Este fin de semana -y a través de una carta a El Mercurio- un padre denunció que su hijo fue secuestrado por un chofer de Uber tras salir de un centro de Eventos en Ciudad Empresarial.
"¿Cómo se explica que un delincuente sea conductor habilitado por Uber?", se preguntó el denunciate en la misiva.
Tras la denuncia, la compañía salió a dar su versión. En ella explicaron que "la información recopilada durante el proceso de investigación hasta ahora indica que el usuario no habría abordado el vehículo con el conductor confirmado por la plataforma en el día y hora señalados".
Con todo, las dudas persistieron. Y -con la situación aún no aclarada del todo- son varios quienes comenzaron a preguntarse si este tipo de eventualidades son recogidas en las regulaciones que pronto comenzarán a operar para las aplicaciones de este tipo. Esto, con el objetivo de que situaciones como esta no se vuelvan a repetir.
En ese sentido, parlamentarios de la comisión de Transporte creen que, efectivamente, la ley Uber mejorará la seguridad de los usuarios. El Ministerio del Trabajo debe ingresar el reglamento de la normativa a Contraloría antes del 19 de enero de 2024, para luego entrar en vigencia.
"Nosotros despachamos la ley de Uber, que modifica muchos de los requisitos para poder acceder a esta aplicación por parte de los choféres. Y estamos a la espera de que el ministerio de Transporte dicte lo antes posible el reglamento que lo regula", señala el diputado Juan Antonio Coloma (UDI).
En relación al caso puntual, el parlamentario detalló que "durante abril de este año nosotros modificamos la ley de secuestro, que es lo que ocurre en este caso, modificando el sistema de sanciones para los secuestradores, y aumentando las penas".
"Por lo tanto, una vez que se comprueben los hechos y se juzguen se van a regir bajo la nueva ley en materia de secuestros, cosa que es una buena noticia", indicó.
Carlos Bianchi (Ind), en tanto, sostuvo -en relación a la ley Uber- que "este proyecto mejora la seguridad de pasajeros, debido a que obliga cada 6 meses a entregar certificado de antecedentes. Además de disponer de la información de quien conduce".
En ese sentido, subrayó que "a mi parecer, quedó mucho mejor resguardada la seguridad de los pasajeros comparado con lo que hoy existe, ya que la plataforma se obliga a tener mayores resguardos para la selección de los conductores".
Una opinión similar es la que tiene el Senador Juan Luis Castro (PS), también integrante de la comisión de Transporte.
A su juicio, "con la nueva legislación queda absolutamente mejor resguardada (la seguridad de los usuarios) porque el nivel de exigencia a los conductores es muchísimo más alto, partiendo por el tipo de licencia de conducir y por los antecedentes y los registros oficiales".
Así, agregó que "hechos como este no debieran volver a ocurrir en un registro oficial con nueva normativa y con hartos estándares, bajo la nueva ley".
Críticas a la ley
La nueva regulación -que entrará en vigencia a más tardar en enero- ha recibido críticas por parte de las aplicaciones de transporte. Y es que estudio de la Universidad Diego Portales determinó que unos 100 mil conductores de aplicación podrían quedar fuera de las calles.
Es por esto que la semana pasada Alianza In, gremio que agrupa a empresas de Apps advirtió que la nromativa podría impactar fuertemente a las regiones -por contar con un parque vehícular más antiguo- y que también podría tener un efecto negativo sobre el transporte público.
La nueva normativa exigiría a los conductores contar con licencia profesional y usar automóviles con motores de mínimo 1.4 y con un máximo de siete años de antigüedad. Además, seis meses después de que se promulge el reglamento, el registro creado con los choféres inscritos quedará congelado por 18 meses.
Además, los conductores deberán actualizar cada seis meses su certificado de antecedentes, solo se podrá usar vehículos cuyos dueños sean personas naturales y las empresas tendrán que contar con un medio de reporte de urgencia a disposición del usuario.
