Dorothy Pérez, recién ratificada como Contralora General de la República, acaparó esta semana las miradas y críticas de los funcionarios públicos ¿La razón? Un dictamen de la CGR que estableció que la "confianza legítima" de los trabajadores del sector debe quedar en manos de los tribunales de justicia, y que la institución que ella dirige debe abstenerse.
Esto implica deshacerse de parte del legado en materia laboral del excontralor, Jorge Bermúdez. Durante su administración se estableció que si a un funcionario público se le renovaba la contrata por más de dos años, dicha persona contaría con la confianza legítima de que se seguiría renovando. Esto sobre la base de que si el Estado ha actuado de determinada forma, lo seguirá haciendo en el futuro.
"En lo que respecta al empleo a contrata,
la confianza legitima implica que un funcionario que ha sido permanentemente mantenido en el cargo asume la creencia de que su empleadora lo recontratará en lo sucesivo y es, precisamente, dicha idea la que protege la figura en cuestión", detalla
Óscar Olivares, abogado y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chile.
En concreto, el giro de Pérez se materializa en el hecho de que la institución ya no emitirá dictamen en esta materia. Ello implica que los trabajadores a contrata, de ser despedidos, por ejemplo, después de dos años, no podrán reclamar en Contraloría. Y deberán ir a la justicia.
La justicia, en esta materia, ha sostenido reiterados fallos, hasta 2021. En ellos especifica que el principio de confianza legítima solo opera después de 5 años. Es por eso, justamente, que la Contralora emitió la determinación.
Según Rosa Gómez, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, el criterio hasta ahora, "ha implicado que las continuas renovaciones de las contratas -desde la segunda al menos-, generan en los servidores la confianza legítima de que tal práctica será reiterada en el futuro, lo que les brinda "estabilidad" en el ejercicio de sus funciones".
"En términos amplios y generales -resume, por su parte, Diego Messen, abogado laboral y socio de Moraga & CIA- el dictamen de la Sra. Pérez viene a establecer que la controversia que existía respecto al plazo en que la Administración podía ejercer la revocación de la calidad de trabajador a contrata -discutido entre 2 o 5 años respectivamente por la jurisprudencia administrativa y la Corte Suprema- será materia de determinación judicial por tener una naturaleza litigiosa".
Para Óscar Olivares, lo más cuestionable del pronunciamiento se da en el hecho de que "restringe el derecho del empleado a contrata de acceder a una vía de reclamación administrativa concedida legalmente y que demostró ser efectiva en la práctica, obligándolos a recurrir a tribunales, con todo lo que ello implica".
"En mi opinión -sostiene- el dictamen de Dorothy Pérez vulnera la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo, otorgándole carta blanca a las reparticiones públicas para cesar a aquellos funcionarios que no sean de su agrado".
Los cuestionamientos de la CUT y ANEF
Desde la CUT y la ANEF se pronunciaron en contra del dictamen de la Contraloría. "¡Estamos en alerta! No permitiremos que las y los trabajadores públicos, sean tratados como un botín político", publicó la CUT en su cuenta de X.
"Vemos con preocupación el reciente dictamen, emitido de manera unilateral, por la Contralora Dorothy Pérez, vulnerando el derecho administrativo de confianza legítima y abriendo la puerta a despidos arbitrarios en el Estado", agregaron.
La ANEF, por su parte, expresó su "total rechazo al cambio de criterio de la Contraloría General de la República con respecto al principio de confianza legítima".
Agregó a eso, que "lo que ha hecho la nueva Contralora nos parece grave porque ha procedido a derogar, en la práctica, la jurisprudencia administrativa por la cual el mismo organismo de control establecía el principio de confianza legítima como una herramienta de defensa de las y los trabajadores públicos".
"Esto es un nuevo retroceso en el derecho a la estabilidad laboral -añadió-, que deja nuevamente al arbitrio de las autoridades políticas de turno la continuidad del empleo, y abre una profunda grieta para el avance y futura consolidación del trabajo decente en el Estado. No lo podemos permitir".
Las críticas también provinieron de parlamentarios. La senadora Yasna Provoste, por ejemplo, llamó en X "a la nueva Contralora a que reconsidere su decisión de limitar la defensa de la confianza legítima de los funcionarios públicos solo a tribunales. Esta medida precariza la función pública y afecta la estabilidad de quienes sirven al país".
Mientras, la diputada Ana María Gazmuri aseveró que "es una mala señal que la nueva Contralora comience con un tropiezo su nueva gestión, eliminando por decreto la posibilidad que tenían los trabajadores públicos a contrata de acudir a Contraloría para pedir la confianza legítima, medida que los protegía de despidos injustificados".
A eso del mediodía, trabajadores del sector público agrupados en la ANEF realizaron una protesta en el centro de Santiago en contra del "nuevo criterio" de la contralora.
