El incómodo fantasma de las Isapres se le reapareció al Gobierno, tras el inicio de un nuevo capítulo de la bullada ley corta que ha generado la molestia de los afiliados al sistema privado de salud e intentos de los distintos sectores políticos para desligarse del "fierro caliente".
Es que el proyecto impulsado por el Ejecutivo -para viabilizar el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores- y aprobado por el Parlamento en mayo tras un intenso debate, permitió a las aseguradoras pagar el monto total de los dineros adeudados a sus beneficiarios por cobros en exceso en un plazo de 13 años, es decir, 156 cuotas mensuales.
Con esto,
algunas personas recibirán menos de $1.000 al mes, lo que ha levantado una ola de críticas, cuestionamientos a la normativa y duros dardos al Ejecutivo y, especialmente, a la Superintendencia de Salud, organismo que aprobó los planes de pago de las Isapres.
Así, distintas autoridades de Gobierno han abordado la situación en sus vocerías, enredando, en algunos casos, aún más la discusión al tildar como "una burla" una legislación que el mismo Ejecutivo promovió incluso emplazando en su momento a parlamentarios oficialistas dudosos. La Moneda, además, ha intentado traspasar la responsabilidad del cuestionado plazo de pago al Congreso, provocando la ira de sus propios legisladores.
La primera voz de Gobierno en abordar la situación fue la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien en conversación con Emol sostuvo que no fue fácil lograr un acuerdo para sacar adelante la ley corta, dado la complejidad de compatibilizar las devoluciones de un total de US$1.200 millones con asegurar la estabilidad del sistema.
De todas formas, reconoció la frustración de algunos afiliados y comentó que "para la gente es mucho más entendible que se les pague de una buena vez cuando son cantidades no muy grandes, y no estar ahí en cuotas pequeñas a través del tiempo, que como que no lo entienden tanto".´
Hasta ahí, un tono moderado, pero quien piso el acelerador fue la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien afirmó ayer que las pequeñas cuotas de devoluciones "sin duda, parece una burla".
"Cuando tienen respuestas de las cuales hemos estado viendo en redes sociales, donde se devuelve una cantidad ínfima en un largo periodo de plazo, la verdad, parecen burlas a la ciudadanía", recalcó.
Más tarde habló el ministro de Hacienda
, Mario Marcel, quien cuestionó las altas expectativas que se generaron durante la discusión parlamentaria de la ley corta. "Creo que es un buen recordatorio de que cuando discutimos proyectos de ley es importante ser realistas respecto de lo que uno transmite sobre lo que ese proyecto implica", manifestó, lo que no cayó muy bien en el Congreso.
Pero quien realmente desató el enfado de los legisladores fue la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien aludió a los orígenes legislativos del proceso. "Ustedes saben que lo que se terminó de aprobar no era la propuesta original del Gobierno. Nosotros advertimos las consecuencias que podía tener lo que solicitaba el Parlamento, algunos parlamentarios, respecto a los plazos", afirmó.
Vallejo subrayó que la ampliación de los plazos fue impulsada desde el Congreso. "Todos sabían y nosotros expusimos lo que podía suceder con aquello. Y ahí está el resultado de la legislación", acotó. Hoy, sin embargo, matizó sus dichos, aunque volvió a desligarse de los plazos y traspasó la responsabilidad exclusivamente a la oposición.
"Los senadores efectivamente de oposición, es decir, los senadores de Chile Vamos y Demócratas en la Comisión Mixta, solicitaron ampliar el plazo, cuestión que no era nuestra propuesta", dijo la misma ministra que en mayo, cuando el Parlamento despachó la ley, destacó que "logramos evitar un desastre".
Molestia oficialista
En ese contexto, en el cual parlamentarios de distintos sectores lanzaron duras críticas al Gobierno y al superintendente de Salud, Víctor Torres, a quienes acusan de falta de claridad y responsabilidad en la gestión.
El senador socialista Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud y uno de los participantes activos en la discusión de la ley corta, expresó su molestia en una entrevista con Radio Infinita. "Todos los planes de devolución fueron aprobados por la superintendencia y por el consejo consultivo propuesto por el Gobierno. Aquí nadie se puede lavar las manos de que no supieron y que cómo es posible. Aquí hay responsabilidades directas", afirmó.
"En la etapa final de la ley corta el Gobierno presionó intensamente a sus parlamentarios y buscó un acuerdo con la oposición a como diera lugar, en condiciones que a mí me parecía casi de rodillas frente a las Isapres"
Juan Luis Castro, senador PS
Además, cuestionó el actuar del Ejecutivo en las etapas finales del debate legislativo.
