Las turbulencias que enfrenta Clínica Las Condes no se limitan a dificultades de caja, que han debido ser subsanadas con aumentos de capital; o a las tensiones en las juntas de accionistas, por desacuerdos en cómo sacar adelante el negocio. Van mucho más y allá y hoy, en ese sentido, se vive un episodio clave.
Y es que el presidente del directorio y pareja de la controladora de la firma Cecilia Karlezi, Alejandro Gil, será formalizado hoy por el delito de apropiación indebida, a lo que se sumarían cargos por administración desleal.
La investigación lleva dos años, involucra millonarias cifras y puede terminar sacando a Gil del directorio o dejándolo con medidas cautelares.
Las claves del caso
En concreto, Gil será formalizado por apropiación indebida de dineros ex médicos de la clínica que lidera.
Todo comenzó el 13 de julio de 2022, cuando se presentó la primera querella en contra de Clínica Las Condes como persona jurídica, por apropiación indebida de dineros correspondientes a los médicos cirujanos Joaquín Lara y Javier del Río.
En abril de ese año, habían recibido el último pago por alguna atención. Entonces, se les adeudaban dineros correspondientes a prestaciones de 2020 y 2021, dice la acción judicial.
Según señala El Mercurio, Lara dice que le adeudan $250 millones. Mientras que en el caso de Del Río la cifra llegaría a $103 millones. Luego se sumarían acciones judiciales que apuntaban a la clínica, pero también a Alejandro Gil, y al ex gerente general Ignacio Tapia, quien fue removido de su cargo hace un año.
Con el tiempo se fueron sumando más profesionales a la acusación. Las querellas, así, totalizan cerca de 35 y alcanzan un monto superior a los $3 mil millones. La acusación, en términos generales, es la misma: habrían prestado servicios que nunca fueron pagados.
Esta es, precisamente, la tesis del Ministerio Público, pero que se ha ido complementando a medida de que se recaban antecedentes.
A fines de 2022 -recogió El Mercurio- pidió a los bancos Itaú, Scotiabank, BCI, Banco de Chile, BICE, Security y Santander enviar los saldos y movimientos realizados en 27 cuentas corrientes de Clínica Las Condes entre 2020 y 2022.
El alzamiento fue acogido por el tribunal. Además solicitó a las isapres, aseguradores y Fonasa todo el detalle de pacientes y comprobantes de pago de la clínica.
En la misma línea, la Bridec requisó computadores y antecedentes de CLC. En todo caso, los querellantes mencionaron al medio citado que aún existe mucha información que la entidad no ha entregado. De hecho, la Bridec no ha terminado su análisis por eso.
La posición de cada parte
El abogado Álvaro Jofré está a cargo de la defensa del presidente de Gil. Según sostuvo a El Mercurio la investigación está "plagada de irregularidades e ilegalidades" y existen oficios del Ministerio Público que no han sido recepcionados, "afectando el derecho a defensa".
Así, aseguró que no se adeudan dineros a los médicos, por el contrario, existen algunos que mantienen deudas con CLC. De hecho, la empresa fue a arbitraje con algunos de ellos, pidiendo el pago de una supuesta deuda de $500 millones.
Pamela Contreras, abogada de los médicos denunciantes, por su parte indicó al medio citado que uno de sus defendidos pasó por el proceso de arbitraje y que se determinó que no tiene deudas con la empresa, sino que al revés.
Según la fiscalía, el contrato entre los médicos y la clínica establecía que "la Clínica será quien cobre los honorarios profesionales que (se) adeuden al médico", encargando y traspasando así la cobranza a CLC.
"Para haber sido entregadas, las platas tienen que haber salido de la clínica e ingresado a las cuentas de los médicos, y eso nunca pasó", dijo un querellante a El Mercurio.
La tesis de la fiscalía y de los querellantes es que esos dineros llegaron efectivamente a la clínica y que no fueron pagados a los médicos, sino utilizados para enfrentar las deudas del establecimiento.
"No se ha descartado la tesis de la responsabilidad penal de la persona jurídica que es CLC, sino que se están haciendo diligencias en torno a verificar el modelo de cumplimiento", dijo la abogada Contreras.
Según el medio citado, la defensa de Gil se ha acercado a los querellantes para buscar una salida, fuentes conocedoras afirman que han partido de la premisa que no adeudan nada a los médicos.
Cabe destacar que la apropiación indebida más la reiteración podrían implicar una pena de 5 años y 1 día a diez años, o un acuerdo reparatorio, en el que CLC se comprometa a pagar.
En tanto, fuentes de la clínica aseguraron a El Mercurio que el directorio no se ha puesto en el caso de que Gil no pueda seguir a la cabeza. El presidente, de hecho, se habría mostrado tranquilo la semana pasada.
