El de este año ha sido el Chile Day más tenso del que se tenga memoria. La instancia, que hasta hoy se ha llevado a cabo en París y que a partir de mañana se posicionará en Londres, se ha convertido en el epicentro de una frontal disputa entre inversionistas privados y el Gobierno de Chile. ¿La razón? El proyecto de subsidio eléctrico que busca ampliar el beneficio a 4,7 millones de hogares, para enfrentar las alzas de la cuentas de la luz, cuyo incremento entre julio y enero superará el 50% para los clientes residenciales.
El foco de preocupación para los privados está en la fórmula que el Ejecutivo incorporó para financiar la extensión de la subvención. La legislación requiere US$900 millones en un periodo de tres años, entre 2025 y 2027. Para alcanzar aquello, el Gobierno propone tres fuentes de financiamiento: un aumento temporal al impuesto a las emisiones de carbono de las centrales a carbón, el IVA neto que se obtenga por el alza en las tarifas, y un ajuste a las rentas que perciben los Pequeños Medios de Generación distribuida (PMGD).
Esto último implica que centrales de energía renovable de hasta 9MW, conectados a la red de distribución, verán limitados durante tres años los ingresos que reciben por el precio estabilizado al que acceden desde 2004, cuando entró en vigencia ese régimen tarifario, como parte de la denominada Ley Corta I. Según los cálculos del Ejecutivo, solo por medio de esta modificación, se recaudarán US$150 millones anuales. Es decir, la mitad de los recursos que se requieren.
El soporte financiero de la normativa presentada terminó, así, tensando el Chile Day. Primero, el ministro de Energía, Diego Pardow, se enfrentó a los cuestionamientos de inversionistas privados. "Estas iniciativas deben financiarse con recursos públicos. (Lo que se propone) no es una buena forma de hacerlo", apuntó en un panel del encuentro la vicepresidenta ejecutiva de Engie, Cécile Prévieu, llenándose de aplausos.
"Podemos discutir la extensión del mecanismo e intentar mejorar su diseño para aliviar los impactos, pero es importante entender que la estabilización de las tarifas es muy importante para nuestro país", contestó en el siguiente panel el titular de Energía, quien además puso un énfasis en la responsabilidad fiscal y la incapacidad de Chile para seguir endeudándose.
Más tarde, en un almuerzo a puertas cerradas con el sector eléctrico, recogió El Mercurio, un inversionista le dijo directamente tener en el país US$400 millones. Y le advirtió que si el escenario no cambiaba, retirarían los desembolsos. Más tarde fueron las PMGD las que expusieron sus quejas, en una reunión privada. "Estuvo tensa y con una posición intransigente, él dice 'necesito US$150 millones y alguien tiene que pagarlos'", comentó David Orellana, managing partner de Aediles, asset management de BlackRock en Chile. Las PMGD estiman que la iniciativa les significaría un recorte de entre un 30% a 40% en sus ingresos.
"Quiebra masiva"
Con el pasar de las horas la hostilidad ha ido escalando. Hoy la Asociación de Energías Renovables (Acera), a través de El Mercurio, cuestionó la propuesta del Gobierno y advirtió que, de avanzar, podría derivar en una "quiebra masiva". "La manera de repartir el costo de este problema no es justa, es desproporcionada", señaló el presidente de la entidad, Sergio del Campo.
"No es razonable hacer recaer sobre un sector de la economía, más bien un subsector en particular de la industria de la energía, que representa solo el 9% de la capacidad instalada de generación del sector, el tener que aportar el 50% del subsidio", cuestionó asimismo.
Explicó, también, que lo que propone el Ejecutivo afectará, en promedio, el 36% de los ingresos que percibe este tipo de centrales durante los tres años de vigencia del subsidio; otros ejecutivos de la industria aseguran que en algunos casos el impacto alcanza el 40%. "Acá no estamos protegiendo rentas injustas o sobrerentas, los pequeños proyectos renovables están recibiendo las rentas razonables para el riesgo que toman, son rentas que están bajo el 10% de retorno de la inversión", subrayó.
Tras ello, advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, podrían derivar de la legislación. "El efecto económico será una quiebra masiva de las empresas de pequeña escala renovable. No porque las compañías tomaron malas decisiones, tampoco porque tengan mala administración o costos financieros altos. Es la quiebra por una arbitrariedad regulatoria". Argumentó, sobre eso, que además habría menor interés de los inversionistas y bancos internacionales de tener a Chile como destino de inversión.
"¿Expropiación indirecta?": El efecto sobre la imagen de Chile
El brusco giro en la legislación para inversionistas extranjeros es a lo que algunos han comenzado a apuntar. Se ha comenzado a hablar de "cambio en las reglas del juego", "afectación a la certeza jurídica" e incluso de escalar la preocupación a instancias más altas, como Cancillería.
"Las medidas propuestas afectan el marco regulatorio que rige las inversiones del sector energía. Los inversionistas esperan que se respeten las condiciones que los llevaron a invertir. El principio de seguridad jurídica es esencial para la sostenibilidad y también para desarrollar proyectos de largo plazo", comunicó la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham) esta semana. Y agregó: "Las medidas incorporadas en el proyecto impactarían la imagen de Chile. Uno de los pilares para atraer inversión extranjera es, precisamente, la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria que entregue un país, especialmente en mercados altamente regulados como el de la energía".
La investigadora senior del think tank de relaciones internacionales AthenaLab, Paz Zárate, comentó a Emol que lo que ha ocurrido durante estos días en el marco del Chile Day no se está tomando con la seriedad suficiente, pues no se estaría dando el peso que merece a los tratados internacionales, que protegen a los inversionistas. "En el análisis de esto, se habla más del marco regulatorio chileno -precisó- pero nadie está mencionando que todos esos inversionistas están protegidos por distintas normas, (a través) de las cuales Chile se compromete a tratarlos de cierta manera".
"En el análisis de esto, se habla más del marco regulatorio Chileno, pero nadie está mencionando que todos esos inversionistas están protegidos por distintas normas, (a través) de las cuales Chile se compromete a tratarlos de cierta manera"
Paz Zárate, investigadora senior de AthenaLab
En esa línea, sostuvo que "la impresión que se da es todo lo contrario de lo que Chile ha construido por tantos años y en tantos gobiernos, que es la estabilidad jurídica y el ambiente amistoso de la inversión extranjera, que lo distingue de muchos otros países en nuestro continente. Por eso, me extraña que nadie haga referencia a los compromisos del Estado de Chile, no del Gobierno, del Estado de Chile, y la responsabilidad que significaría romperlos".
Con respecto a la interpretación que podría tener la justicia internacional en un caso como el que se está discutiendo, Zárate pone un énfasis sobre una eventual interpretación. "La jurisprudencia de los tribunales internacionales de inversión, en esta materia, creo que respalda la idea de que quizá este tipo de contribución forzada podría ser considerada una expropiación indirecta", señaló. Y agregó: "Eso es sancionado para el Estado que adopta la medida. Es decir, nosotros teniendo que indemnizar. Entonces, eso hay que evaluarlo muy bien".
"Me parece que el Gobierno se está quedando con la interpretación propia del derecho chileno. Y está completamente despreocupándose de la mirada del derecho internacional, donde el Estado tiene obligaciones. Y todos los gobiernos, creo, tienen la obligación de mirar medidas tan importantes de modo sistémico. El hecho de que haya una especie de protesta tan importante en Chile Day, inédita, debería llamar la atención sobre la falta de esta otra mirada", añadió asimismo.
