La Siderúrgica Huachipato no da más. Este miércoles sorprendió anunciando, nuevamente, la suspensión indefinida de sus operaciones ante una situación financiera "insostenible" pese a las sobretasas aplicadas hace algunos meses al acero importado desde China con lo cual, se esperaba, la empresa pudiese sobrevivir.
Sin embargo, la acerera expuso que estas sobretasas no lograron traspasarse a precios debido a un sobre stock de acero barato preveniente del gigante asiático en el país y otros factores que "no se podrán revertir en el corto y mediano plazo". Una noticia que generó duras críticas por parte del Gobierno y un remezón a la Región del Biobío, considerando que hay unos 20 mil puestos de trabajo en juego.
Esta vez, a diferencia de la crisis desatada en marzo, la decisión de CAP -controlador de Huachipato- parece irreversible, al menos durante los próximos años cuando se complete la transición de industrias como la minería y la construcción a "materiales mejor hechos y más sostenibles", según comentó esta tarde el presidente del directorio de Huachipato,
Julio Bertrand.
Pero, por ahora, precisó en un punto de prensa en la sede de la compañía en Talcahuano, el cierre de la planta se producirá a mediados de septiembre o, a más tardar, a fines de ese mismo mes.
"Vamos a cumplir a cabalidad con todos nuestros compromisos con nuestros clientes, tenemos compromisos de entrega que nos obligan a seguir operando hasta al menos mediados de septiembre o finales de septiembre", dijo.
También subrayó que "vamos a cumplir con todos nuestros contratistas en el término de sus contratos y fundamentalmente vamos a cumplir a cabalidad con todos nuestros trabajadores, que es lo más importante que tenemos. Vamos a tener planes muy robustos de salida de la gente, de capacitación y de reinserción laboral. Tenemos mucho respeto por la gente que está aquí detrás".
Consultado por las críticas del Gobierno y el Parlamento a la decisión, considerando que se concretaron los aranceles al acero chino que la compañía solicitaba, Bertrand sostuvo que "cuando solicitamos esta investigación de oficio por el 'dumping' lo hicimos porque sí veíamos una distorsión de mercado. Nosotros nunca fuimos a pedir un subsidio. Veíamos una distorsión de mercado porque la sentíamos en la venta de nuestros productos. La Comisión Antidistorsiones de Chile dirimió provisionalmente la existencia de una distorsión de mercado y por eso impuso estas medidas antidistorsivas".
"A partir de eso, nosotros corroboramos que nuestro negocio sí era sustentable desde lo operacional y financiero, y eso es lo que hicimos. Jugamos esa ficha hacia lo sustentable y no nos fue posible traspasar toda esa tasa, por diferentes razones de mercado. Una de las razones es que el mercado estaba repleto de inventarios que se trajeron durante los fines del año anterior y comienzos de este año, por ende los precios que teóricamente debían operar a partir de la aplicación de estas tasas no eran tales. Eso nos llevó por supuesto a que no pudimos traspasar esos precios y entraron los déficit de caja y financieros bastante grandes", explicó.
Al final del día, cerró, "llegamos a un escenario de iliquidez que no es sostenible, lo que sería irresponsable incluso con nuestros accionistas".
Por último, Bertrand indicó que hasta hace dos semanas el cierre de la planta no estaba dentro de los planes, sin embargo, "hace dos días que empezamos a ver que había un riesgo financiero tal que el accionista, CAP, dijo que no puede abordar ese riesgo financiero".
