El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó la polémica decisión que tomó la Dirección del Trabajo (DT) de suspender las operaciones a público de una farmacia Salcobrand que fue asaltada hace algunos días, argumentando el deber que tiene el empleador de asegurar la protección de sus trabajadores.
Y pese a que el cierre del recinto fue levantado a los pocos días luego de que la farmacia en cuestión aumentara sus medidas de seguridad, lo determinado por la DT fue duramente criticado por el sector privado, afirmando que es el Estado el encargado de garantizar la seguridad de las personas y que, con esto, se intenta traspasar la responsabilidad a las empresas.
Marcel, en entrevista con Tele13 Radio, reconoció la complejidad de la situación, aunque aseguró que en este tipo de casos hay "
dos obligaciones que se combinan".
"Uno es todo lo que tiene que ver con la lucha contra la delincuencia, la mantención del orden público, lo otro es la protección de los trabajadores. Y creo que la única solución a todo esto es que todos empujemos para el mismo lado", afirmó el secretario de Estado.
Sobre la decisión específica de cerrar la farmacia, Marcel hizo hincapié -a su juicio- en la responsabilidad compartida entre el Estado y los empleadores en la protección de los trabajadores.
"O sea, tiene que ver (la decisión de la DT) con cómo se distribuye la responsabilidad por la protección de los trabajadores entre sus empleadores y el Estado. Entonces, me imagino yo que uno tampoco llevaría la argumentación al extremo de decir que los empleadores tienen que desentenderse totalmente de la situación de seguridad de sus trabajadores, porque eso no es lo que uno espera ni lo que la legislación contempla", sostuvo.
En ese sentido, Marcel consignó que la empresa involucrada (farmacia Salcobrand) cumplió con las medidas de seguridad exigidas por las autoridades, lo que permitió la continuación de sus operaciones.
Por su parte, el jefe de las finanzas públicas abordó las declaraciones del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, sobre la existencia de funcionarios públicos que deliberadamente obstaculizan proyectos de inversión, Marcel reconoció que pueden existir casos aislados de comportamientos sesgados.
"Yo diría que en general, en un sector público donde hay distintas autoridades, donde hay autoridades a nivel regional, como los seremis, que intervienen en el proceso, puede ocurrir que haya funcionarios que tienen ciertos sesgos o que sean más vulnerables a las presiones de ciertos grupos, de ciertas organizaciones, pero para neutralizar eso están las instituciones", concluyó, subrayando la importancia de las instancias de revisión y justificación para asegurar la transparencia en la gestión pública.
Con todo, y frente a la crisis de seguridad, Marcel enfatizó en los esfuerzos del Ejecutivo para fortalecer la seguridad pública.
"El Gobierno ha aumentado de manera significativa la inversión en seguridad ciudadana, después de años en los cuales esta estuvo estancada, y ahora en la próxima Ley de Presupuestos, con cumplimiento tributario aprobado, como parece que va a ocurrir de aquí a fines de septiembre, vamos a poder completar el compromiso del Presidente de aumentar la inversión en seguridad ciudadana en US$1.500 millones", explicó.
Según precisó, este incremento presupuestario incluirá mejoras en las donaciones a Carabineros, una gestión más eficiente del personal en la Policía de Investigaciones, y reformas en el Ministerio Público.
