Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria (Camport)
La Segunda
Un dura crítica deslizó Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria (Camport), a la facilidad -a su juicio- que tienen las ONGs en el país para paralizar proyectos de inversión y la escasa transparencia respecto a cómo se financian estos grupos.
"¿Quién está financiando? No tengo idea", señaló durante su exposición de ayer viernes en la novena versión del Encuentro de Logística & Comercio Exterior (Enloce) que se llevó a cabo en el terminal de pasajeros de Puerto Valparaíso y que reunió a diversos sectores para presentar los avances tecnológicos del rubro, sus desafíos y nuevas exigencias del mercado.
Reconociendo los avances de la institucionalidad medioambiental en el país y valorando el consenso que existe respecto a enfrentar la denominada "permisología" que afecta a los proyectos de inversión, Fernández manifestó que "hay que terminar de una vez por todas con estos litigios permanente que cualquier persona puede hacer respecto a los proyectos".
"En los países desarrollados hay un periodo para presentar (acciones judiciales) y hay ciertos titulares que pueden presentarlas, después de lo cual se acaba esa opción. En Chile no. Tenemos permanentemente la posibilidad de recursos judiciales y una persona puede parar una inversión de US$1.000 millones simplemente alargando, alargando y alargando", reparó.
Tras ello, apuntó en contra de las ONGs, "cuyo financiamiento es a lo menos opaco".
"Hay un tema de seguridad nacional cuando no conocemos quienes son los financistas de ONGs que se oponen al desarrollo de proyectos".
Daniel Fernández
"Tenemos en Chile ONGs que paralizan proyectos y cuyo objetivo es paralizar proyectos y cuyo financiamiento es opaco, no se conoce", insistió el líder de Camport.
Para graficar el riesgo que esto implica, puso un ejemplo hipotético: "Imaginen que inversionistas de otros países están financiando ONGs que tiene por objetivo paralizar un proyecto portuario. No estoy diciendo que eso exista, pero eso puede ocurrir en Chile, porque no hay una ley que obligue a las ONGs a transparentar completamente los recursos que recibe".
"Hay un tema de seguridad nacional cuando no conocemos quienes son los financistas de ONGs que se oponen al desarrollo de proyectos", cerró.
