Esta tarde la Sala de la Cámara de Diputados dio el visto bueno al proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias (o antievasión) con amplia mayoría y lo dejó listo para convertirse en ley. Esto, luego de seis meses de discusión, en medio de los cuales la Comisión de Hacienda del Senado, que concentró el debate, incluyó un protocolo de acuerdo y una mesa técnica.
Según estimaciones del Ejecutivo, la iniciativa recaudará un 1,5% del PIB, es decir, alrededor de US$4.500 millones. De estos, US$1.200 millones se podrán añadir al Presupuesto 2025, que el Gobierno debe presentar a más tardar el próximos lunes 30 de septiembre para el comienzo de su discusión. La urgencia de La Moneda para que se visara el proyecto tenía justamente que ver con la posibilidad de contar con más recursos a la hora de elaborar su propuesta para el erario del próximo año, lo que finalmente logró.
El monto liberado, según ha explicado el oficialismo, se destinará en 2025 principalmente a tres ejes: el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000, la reducción de listas de espera en los hospitales y el cumplimiento de los compromisos que el Ejecutivo adquirió en materia de seguridad. Entre estos últimos se encuentran el aumento de funcionarios policiales y el alza de sus remuneraciones.
Desde el Ejecutivo destacan que, en conjunto con los recursos recaudados por el royalty minero, se incrementará el gasto público en seguridad en US$1.500 millones, totalizando un incremento de 40% en inversión pública en este ítem, respecto de 2022.
Tras ser visada la iniciativa, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, agradeció tanto a parlamentarios del oficialismo como de oposición. Asimismo, destacó que "en Chile, a menos de un mes de una elección, somos capaces de aprobar proyectos con apoyo transversal, de gran relevancia para la economía del país".
Añadió, en esa línea, que "mucha gente pensaba que dentro de estas semanas previas a una elección era imposible lograr acuerdos, era imposible lograr votaciones favorables. La realidad es que esto ha sido posible".
Los ejes del proyecto
El proyecto de cumplimiento de las obligaciones tributarias tiene como principal objetivo combatir la elusión y la evasión de impuestos. Para ello, se establecen una serie de mecanismos que fortalecen la fiscalización, modernizan la administración y combaten la informalidad.
Entre las normas que destacan se encuentra la nueva gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII). Este contará con un comité ejecutivo, integrado por el director de la entidad y los subdirectores. Estos últimos llegarán a sus puestos mediante concurso en Alta Dirección Pública (ADP). La instancia tendrá por labor tomar decisiones respecto a asuntos claves, como la presentación de querellas.
Asimismo, la nueva gobernanza del SII contará con un consejo tributario, integrado por consejeros externos a la entidad, que también llegarán por ADP. Estos deberán pronunciarse sobre la legalidad de ciertas circulares del organismo y tendrán una opinión no vinculante acerca de los planes de fiscalización que lleve adelante la institución.
La iniciativa contempla que la aplicación de la Norma General Antielusiva (NGA), asimismo, se mantenga en sede judicial.
"Se mantuvo en sede judicial la calificación de si una actuación es ilegalmente elusiva o evasiva, y no en sede administrativa, ya que ello era volver a que el SII fuera juez y parte, como era antes del establecimiento de los Tribunales Tributarios y Aduaneros. En cualquier Estado de Derecho, quien interpreta la ley deben ser los jueces", comentó a Emol Álvaro Moraga, abogado de Moraga y Cia.
Uno de los ejes que generó más discusión durante el debate fue el del levantamiento del secreto bancario. Finalmente, la norma establece que este será vía judicial y con plazos acotados. La iniciativa, así, contempla dos procedimientos. El primero apunta a delitos tributarios de distinta índole y otro a delitos más graves, como el crimen organizado y el lavado de activos.
También fue fuente de discrepancias -durante los meses de discusión- la figura del denunciante anónimo. Esta terminó con modificaciones. La norma establece que este recibirá una recompensa, que equivaldrá al 10% de la multa al contribuyente denunciado. En todo caso, se dictamina que perderá su calidad de denunciante anónimo renuncie al anonimato o haga publicidad de la denuncia.
El uso de efectivo también sufrió modificaciones. En concreto, la norma establece nuevos controles del SII a transacciones que oscilen entre 50 UF y 135 UF. Cuando ello se lleve a cabo, se debe registrar la identidad del pagador, "según determine el director del Servicio de Impuestos Internos, mediante resolución, o en una factura afecta o exenta".
La iniciativa también toma en cuenta a las pymes. Para ellas, se establecen ciertos mecanismos para facilitar el cumplimiento tributario. Entre ellos, que la tasa de interés sobre deudas tributarias se reducirá desde un 1,5% por mes a una tasa diaria variable que será fijada semestralmente por el SII; y que se permitirá a las Pymes acceder a convenios preferentes para el pago de deudas en 18 cuotas, con un pie inicial no superior al 5% y condonación de intereses y multas.
Entre otros nuevos puntos que se incluyen en la iniciativa están las nuevas facultades de fiscalización de grupos empresariales, los cambios al impuesto al lujo, y ajustes al IVA cuando existan compras a través de plataformas digitales a compañías fuera del país, como los usualente utilizados Shein y Temu.
Asimismo, destaca el fortalecimiento de la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), que representará judicialmente a personas y Pymes que se vean en controversias con el SII, Aduanas y Tesorería.
Maria Pilar Cabello, socia auditoria de Cabello Abogados, resalta esta modificación. "Solo el 24,3% de los microemprendimientos cuenta con asistencia profesional de un contador", explica, citando cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
"El proyecto contempla entregar más educación y apoyo al contribuyente, punto relevante, muchos cometen errores por ignorancia, no tienen recursos para asesorarse y tienen temor de consultar. Educar en un proceso de largo plazo, pero es vital si se buscan cambios profundos en el comportamiento", añade.
Pablo Quezada, Socio de Taxi Controversy en Deloitte, por su parte, explica que un elemento a destacar es " a destacar es la introducción del concepto de sostenibilidad tributaria, el cual brindará a las empresas la posibilidad de obtener una certificación independiente de su cumplimiento tributario, en línea con lo que la sociedad y los inversionistas están exigiendo especialmente a las empresas multinacionales".
Asimismo, destaca también "todas las medidas que apuntan a reducir la informalidad en la economía, como el deber de las plataformas digitales de exigir inicio de actividades y acreditar situación tributaria al día a quienes vendan productos o servicios a través de ellas".
Por otra parte, se elimina la exención del IVA a las importaciones de hasta US$41, es decir, una vez promulgada la ley, habrá que pagar el 19% de impuesto en cada producto comprado, por ejemplo, en plataformas de comercio online extranjeras como Amazon, Aliexpress o Shein.
