La ley de datos personales lleva siete años en el Congreso. Hoy, por fin, podría ser despachada a ley. Y es que a partir de las 17 horas la sala de la Cámara de Diputados votará el informe de la comisión mixta que se armó para destrabar los nudos que habían quedado tras la tramitación.
La iniciativa protege y regula el tratamiento de datos personales y consagra nuevos derechos. "Toda persona (...) tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo de sus datos personales, de conformidad a la presente ley", se puede leer en la iniciativa.
También, crea una agencia estatal a cargo de vigilar que la normativa se cumpla. Así, la iniciativa significaría un giro para la relación que las compañías tienen con los consumidores.
La ley
La nueva ley impedirá que se utilicen datos personales de forma no autorizada. Así, si una persona entrega información como el correo electrónico, el número de teléfono o la dirección a una entidad financiera, con el mero propósito de tramitar un créditos, estos datos no podrán ser utilizados para otros fines.
En relación al spam telefónico, el usuario podrá pedirle a la empresa que no se siga utilizando su información personal para ofrecerle servicios. Este derecho se conoce en la iniciativa como el "derecho de oposición".
Marcelo Drago, ex presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), señala que "es un cambio histórico. La nueva ley empodera a las personas. Les asegura el control de su información personal, frente a las empresas, el Estado o cualquier otro".
Asimismo, explica que "se protege el derecho a la autodeterminación informativa y se crea una agencia a cargo de hacer cumplir la nueva legislación. El país recoge un camino trazado por la Unión Europea".
Destaca, así, que se "acaban los 'rutificadores' y las llamadas sin consentimiento. Seguir haciéndolo sin cumplir la ley se expone a multas altísimas".
Las multas
El monto de las multas para las empresas que no cumplan con la normativa es alto. Pueden ir desde los $330 millones a los $1.320 millones. En casos de reincidencia, incluso podrían alcanzar sanciones del 4% de los ingresos anuales de una empresa.
La empresas podrán utilizar datos personales sólo si obtuvieron el consentimiento de las personas, si tienen una autorización legal, si van a preparar o ejecutar un contrato, si lo requiere para una defensa jurídica o si tiene un interés legítimo en su utilización entre otras "fuentes de licitud", destaca Drago.
