Los trabajadores del sector público han acaparado la atención en las últimas semanas. Esto, por el paro que llevaron a cabo funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), afectando a miles de pasajeros; por el dictamen de Contraloría que cambió el criterio del princio de "confianza legítima"; y por el meteórico aumento que han tenido los funcionarios del sector que son a contrata, que se elevaron en un 90% en la última década, superando el límite legal establecido.
Todo, cuando recién inician las negociaciones entre el Gobierno -representado por Hacienda y Trabajo- y la Mesa del Sector Público (MSP) por un nuevo reajuste salarial a los funcionarios del Estado, que piden un alza real del 3% en sus remuneraciones, y quienes además anunciaron un paro nacional a partir del jueves a raíz de dicho dictámen de Contraloría que -a juicio de los trabajadores públicos- los deja en la "indefensión".
Cada una de estas situaciones ha generado tensiones. La movilización de la DGAC -que dejó 117 vuelos cancelados y 22.300 clientes perjudicados y que buscaba, entre otras cosas, el pago de un bono por parte del Gobierno- fue duramente criticado por gremios y exautoridades. "Un grupo de presión que infringe la ley en forma evidente, mantiene una posición de fuerza que afecta a decenas de miles de personas, que ven afectado su derecho al libre tránsito" dijo la Asociación de Líneas Aéreas (Achila) por esos días.
Mientras, es exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe, calificó la situación como un "chantaje". Y llamó a "frenar estos abusos" y "enfrentar de una vez la necesaria reforma laboral". "Chile se está acostumbrando a soportar paros, ralentizaciones, brazos caídos y todo tipo de medidas que afectan el normal funcionamiento de servicios críticos", aseveró.
El dictamen de Contraloría, por su parte, puso al sector público a la defensiva. En concreto, el documento emitido por la entidad que dirige Dorothy Pérez estableció que la "confianza legítima" de los trabajadores del sector debe quedar en manos de los tribunales de justicia, lo que significa que -en lo relativo al empleo a contrata- que quien sea mantenido en su cargo ya o podrá asumir la creencia de que su empleador lo mantendrá en lo sucesivo. Ello implica que los trabajadores que se encuentran en esta modalidad, de ser despedidos, por ejemplo, después de dos años, no podrán reclamar en Contraloría. Y deberán ir a la justicia.
Justamente en medio de este proceo, la CGR reveló que los funcionarios que se mantienen a contrata aumentaron en un 90% en los últimos 10 años. Y que con esta alza superaron el límite legal establecido. Si a fines de 2014 llegaban a 144.449, a junio de este año casi se habían dumplicado, alcanzado los 274.350. ¿Por qué rebasa el límite? Porque la normativa señala que las contratas no deden superar el 20% del total de plantas.
Todo lo anterior ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de una reforma al sector público. Y es que no solo el exsubsecretario Harboe alzó la voz, sino que también otras exautoridades, como el otrora ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y el economista Óscar Landerretche.
"Reformar empleo público es clave para un mejor Estado", señaló Briones tras criticar duramente el paro del a DGAC. Mientras Landerretche apuntó que "tenemos un enorme desafío de reforma del sistema de servicio civil que no es particular al aeropuerto" y que "tenemos muchas áreas en las que existen, supuestamente, prohibiciones de huelga que, en la práctica, siempre ocurren".
Tres diferencias claves entre sector público y el privado
Al pensar en una reforma, muchos se preguntan por las diferencias -de todo tipo- que existen para quienes trabajan en el sector público y quienes se desempeñan en el área privada. Rodrigo Urzúa, abogado de derecho administrativo, explica, como una de las oposiciones, que el empleo público tiene muchos más incentivos para la inmovilidad.
"El sistema de cese de funciones en el sector público tiende a dificultar la salida de funcionarios públicos -sostiene-, pero respecto de ello también influyen otras circunstancias como la ausencia de una indemnización por años de servicio, el hecho que los funcionarios públicos no imponen para el caso de cesantía (AFC), y también cuestiones operativas como la baja fiscalización y recuperación de licencias médicas por los servicios públicos".
