A días de que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) definiera a través de una carta su posición en torno al debate tributario, descartando tajantemente la idea de elevar la carga impositiva y establecer nuevos gravámenes -como planteaba la reforma del Gobierno rechazada en marzo-, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, decidió responder por la misma vía al gran empresariado.
Como primer punto, el titular de Teatinos 120 valoró la disposición de la CPC a participar en los diálogos conducentes al denominado pacto fiscal. "El Ministerio de Hacienda valora todas las proposiciones e iniciativas que contribuyan a elevar el crecimiento y el buen uso de los recursos públicos, como ha quedado demostrado, por ejemplo, en la agenda de productividad que elaboramos conjuntamente y que se encuentra actualmente en ejecución", señala la carta enviada al timonel de la CPC, Ricardo Mewes.
Con todo, si bien el secretario de Estado menciona que el aporte de estas materias puede ser relevante, plantea que cuando se trata de integrarlas a un pacto que busca movilizar recursos para el financiamiento de gastos prioritarios que demandan volúmenes importante de recursos, "se debe dimensionar con realismo su impacto potencial sobre el espacio fiscal".
"En nuestra opinión, el potencial de generación de mayores ingresos fiscales a través del crecimiento y ganancias de eficiencia no es suficiente para financiar dichos gastos en las magnitudes y plazos requeridos, lo que hace necesario que se complementen con una reforma tributaria, cuya magnitud y contenido debería resultar del mismo proceso de diálogo en torno al pacto fiscal. En tal sentido, lamentamos la negativa de la CPC a discutir estas materias", enfatizó.
Junto con ello, señala que la cartera hará un ejercicio técnico e independiente que "permita identificar, a partir del análisis comparado de experiencias internacionales y locales, su potencial efectivo de generación de recursos fiscales".
Las cifras sobre la mesa
Desde que las conversaciones por el pacto fiscal se tomaron la agenda económica, el debate sobre los efectos de eventuales alzas de impuestos sobre el crecimiento económico y la recaudación tributaria se ha instalado entre expertos, incluyendo al propio Marcel.
A mediados de junio, en el marco de un seminario organizado por el BID y la Universidad Adolfo Ibáñez, el jefe de la billetera fiscal llamó a no hacer "política de ficción" argumentando que para financiar con mayor crecimiento el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la reducción de listas de espera o la sala cuna universal, el país debería crecer un 12% adicional.
"Si uno cree que el crecimiento tiene que financiar el gasto fiscal, pensemos que un crecimiento del 1% reporta mayores ingresos fiscales del orden de US$600 millones. Entonces para poder llegar a financiar el aumento de la PGU, la reducción de lista de espera en los hospitales, la sala cuna universal,
todo lo cual suma 2,5 puntos del PIB, tendríamos que crecer 12% más por año para poder llegar a esas cifras. Cifra que obviamente no es alcanzable", explicó Marcel, negando la idea de que solo con mayor crecimiento se pueda financiar el gasto fiscal.
"No hagamos política ficción, ni ficción fiscal y seamos realistas en cuál es el mix que es verdaderamente alcanzable en materia de financiamiento fiscal", instó la autoridad.
Respecto de esta postura, el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, cuestionó que el crecimiento económico no esté presente en las prioridades de la actual administración. "Estamos estancados, y no vemos grandes espacios de recuperación. El crecimiento potencial hoy día está en torno al 2%. Si la población crece cerca del 1%, nos queda un crecimiento para el ingreso por habitante de apenas 1% anual. Con eso no llegamos a ninguna parte" señaló en conversación con El Mercurio.
De acuerdo al director de Clapes UC, "es un error" restar importancia al efecto del crecimiento sobre las arcas fiscales. Según sus cálculos, "un país que crece un punto más que el otro por cuatro años, o sea un período de gobierno, recauda US$8.000 millones más. Estamos hablando de una cantidad muy importante de recursos, y no se puede por ningún motivo minimizar".
