que "el Estado es el mayor empleador en muchas zonas aisladas, rurales y extremas, por tanto, es importante para estas localidades mantener el poder de compra para la vitalidad de estas comunidades".
Visión de expertos
En la antesala de la discusión parlamentaria, economistas han puesto sobre la mesa las principales implicancias que traería el proyecto.
Juan Nagel, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Los Andes, dijo que "el problema con la propuesta del gobierno es que no viene acompañada de suficientes incentivos a mejorar la productividad laboral de los empleados público".
Por su parte, Jeanne Lafortune, académica del Instituto de Economía UC sostuvo que "a nivel de la economía si los salarios de los empleados públicos aumentan, como son una parte relevante de la fuerza laboral, puede generar presión inflacionaria como todos los aumentos de sueldo de los trabajadores".
"Ahora, también para la parte más normativa de comprender si se debiese o no hacer este aumento, hay que reconocer que justamente los trabajadores del sector público, como del sector privado, han visto su poder de compra bajar a causa de la inflación. Entonces un aumento en parte se compensaría por la subida en la inflación!, agregó.
Rodrigo Saens, académico de la facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, indicó que "con el reajuste del 12% el Gobierno intenta reponer el poder adquisitivo que han perdido todas las remuneraciones. El problema es, sin embargo, la inercia inflacionaria que se genera con este reajuste en base a inflación pasada. Es decir, el mismo reajuste de remuneraciones puede terminar generando más inflación en 2023. Esto le hace más difícil la pega al Banco Central".
"Si el gobierno realmente quiere ayudar a disminuir la inflación, el reajuste en las remuneraciones del sector público debería estar más cercano a la cifra de inflación esperada para 2023, de un 6% anual", añadió.
Por otra parte, Felipe Berger, economista docente de la Universidad del Desarrollo, sostuvo que "el reajuste que se está negociando va en concordancia con el aumento del costo de vida esperado para este año, si uno lo mira en términos reales el reajuste va a ser 0% (…) en el caso de que este reajuste no sea aprobado por el Congreso, el gran riesgo es que haya un paro generalizado de trabajadores públicos con las consecuencias que ello pueda tener para los usuarios".
