Los representantes de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Banco Central (BC) fueron los únicos miembros de la Comisión Antidistorsiones que rechazaron el alza en las sobretasas para el acero chino, que se terminó aprobando con los votos favorables de los demás miembros, todos integrantes del Ejecutivo.
Así, se elevaron las sobretasas hasta 24,9% para las barras de acero y 33,5% para bolas de molienda, lo que llevó a la siderúrgica Huachipato a revertir la decisión de cerrar su planta, algo que desde el Gobierno celebraron.
Sin embargo, la decisión de ambas instituciones autónomas llamó la atención. Y es que el voto en contra vino precisamente de aquellas instituciones que son independientes. Es por esto que desde distintos frentes asomó una pregunta ¿Fue la decisión de la Comisión Antidistorsiones meramente técnica?
Los argumentos del BC y la FNE
El acta de la última sesión de la Comisión Antidistorsiones -en la cual se accedió a la petición de la siderúrgica Huachipato de elevar el monto de los derechos antidumping- revela que los representantes del Banco Central y la Fiscalía Nacional Economíca se opusieron a establecer sobretasas a las barras y bolas de acero provenientes desde China.
Esto, por "no contener nuevos antecedentes que hagan variar lo resuelto por el voto de minoría" de la sesión anterior, en la cual se aplicaron sobretasas diferenciadas por productor.
Pero, además, desde ambas instituciones estuvieron a favor de acoger los recursos de reposición interpuestos por Magotteaux, BaowuZhongnan y CISA, en cuanto a recomendar no aplicar, por ahora, "ningún tipo de derecho antidumping provisional".
El argumento para sostener esto último fue que "en la reconstrucción del valor normal para el cálculo del margen de dumping no se debe prescindir sin más de los registros contables de las empresas productoras del producto investigado".
Además, recalcaron que "no existen antecedentes suficientes que permitan determinar preliminarmente que el daño o amenaza de daño grave a la rama de producción nacional sea causado por el supuesto dumping en los precios de las importaciones del producto investigado".
¿Decisión técnica?
La votación en la Comisión Antidistorsiones abrió un debate en relación a qué tan técnica fue la decisión de aplicar sobretasas. Esto, considerando los costos políticos que podría tener el cierre de Huachipato y el hecho de que el Presidente Boric se reunirá con el sindicato de la siderúrgica este martes.
El ex embajador de Chile ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) Alejandro Jara afirma a El Mercurio que es "bastante sintomático que los representantes del Ejecutivo voten todos en línea, y que los representantes del Banco Central (y la FNE), que son independientes, voten en contra. Me indica que ellos (BC y FNE) tienen una visión de que los antecedentes que existen no permiten probar la existencia del dumpíng, la existencia del perjuicio, o que el dumping esté causando el perjuicio".
Para Carlos Smith, docente investigador del CIES UDD, "la decisión no fue meramente técnica, sino que también hay un tema social, un tema político. Esto, considerando que la mayoría la tienen representantes del Ejecutivo".
En esa línea, agrega que "es complejo desde el punto de vista del Estado, porque dejar a 20 mil personas sin empleo es difícil. Es difícil tomar una decisión de ese tipo".
Luis llanos, profesor de Ingeniería Industrial de U. de Chile, en tanto, recalca que "las investigaciones empíricas de los factores que motivan el uso de medidas anti dumping muestran que su principal objetivo es brindar protección a grupos de interés".
En esa línea, recalca que "en la OMC existen requisitos previos estrictos para aprobar el dumping predatorio que es muy difícil de evidenciar que se cumple. Por tanto, la justificación económica de las medidas anti dumping está mucho más allá que evitar el dumping predatorio, como indicaría la teoría. Esto ha llevado al mal uso de la herramienta con fines de protección. Las presiones comerciales y de grupos de interés, la creación de capacidades de represalia y las presiones macroeconómicas influyen en la adopción de iniciativas anti dumping a nivel mundial".