Y pese a que reconoció que el crecimiento económico "no lo es todo", sugirió combinarlo con una mejora en el uso de recursos públicos, en el marco del pacto fiscal que se discute. "Tomando la mitad de los programas mal evaluados, que tienen un costo del orden de US$2.400 millones, más el proyecto sobre compras públicas que está en el Congreso, tenemos 0,7 puntos adicionales de forma permanente", aseguró.
Por otro lado, un estudio publicado a mediados de junio por la Universidad San Sebastián (USS), y elaborado por la economista Michèle Labbé, postuló que, en caso de desistir de la reforma impositiva que en un principio planteaba, La Moneda terminaría allegando recursos para el sector público, en el mediano plazo.
El informe compara la expansión que tenía el Producto Interno Bruto (PIB) chileno antes de la reforma tributaria del año 2014 -bajo el segundo mandato de la ex Presidenta Michelle Bachelet- con la situación actual, y además, calcula los impactos de la iniciativa que fue rechaza por la Cámara de Diputados y Diputadas sobre el dinamismo de la economía.
"En nuestra opinión, el potencial de generación de mayores ingresos fiscales a través del crecimiento y ganancias de eficiencia no es suficiente para financiar dichos gastos en las magnitudes y plazos requeridos, lo que hace necesario que se complementen con una reforma tributaria, cuya magnitud y contenido debería resultar del mismo proceso de diálogo en torno al pacto fiscal"
Mario Marcel, ministro de Hacienda
En resumen, el análisis concluye que la economía chilena pudo crecer 2,2% más cada año sin la reforma encabezada por el entonces ministro de Hacienda, Alberto Arenas, y acumular recursos adicionales por US$6.800 millones. Sumando que, con el proyecto presentado por el Ejecutivo, se estima que la capacidad de crecimiento podría disminuir en un 1% anual, atribuyendo los efectos negativos de la iniciativa impositiva al aumento en la tasa del tributo corporativo -de 20% a 22,5%-, y a la desintegración del sistema.
La propuesta de Labbé es, en cambio, integrar el sistema y rebajar el impuesto a las empresas al 20% que tenía en 2013. Así, calcula que la economía chilena podría crecer 2,2% más por año. En este escenario, la recaudación fiscal alcanzaría los US$89.000 millones en 2027, por encima de los US$83.000 millones que se estiman con la reforma del Ejecutivo.
Hacia fines de 2022, incluso antes de que se rechazara la reforma tributaria y que comenzara la discusión por el pacto fiscal, el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Manuel Agosin, expuso en una columna publicada por La Tercera que "hasta ahora, ningún gobierno ha logrado recaudar 4% del PIB con una reforma tributaria. El primer gobierno de la Presidenta Bachelet se propuso recaudar 3% y se quedó corto. Cierto, la reforma que salió del Congreso se parecía a un camello en lugar del caballo que ingresó. Uno de los problemas fue su complejidad. En todo caso, los cálculos que se han hecho estiman que el aumento de la recaudación fue de menos del 2% del PIB".
"Es probable que la mucho más ambiciosa propuesta del Presidente Boric recaude bastante menos del 4% del PIB. Con un Congreso en el cual no tiene mayoría, el gobierno tendrá que negociar, lo que implica que se deberá contentar con una reforma bastante más modesta", añadió, subrayando que "la mejor forma de recaudar es crecer. Si Chile creciera al 4% por año en los próximos 10 años (lo hizo a 3,7% entre 1998 y 2019), la recaudación tributaria crecería en 54%, más de lo que entregaría cualquier reforma tributaria".
Al mismo tiempo, Agosin indicó que "podríamos ir corrigiendo los defectos de nuestro sistema tributario en forma gradual y sin mega reformas que tienen una baja probabilidad de ser aprobadas por el Congreso. Claro, se requeriría otras políticas de nuestros gobernantes, destinadas a estimular el crecimiento y, también, mucha paciencia".
