El lunes el Gobierno ingresó el proyecto de ley que aumenta el universo de beneficiarios del subsidio eléctrico, a 4,7 millones de hogares. Esto, en medio de las bruscas alzas en las cuentas de la luz, tras el descongelamiento de las tarifas, que se mantenía desde 2019.
Y es que en octubre se espera una subida de hasta 22%, de acuerdo con el último informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía (CNE), y una nueva alza a partir de enero. La ampliación del subsidio así, busca amortiguar el golpe en el bolsillo de cerca de 10 millones de chilenos.
Hasta ahora, son alrededor de 1,5 millones de familias las que recibirán el beneficio, según ha explicado el ministro de Energía, Diego Pardow. Pero el Gobierno no considera que sea suficiente.
Conforme a eso es que el Ejecutivo presentó la nueva ley, que ya recibe críticas desde la industria, por su modelo de financiamiento.
Hoy la iniciativa comenzará su tramitación legislativa, primero, pasado el mediodía, con una presentación de los detalles en comisión de Energía y Minería del Senado, para luego, a eso de las 15.00 horas, iniciar su discusión en general en la comisión homónima de la Cámara de Diputados. Y si bien desde el Gobierno y el oficialismo esperan una tramitación "expedita", la resistencia del mundo empresarial por el mecanismo de financiamiento para aumentar el subsidio y las dudas de parte de la oposición, vislumbran un debate más bien difícil.
El proyecto y su financiamiento
La iniciativa no solo busca ampliar a 4,7 millones las familias que recibirán un subsidio para hacer frente al alza en las cuentas eléctricas, sino que también aumentar la cobertura a electrodependientes y reducir la tarifa a mypimes y proyectos de inversión de interés social en áreas rurales y de agua potable rural (APRs).
Todo esto, sin embargo, requiere un esfuerzo económico. "El esfuerzo que hay que hacer es movilizar recursos por US$900 millones, más o menos, por lo siguientes tres años", explicó esta mañana el ministro de Energía, Diego Pardow, en Radio Universo.
Según la propuesta del Gobierno, ese financiamiento se basará en tres ejes: el aumento del impuesto a las emisiones, el IVA neto que se consiga producto del alza de las tarifas, y un ajuste a los ingresos de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD).
Es esto último lo que más ha llamado la atención. Y es que algunos inversionistas incluso lo han apuntado como un "precedente peligroso", considerando que cambia las estimaciones con el que este tipo de compañías había traído sus capitales a Chile.
Oposición de los gremios por "incertidumbre"
El Ejecutivo ya había adelantado de qué se trataría la iniciativa. Es, en buena medida, por eso que tanto gremios como PMDGs ya tenían algunas críticas formuladas, las que con la presentación oficial de la iniciativa solo se corroboraron.
Desde la Asociación de Generadoras, aseguraron a El Mercurio que "la fórmula presentada por el Gobierno afecta la predictibilidad regulatoria necesaria de una industria que es estratégica para el desarrollo y la reactivación económica que Chile requiere y que las personas ansían".
En esa línea, sostuvieron además que se carga el financiamiento "en los mismos actores que, durante cuatro años, asumieron el costo de sus contratos adjudicados por el Estado de Chile".
La directora ejecutiva de Acera, Ana Lía Rojas, por su parte, apuntó en el medio citado a que el aporte estatal que se realizará a través del IVA podría ser mayor a lo estimado por Hacienda, de unos $80 mil millones al año, entre 2025 y 2027.
"Consideramos que esta recaudación puede ser de mayor envergadura de lo que el Ministerio de Hacienda ha proyectado, y esperamos que, en el marco del debate que se desarrollará, tengamos la oportunidad de aportar una estimación de recaudación por IVA neto que, en nuestra opinión, podría cubrir en gran medida el subsidio que el Ejecutivo busca implementar".
El economista Jorge Hermann, de Hermann Consultores, en tanto, explica que el proyecto "genera una alta incertidumbre a la inversión en el sector energético a futuro, porque parte importante del financiamiento proviene de este sector, implicando un cambio en las reglas del juego a proyectos evaluados en el pasado (...) La nefasta señal a la inversión que está dando el Gobierno es: no invierta en el sector eléctrico chileno".
"Se invierte en Chile pensando que es la Suiza de América Latina", dijo, por su parte David Crouch, socio gerente de Aediles Capital Inc a Bloomberg. "Esta acción sienta un precedente peligroso".
"Los cambios propuestos nos llevarían a incumplir inmediatamente nuestros compromisos con nuestros tenedores de deuda", advirtió, en tanto, Michael Minnes, director ejecutivo para América Latina del desarrollador solar CarbonFree Technology Inc.
Y es que las PMGD están preocupadas. Estas son centrales de menos de 9 MW, que verán limitados los ingresos que reciben por el precio estabilizado al que acceden.
"Pese a la evidencia (...) el ministerio de Energía presentó un proyecto de ley donde uno de sus pilares pone en grave riesgo la viabilidad financiera de muchas empresas PMGD y afecta la obtención de financiamiento para nuevos proyectos que requiere el país, necesarios para la transición energética", explicó a El Mercurio el director ejecutivo de GPM, Matías Cox.
"No sería raro que, si este proyecto avanza, nuestro país caiga significativamente en los rankings de atracción de inversión en tecnologías limpias", destacó, por su parte, Darío Morales, director ejecutivo de Acresol.
¿"Tramitación expedita"?
Es, precisamente, el nudo del financiamiento el que podría trabar la iniciativa en el Congreso. Pardow espera que durante septiembre se lleve a cabo la discusión en la Cámara de Diputados y, a partir de octubre, comience el debate en e Senado. "Esa es la planificación", sostuvo.
De todas formas, no niega que se trata de una iniciativa que genera críticas, por lo que afirmó que durante el debate será importante escuchar esos reparos.
Desde el oficialismo, por un lado, creen que la tramitación será rápida.
"Será una tramitación relativamente expedita, pues se cuenta con un importante nivel de acuerdo. Solo el oportunismo político podría ir retrasando el trámite. Esperamos eso no ocurra y se pueda avanzar con sentido de urgencia", explica el diputado Jaime Saez (FA).
Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS), también espera que el proyecto tenga una tramitación rápida y que sea ley en octubre, mes en el que vendrán nuevas alzas a las cuentas de la luz. "Pero esto se logra primero buscando consenso en los mecanismos. El IVA, que debiera tener apoyo unánime, pero las emisiones y los pequeños medios de generación van a ser materias discutibles", reconoció.
Mientras, es en la oposición piensan que hay que evaluar cuidadosamente cómo avanzar. "Es importante esperar el desarrollo de la mesa técnica, para que el Gobierno entregue los detalles de las propuestas relativas al impuesto verde y al mayor CSP, para así estudiar responsablemente cuáles serían los efectos de estas dos medidas y estar seguro que estos no agravarán la situación actual de los clientes y la situación actual de la economía del país", comentó la senadora UDI, Luz Ebensperger a La Tercera.
Mientras que la diputada Marlene Pérez (independiente, pro UDI), sostuvo que "el Gobierno ingresó el proyecto de ley para la ampliación del subsidio transitorio sin consenso alguno".
"Estuvo dos meses discutiendo en la 'mesa técnica' y no logró acuerdos políticos ni técnicos con quienes integraban la mesa, demostrando el alto nivel de improvisación del Ministerio de Energía. Las propuestas perjudican a las energías renovables, en especial a las pequeñas, y no resuelve el problema de fondo que es reducir la tarifa eléctrica que tanto aqueja a las familias chilenas. El ministro Pardow no propone nada para resolver la crisis eléctrica", cerró.
