Con bombos y platillos, a fines de diciembre, Codelco y SQM anunciaron Memorándum de Entendimiento para avanzar hacia una asociación público-privada para explotar litio hasta 2060 en el Salar de Atacama. La firma del acuerdo definitivo está prevista para este 31 de mayo -tras aplazarla un mes-.
Sin embargo, una inesperada jugada de Tianqi (dueña del 22% de SQM), la presencia de la familia Ponce Lerou en la compañía y diferencias dentro de las comunidades atacameñas aledañas al sector han llenado de obstáculos la recta final.
Y si bien la operación aún iría por buen camino, algunos en el mundo político -ligados al oficialismo- ya han señalado preferir que no haya acuerdo, por ejemplo, si la familia Ponce participa de manera directa en la explotación. Así, las tensiones aumentan a medida de que se acerca la fecha clave.
La polémica con Tianqi
A fines de marzo la china Tianqi solicitó a SQM que la alianza con Codelco para producir litio sea aprobada o rechazada por la junta de accionistas, luego de argumentar que la colaboración implicaría "cambios fundamentales" en la estructura y gestión de negocios de SQM. La solicitud, no obstante, fue rechazada (con respaldo de la CMF), lo que derivó en una serie de tensiones entre ambas compañías y declaraciones cruzadas entre sus gerentes.
Tianqi, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados y la semana pasada -a días del plazo para firmar- solicitó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) revisar su dictamen y pedir que SQM cite a una junta extraordinaria de accionistas que se pronuncia en relación a la alianza, según constató La Tercera.
En su solicitud -señala el medio citado- la compañía china apela a un artículo de la ley que estipula que las enajenaciones de activos relevantes tienen que ser aprobadas por dos tercios de los accionistas.
En el documento presentado por la empresa ante la CMF -que fue encargado a tres académicos y que tiene 11 páginas- Tianqi señala que la asociación no se puede considerar como una simple transacción y que la información proporcionada por SQM en enero a la CMF -para sostener el dictamen de febrero- fue incompleta y omitió detalles críticos de la operación, como la transferencia de activos estratégicos.
En esa línea, la china argumenta que los accionistas de SQM no pueden evaluar adecuadamente los impactos del negocio y que la asociación implica una reorganización completa de activos de SMQ S.A y no solo de su filial SQM Salar. De ese modo -arguye la compañía asiática- la nueva estructura implica la pérdida de control de SQM sobre sus activos estratégicos y operaciones.
Por último, en su arremetida, Tianqi también solicitó al organismo adoptar medidas preventivas o correctivas para proteger los intereses de los accionistas y asegurar la transparencia y equidad del proceso.
De no prosperar este intento, el grupo chino estaría considerando acudir a tribunales. Eso, incluso si deben hacerlo después de que el acuerdo se firme, pues, en estricto rigor, la implementación de la alianza comienzaría el 1 de enero de 2025.
La resistencia a la familia Ponce
Otra de las aristas que tensiona la firma del contrato es el rol de Julio Ponce Lerou y su familia en la participación del directorio y administración de la compañía.
En 2018, cuando SQM firmó con Corfo para aumentar su cuota de producción de litio en el Salar de Atacama hasta 2030, se restringió la participación de Ponce y su familia en la firma hasta dicha fecha. El nuevo acuerdo, sin embargo, no considera la extensión de esa cláusula, por lo que la implicación de la familia podría volverse relevante con los años, considerando que el contrato es hasta 2060.
Desde el oficialismo algunos plantean que es preferible que no haya acuerdo si algo como eso ocurre. El senador Daniel Núñez (PC), por ejemplo, indicó a La Segunda que "un tema crucial en la empresa que crearán SQM y Codelco en ese acuerdo, es que ni Ponce ni sus hijos y familiares directos puedan ser parte del directorio de la empresa. Si esto no se cumple, yo ya no apoyaría el acuerdo, que carece de legitimidad".
"Entre un acuerdo que legitime la corrupción, prefiero que no haya acuerdo. En vez de tener a Ponce y a sus hijos a la cabeza de la empresa, sería mejor buscar otro camino", agregó.
La senadora Yasna Provoste (DC) concuerda con Núñez. "Nosotros ya solicitamos a Codelco que se mantenga hasta 2026 (la cláusula), ya que es una restricción razonable para que esta alianza público privada funcione con transparencia", explicó al medio citado.
"Lo natural sería que Codelco insista como requisito la extensión de la cláusula de exclusión", indicó, por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Minería.
La senadora Loreto Carvajal (PPD), en línea con sus pares, indicó que la nueva empresa entre Codelco y SQM debe renovar hasta 2060 la exclusión de Ponce Lerou y su familia de la administración y gestión de la nueva entidad".
Las diferencias entre las comunidades
Un último flanco abierto en medio de la expectación por la firma del viernes es la ligada a las comunidades atacameñas del sector. Y es que el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) -que negocia con SQM y Codelco- está fraccionado.
En la organización, compuesta por 18 comunidades, existe un grupo de cuatro comunidades -el borde sur, más próximo al salar- que siempre han exigido contar con mayores beneficios, al ser, según ellas, las que sufren mayor "afectación". Son Camar, Toconao, Talabre y Socaire, a las que a veces también se suma Peine.
Estas diferencias internas aún no están resueltas. Conocedores explicaron a El Mercurio que es fundamental que se cierren para poder avanzar a una próxima etapa, en la que se busca institucionalizar el diálogo entre las tres partes. Algunos sostienen que hay probabilidad de que los beneficios asociados a las comunidades por el nuevo acuerdo Codelco-SQM sean distintos entre "los 14" y "los cuatro" del CPA.
El contrato entre SQM y Corfo, vigente hasta 2030, condiciona a la empresa a destinar entre US$10 y US$15 millones a las comunidades del salar de Atacama. A la fecha han entregado unos US$83 millones, de los que gran parte siguen congelados en cuentas de Corfo.
Además, el contrato de Albemarle también considera un importante pago de dinero, el que equivale al 3,5% de las ventas de la firma norteamericana, pero con una gran diferencia: el acuerdo es con el CPA.
Según Conadi, hay 2.395 habitantes inscritos en las comunidades del salar de Atacama adscritas al CPA. Suponiendo una población constante, los pagos de ambas empresas a la fecha superarían los US$ 60 mil por persona.
