"Aquí no hay ninguna polémica, esa compra no está visada". Enfática fue esta mañana la ministra del Interior, Carolina Tohá, mostrando una subida en el tono del Gobierno ante la millonaria compra que pretende concretar la Corporación Administrativa del Poder Judicial para la renovación de vehículos que utilizan los ministros de la Corte Suprema y el fiscal judicial.
Son 22 los vehículos marca Lexus que serían adquiridos por un monto que supera los $1.200 millones. Una compra que pasó de ser un costoso trámite administrativo a una dura controversia que mantiene en el centro a los titulares del máximo tribunal y ha provocado un choque de versiones entre la Suprema y el Ejecutivo.
Ayer, la
Dirección de Presupuestos (Dipres) salió al paso y aseguró que el Presupuesto 2024 aprobado por el Congreso no incluye recursos asignados para la adquisición ni renovación de vehículos para el Poder Judicial. "
Si bien se solicitaron recursos para aquello, estos no fueron incluidos en la propuesta enviada al Congreso", señaló la entidad.
"El Ministerio de Hacienda no ha realizado ninguna modificación presupuestaria al respecto", añadió.
En tanto, el ministro de Justicia (s), Jaime Gajardo, comentó que "en términos presupuestarios, no existe formulación presupuestaria para ese ítem, sin embargo, el Poder Judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto. Si ellos consideran que tienen los recursos disponibles, eventualmente podrían realizar esa compra".
"En términos presupuestarios, no existe formulación presupuestaria para ese ítem, sin embargo, el Poder Judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto. Si ellos consideran que tienen los recursos disponibles, eventualmente podrían realizar esa compra"
Jaime Gajardo, ministro de Justicia (s)
"Lo importante acá, es que desde la formulación presupuestaria no se ha dado autorización para que se gaste en ese ítem en particular, y es el Poder Judicial el que tiene que responder respecto a la ejecución misma del presupuesto", añadió, subrayando, de todas formas, que "hay instrucciones de austeridad" por parte del Ejecutivo al respecto.
Efectivamente, según el artículo 12 de la Ley de Presupuestos de 2024, el Poder Judicial -así como el Congreso, el Ministerio Público y la Contraloría- está eximido de contar con una autorización de la Dipres para la compra de vehículos motorizados. Pero eso no siempre ha sido así.
Según ex autoridades de Hacienda, la Ley de Presupuestos de 2021 "no eximía a nadie" de tener que pedir autorización a Hacienda para comprar automóviles.
"Los órganos y servicios públicos del Gobierno Central incluidos en esta ley, las empresas del Estado y de aquellos en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, necesitarán autorización del Ministerio de Hacienda para adquirir a cualquier título, tomar en arrendamiento o convenir que les sean proporcionados, mediante cualquier tipo de contrato, toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros", señalaba el artículo 12 de la normativa en 2021.
Lo anterior, según las mismas fuentes, impidió que se autorizara una compra de 100 vehículos nuevos por parte del Poder Judicial mientras el país enfrentaba la pandemia de covid-19.
Algo que, de hecho, abordó el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en entrevista con La Tercera. "Llegó una solicitud del Poder Judicial para renovar 100 autos de lujo. Con la deferencia del caso, llamé al presidente de la Corte Suprema y gentilmente le señalé que, por razones obvias, no accederíamos a esa solicitud. Supongo que no le gustó mi llamado", dijo.
Sin embargo, en la Ley de Presupuesto de 2022 aquello cambió y esa modificación se ha mantenido en los erarios de 2023 y 2024.
"Los órganos y servicios públicos regidos presupuestariamente por el decreto ley Nº 1.263, de 1975, con exclusión del Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, necesitarán autorización previa de la Dirección de Presupuestos para adquirir a cualquier título, tomar en arrendamiento o convenir que les sean proporcionados, mediante cualquier tipo de contrato, toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y/o de carga", señala el artículo 12 de la Ley de Presupuestos de dichos años.
Así, fue en la Ley de Presupuestos de 2022, que se tramitó en 2021 bajo la administración de Sebastián Piñera y con Rodrigo Cerda a la cabeza de Hacienda y Cristina Torres como directora de Presupuestos, que se excluyó al Poder Judicial de la obligatoriedad de tener autorización de Hacienda para destinar recursos a la compra de autos.
"Una vez que le asignaste los fondos en el presupuesto y eliminaste la restricción que antes existía para que debieran pedir autorización para compra autos, entonces pasa lo que pasa", comentó una alta autoridad económica de la época.
"¿Con qué argumento después el ministro de Hacienda le va a negar la compra a otro servicio porque se tiene que regir por otras normas? ¿Por qué? ¿Por qué el Poder Judicial tiene unas determinadas normas de austeridad y el resto del servicio o el gobierno central tiene otras?"
Matías Acevedo, ex Dipres
Por su parte, Matías Acevedo, ex director de Presupuestos y quien antecedió en el cargo a Torres, sostuvo a Emol que "yo lo que sé es que nosotros en 2021 teníamos dentro de los requisitos, en el artículo 12, que el Poder Judicial sí tenía que pedir autorización a la Dirección de Presupuestos para comprar sus autos, más allá de que tuviera el presupuesto disponible".
"Hoy día, con la reglas actuales, si el Poder Judicial tuviera esos recursos, como ellos dicen -por montos que no se ejecutaron en 2023-, no tienen que rendirle cuentas a nadie ni pedirle permiso a nadie para hacerlo", subrayó.
Por lo mismo, consideró un "acierto" que la Ley de Presupuestos de 2021 no eximiera al Poder Judicial de aquello.
Asimismo, remarcó que "dado que tomaron esta decisión -de modificar el artículo 12-, hoy día podrían ir a comprar los vehículos a $50 millones, sin exigirle ninguna autorización a Hacienda, y eso, obviamente, es una irresponsabilidad en el Poder Judicial y genera una tremenda desigualdad respecto a todo el resto de los servicios".
¿Con qué argumento después el ministro de Hacienda le va a negar la compra a otro servicio porque se tiene que regir por otras normas? ¿Por qué? ¿Por qué el Poder Judicial tiene unas determinadas normas de austeridad y el resto del servicio o el gobierno central tiene otras?", cuestionío.
Emol también consultó a Cristina Torres al respecto, quien lideraba la Dipres cuando se tramité la Ley de Presupuestos de 2022, y dijo que efectivamente la norma fue modificada. "Pero eso es una arista", manifestó.
"Igualmente (el Poder Judicial) debe pedir autorización para modificar el presupuestos con esos fines (de comprar automóviles). Una cosa es la autorización de compra y otra es la modificación de presupuesto para el uso de esos recursos", aseguró.