Un grado de precariedad del sector público frente al privado -como segunda diferencia- es el que destaca Óscar Olivares, abogado y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chile. "La generalidad de los trabajadores del sector público -dice- se desempeña a contrata, extendiéndose su nombramiento como máximo al 31 de diciembre de cada año, cesando de pleno derecho en su cargo una vez llegado el plazo señalado en el decreto o resolución. Esto implica que su régimen laboral deviene en precario, careciendo de estabilidad en el desempeño de sus cargos".
Esta situación, agrega, "de acuerdo con el informe trimestral de los recursos humanos del sector público del primer trimestre del año 2024,elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda,afecta actualmente a 272.005 personas, las cuales concentran el 55,7% del total de la fuerza laboral efectiva del Estado. En cambio, el grueso de los trabajadores del sector privado está contratado a plazo indefinido".
En una tercera dimensión, Alejandro Weber, exsubsecretario de Hacienda y decano de Economía y Gobierno USS, sostiene que en el sector público hay una serie de regulaciones que continuamente se pasan a llevar y que no tienen sanción. "Aun cuando las huelgas son ilegales, sistemáticamente se viola la ley con paralizaciones que afectan la continuidad operacional de servicios que muchas veces son monopólicos e imprescindibles para la ciudadanía. Estas huelgas terminan sin sanciones por el enorme costo político que traería para las autoridades", explica.
En relación a este punto, Rodrigo Urzúa explica que "si bien en el papel los paros de los funcionarios públicos se efectúan al margen de la ley, ello no ha impedido que en los hechos exista una dinámica en que la ausencia de mecanismos de negociación ha favorecido el desarrollo de estas paralizaciones sin regulación".
Con ello, dice, "quedan en definitiva el funcionamiento de los servicios públicos supeditado a la forma en que sus directivos manejen los conflictos con las asociaciones funcionarias, mientras que en el sector privado la negociación colectiva canaliza estos procesos a períodos puntuales".
¿Qué urge en una reforma al sector público?
Antonio Leiva Rabael Profesor de Derecho Administrativo de la UNAB asegura que la reforma más urgente tiene que ver con sincerar la regulación que rige a las contratas.
Según explica, "la Ley de Presupuesto todos los años dispone que no se aplique la restricción que establece el Estatuto Administrativo sobre la proporción de las contratas en el sector público. Por otra parte, el Estatuto Administrativo establece que las contratas son cargos transitorios, pese a que un funcionario pueda ser renovado por décadas. La ley aún señala que los cargos a contratas durarán mientras sus servicios sean necesarios. Esta precariedad crea incentivos perversos en el Estado y en los funcionarios".
"En las máximas autoridades -continúa- (crea el incentivo de) hace creer que las contratas son una especie de bolsa de empleo en la cual pueden ubicar a sus más cercanos ideológicamente y no necesariamente a las personas idóneas. En los funcionarios a contrata, hace surgir la necesidad de ser complacientes con las autoridades para mitigar el riesgo de ser desvinculados".
Víctor Martínez, director ejecutivo CIES-UDD, explica, en una linea similiar, que es de relevancia reducir los cargos de confianza y aumentar los cargos concursables con condiciones claras de acceso y mérito. Junto con ello, "mejorar el diseño de la carrera funcionaría, usándola como incentivo a retener buena gente. Esto con el propósito de aumentar la movilidad horizontal y el tránsito entre el sector privado y público".
Para Olivares, en tanto, "es imperativo introducir cambios, especialmente aquella que gobierna al empleo a contrata, ya sea derogando y/o modificando las normas legales que establecen la transitoriedad de sus servicios, para así garantizándole el derecho a permanecer indefinidamente en el cargo, salvo que sea mal calificado o sancionado por infracción al principio de probidad administrativa".
Weber, por su parte, pone un énfasis en las finanzas públicas. "Es fundamental un ajuste fiscal: debemos cerrar la llave del ingreso indiscriminado de personas sin las competencias necesarias al sector público. Para ello, se podría establecer una nueva regla fiscal para que el aumento del empleo público no supere la creación de empleo privado", dice.