Llanos subraya, en ese sentido, que "el caso de Huachipato no escapa a este contexto. La decisión de imponer medidas de protección es, al final, fundamentalmente política. La existencia de dumping en una industria tan madura como el acero es muy improbable".
Michele Labbe, académica facultad de economía y gobierno USS, en tanto, señala que "llama la atención que, sin haber información nueva que haga variar la decisión, se haya incrementado el monto. Por tanto, al menos existe la sospecha de que esto es una decisión que no fue técnica".
La preocupación en otras industrias
Chile no es el primer país que impone sobretasas al acero chino. Y es que alrededor del mundo -y con argumentos similares- se han establecido aranceles para los productos del país asiático.
La semana pasada, sin ir más lejos, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden , habló acerca de triplicar el arancel de 7,5% sobre el acero y el aluminio proveniente desde China.
Otras naciones también han avanzado en esa línea. ¿El problema? En muchas ocasiones el país asiático ha optado por responder, aplicando gravámenes u otro tipo de medidasd de vuelta. Fue eso, justamente, lo que llevó a Estados Unidos y China a una guerra comercial hace unos años.
Otro caso es el de Australia, país al cual China aumentó fuertemente los aranceles a distintos productos, como el vino y la carne de res. Aunque durante los últimos meses ha ido echando pie atrás.
Esa posibilidad preocupa a la industria local, sobre todo a la frutícola, que tiene a China como principal mercado de exportaciones.
Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, señala a El Mercurio que "preocupa que la medida informada estaría basada en aspectos más políticos que técnicos, destinados a aceptar el nivel de arancel solicitado por los involucrados, para continuar con sus operaciones de producción de acero, sin considerar la viabilidad de la empresa en el mediano y largo plazo y los efectos en el resto de la economía".
En cualquier caso, no todos en el sector tienen la misma visión. Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) señala, también al medio citado, que "si la Comisión Antidistorsiones ha mantenido su decisión, es porque cuenta con los argumentos técnicos para ello".
Agrega, en ese sentido, que "confiamos en que nuestra relación con China no se verá afectada por este caso puntual. Somos grandes socios comerciales a través de varias otras industrias. Desde la SNA hemos estado en contacto con el embajador de China en Chile y estamos en sintonía respecto de seguir potenciando la cooperación mutua".
Carlos Smith, de la UDD, señala al respecto que "podrían haber instancias de estos importadores que nos lleven a instancias internacionales, eventualmente. Y también podrían haber algunas instancias del mismo tipo, pero para productos chilenos que puedan entrar allá".
Llanos en tanto cree que hablar de represalias es poco probable por el tamaño del mercado chileno. "Lo más probable es que tengamos alguna presión de tipo diplomática o comercial para que se levanten estas restricciones", dice.
Por último, Labbé indica que "si efectivamente no existen los antecedentes que comprueben lo anterior, y considerando que China es el principal socio exportador de Chile, obviamente a China no le va a gustar esto".
La posición del Gobierno y los plazos
El ministro de Economía, Nicolás Grau, aseguró ayer en T13 Radio que "las personas que participan en la Comisión Antidisorsiones, más allá de la manera en que se define su conformación, tienen que tomar su decisión en base a elementos técnicos, en base a evidencia".
Asimismo, recalcó que la instancia tiene hasta el 9 de septiembre para tomar una decisión definitiva, en donde podría extender el plazo de aplicación de los derechos antidumping. Luego de este plazo, detalló, si la empresa considera que hay una nueva situación de dumping, puede hacer una nueva solicitud".
Cabe destacar que, además de los integrantes de la FNE y el BC, la Comisión Antidistorsiones está compuesta por dos representantes del Banco Central, un representante del Ministerio de Hacienda, un delegado del Ministerio de Agricultura, un miembro del Ministerio de Economía, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la Directora Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza Loeb.
