Maisa Rojas, ministra de Medio Ambiente.
El Mercurio
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, reaccionó al fallo del Primer Tribunal Ambiental que anuló la resolución del Comité de Ministros del Gobierno, la cual rechazó el proyecto minero-portuario Dominga en enero de 2023.
En una escueta declaración, la secretaria de Estado resaltó que la decisión aún puede ser revisada por la Corta Suprema, y evitó referirse a las críticas del fallo del Tribunal Ambiental a su actuar, dado que a juicio del tribunal la ministra debió haberse inhabilitado de la votación del Comité en enero pasado, considerando que había emitido pronunciamientos y declaraciones previamente en contra del proyecto en cuestión.
"Como Ejecutivo, respetamos las decisiones de otro Poder del Estado.
Hay que considerar que esta es una decisión que aún puede ser revisada por la Corte Suprema y que no podemos referirnos al fondo del asunto por ser un proceso pendiente", declaró la secretaria de Estado, enfatizando la postura del Gobierno ante la decisión judicial.
El tribunal acogió la reclamación de Andes Iron SpA, titular de la iniciativa, y calificó de "ilegal" la resolución emitida por el Comité de Ministros.
En su fallo, se acusó que el proceso vulneró los principios de imparcialidad y confianza legítima debido a la participación de la ministra Rojas y de la entonces titular de Minería, Marcela Hernando, quienes habían expresado opiniones públicas contrarias al proyecto antes de la votación.
"Estas participaron de la votación en la sesión del Comité de Ministros (...) pese a haber emitido pronunciamientos y declaraciones previamente en contra del proyecto Dominga. La situación descrita (...) constituye una infracción al principio de imparcialidad", señala el documento judicial.
El fallo también cuestionó al Comité de Ministros en su conjunto, que además de Rojas y Hernando, incluía a los ministros de Salud, Ximena Aguilera; de Economía, Nicolás Grau; de Agricultura, Esteban Valenzuela, y de Energía, Diego Pardow.
Según el tribunal, este órgano "infringió los principios de imparcialidad y confianza legítima al adoptar el acuerdo de acoger las reclamaciones PAC (relativas a participación ciudadana) en sesión integrada con ministros de Estado que, habiendo previamente manifestado su parecer, posteriormente no se inhabilitaron".