"En la etapa final de la ley corta el Gobierno presionó intensamente a sus parlamentarios y buscó un acuerdo con la oposición a como diera lugar, en condiciones que a mí me parecía casi de rodillas frente a las Isapres", añadió Castro.
También desde el PS, la diputada Danisa Astullido, deslizó que "si usted me pregunta, ¿de quién es la responsabilidad? Primero hay una responsabilidad del Gobierno, porque no se pusieron del lado de los afiliados con la excusa de venir a decirnos que el sistema iba a colapsar".
Desde el PPD también se sumaron a las críticas contra el Ejecutivo, y en especial, contra la ministra Vallejo.
"Vamos a ser muy sinceros, estamos muy molestos con la ministra Vallejo por la forma en que ella endosa absolutamente la responsabilidad a los parlamentarios de distintas bancadas que aprobamos este plan de pago o plan de salvataje, como se ha dicho anteriormente", dijo el diputado Héctor Ulloa (IND-PPD).
"Vamos a ser muy sinceros, estamos muy molestos con la ministra Vallejo por la forma en que ella endosa absolutamente la responsabilidad a los parlamentarios de distintas bancadas que aprobamos este plan de pago o 'plan de salvataje', como se ha dicho anteriormente"
Héctor Ulloa, diputado independiente-PPD
La bancada del
Frente Amplio, también descontentos con los resultados de la normativa, anunció que presentará un proyecto de ley para reducir los plazos en que las Isapres deban pagar a los usuarios.
Al respecto, el diputado Patricio Rosas, miembro de la comisión de Salud aseveró que “como Frente Amplio, sabemos que tenemos que poner hoy día un límite a esto. Vamos a cambiar las reglas del juego y vamos a presentar un proyecto de ley para pagar en menos cuotas y en menos años como era el proyecto original", agregó.
A su vez, el diputado socialista Marcos Ilabaca se sumó a las críticas, apuntando tanto al Gobierno como a los parlamentarios que visaron la ley. "Las Isapres durante años vulneraron la ley y los fallos de la Corte Suprema, y luego varios parlamentarios en conjunto con el Gobierno generan esta ley que lo único que hizo fue meterle la mano nuevamente al bolsillo de los afiliados para poder costear la deuda", afirmó.
Ilabaca calificó como un "grave error" la manera en que se estructuró la devolución a los usuarios.
Desde la oposición, el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, también miembro de la Comisión de Salud, señaló que el problema radica en la falta de previsión y en expectativas mal manejadas.
"El superintendente de Salud junto con el consejo consultivo fueron los que aprobaron el plan de ajuste y pago, y fue el Tribunal Constitucional el que señaló que el único que tiene iniciativa en esta materia es el Gobierno, el cual generó una expectativa irrisoria", criticó.
Chahuán insistió en que tanto el Ejecutivo como las aseguradoras deben rendir cuentas. "Exigimos dignidad para los cotizantes y, en ese contexto, citamos al superintendente de Salud para que rinda cuenta respecto a cómo y en qué condiciones fueron aprobados los planes de ajuste y pago. Lo segundo es que es fundamental que las expectativas que originó el Gobierno sean asumidas", puntualizó.
"El superintendente de Salud junto con el consejo consultivo fueron los que aprobaron el plan de ajuste y pago, y fue el Tribunal Constitucional el que señaló que el único que tiene iniciativa en esta materia es el Gobierno, el cual generó una expectativa irrisoria"
Francisco Chahúan, senador RN
Por último,
el senador de la UDI, Sergio Gahona, cuestionó la respuesta del Ejecutivo y la vocería de la ministra Camila Vallejo.
"Aquí no se trata, y esperamos que el Gobierno no trate de esconder las castañas con la mano del gato, que es lo que hace la ministra vocera al responsabilizar al Legislativo de esta situación"
Sergio Gahona, senador UDI
"Esperamos que el Gobierno no trate de esconder las castañas con la mano del gato, que es lo que hace la ministra vocera al responsabilizar al Legislativo de esta situación", indicó.
Gahona enfatizó que la responsabilidad es exclusiva del Ejecutivo.
"Esto es materia de seguridad social y sería exclusiva del poder Ejecutivo, es decir, del Gobierno del Presidente de la República. Lo que uno esperaría es que efectivamente busquen soluciones y no estén tratando de echar la culpa al empedrado", concluyó.
