Un paro nacional de funcionarios del sector público se llevará a cabo mañana, según la convocatoria realizada la semana pasada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el marco de las negociaciones por el reajuste salarial a los trabajadores del Estado.
La principal queja del sector público dice relación con el conflicto generado por el nuevo criterio que estableció la Contralora, Dorothy Pérez, respecto a la "confianza legítima", anunciando que el ente fiscalizador ya no emitirá dictámenes sobre la materia, lo que implica que los trabajadores a contrata, de ser despedidos, deberán recurrir a la justicia ordinaria que establece cinco años para que la confianza legítima se haga efectiva, y no dos como lo hacía Contraloría.
Lo anterior, a juicio de los funcionarios públicos, los deja en la "indefensión".
Además, han expresado su molestia por compromisos incumplidos de parte del Gobierno y por dichos emanados desde el Congreso que -afirman- han "denostado la labor que realizan los trabajadores del Estado".
Al respecto, fue consultada este miércoles la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien comentó que "el viernes de la semana pasada recibimos el petitorio de la Mesa del Sector Público y esta semana se están realizando las reuniones técnicas entre los Ministerio de Hacienda, la Dipres y el Ministerio del Trabajo con las contrapartes de los funcionarios públicos de todo el país".
"Este viernes nos vamos a reunir nuevamente ambos ministro, el ministro Marcel y yo, con los trabajadores públicos para iniciar formalmente la negociación", añadió.
Por lo mismo, Jara manifestó que "la convocatoria a un paro antes de sentarse a conversar no le encuentro mucho sentido, toda vez que estas conversaciones recién se van a empezar a producir".
"Cada vez que se paraliza existe, por otro lado, una ciudadanía que no puede realizar sus trámites o recibir los servicios adecuados. Haría un llamado a que si hay una molestia por palabras de la derecha en torno a la solicitud de reajuste de los salarios públicos, ojalá se los hagan saber a ellos, pero que no sea la ciudadanía los que tengan que asumir este costo", concluyó la ministra.
