El subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, salió al paso de las críticas sobre la actuación del Gobierno respecto al fallo del Primer Tribunal Ambiental, que ordenaba al Ejecutivo volver a pronunciarse sobre el proyecto Dominga con plazo máximo el 31 de diciembre, lo que no ocurrió.
En entrevista con Tele13 Radio, Proaño detalló las acciones realizadas y abordó las dudas sobre el cumplimiento de la sentencia, insistiendo en que no existe desacato.
Proaño explicó que el Comité de Ministros se reunió en una sesión extraordinaria el 23 de diciembre, cumpliendo -a su juicio- con los pasos necesarios para abordar el dictamen.
"El Comité de Ministros Extraordinario fue citado en forma, se publicó la citación en el sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), y además se envió un comunicado de prensa explicando que la sesión tenía como objetivo analizar el fallo del Tribunal Ambiental", señaló.
Asimismo, mencionó que la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, ofreció un punto de prensa posterior para detallar las decisiones tomadas.
Entre estas decisiones, destacó que todos los ministros se inhabilitaron, basándose en la interpretación de que el fallo del tribunal impone un estándar de abstención superior al legal.
"Nos pareció necesario aclararlo, porque se citó en forma una sesión extraordinaria, pero además luego se envió un comunicado de prensa, cuyo título era justamente el Comité de Ministros en sesión extraordinaria", añadió el subsecretario.
Contraloría y dudas sobre la presidencia
El Ejecutivo solicitó a la Contraloría General de la República una interpretación sobre quién debe presidir el Comité de Ministros, ya que las inhabilitaciones dejaron vacante ese rol.
Al respecto, Proaño destacó que existen dos posibles hipótesis: que opere el orden de precedencia entre ministerios, o que la presidencia deba recaer en uno de los integrantes del Comité de Ministros.
"Si opera el orden de Presidencia y, por lo tanto, que pueda presidir el Comité de Ministros, un ministro, ministra, un ministerio (...) Porque en nuestro caso, por ejemplo, operaría así; siguiendo el orden de Presidencia, presidiría el Ministerio de Cultura, por ejemplo", aseveró.
Proaño insistió en que este punto es fundamental para garantizar el cumplimiento de la sentencia.
"Aquí el adagio de nadie ha estado obligado a lo imposible, la presidencia del Comité de Ministros es quien tiene que citar a un Comité de Ministros. Y lo que no tenemos claro y lo que le estamos pidiendo a Contraloría, fundamentalmente, es que interprete o que nos dé luces, y establezca algunos criterios respecto de quién tiene que presidir el Comité de Ministros y por qué", aclaró.
¿Dilatación o prudencia?
En la entrevista, se planteó que algunos sectores consideran que el Gobierno está dilatando el proceso para ganar tiempo en espera de resoluciones judiciales o recursos ante la Corte Suprema.
Ante esto, Proaño enfatizó que "lo importante es distinguir respecto a opiniones personales previas. La decisión que los ministros toman debe basarse en los antecedentes que expone el Servicio de Evaluación Ambiental. Si eso no se realiza adecuadamente, la institucionalidad ambiental permite que se presenten reclamaciones".
El subsecretario también defendió la imparcialidad de los integrantes del comité, pese a las opiniones que puedan haber tenido antes de asumir sus cargos.
Críticas del oficialismo
Las críticas hacia el manejo del caso no solo provienen de la oposición. El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) cuestionó la reacción del Gobierno ante el fallo, sugiriendo una falta de claridad en la comunicación.
Al respecto, Proaño reconoció que es un aspecto a mejorar. "Siempre se puede tratar de ser más claro y efectivo en la comunicación, pero lo cierto es que se difundió en todos los medios de comunicación, con comunicados de prensa y un punto de prensa posterior", respondió.
En cuanto a las dudas sobre si el Gobierno considera cumplido el fallo, Proaño reiteró que "se está cumpliendo. O sea, lo que no nos puede pasar y por eso hemos sido especialmente cuidadosos, es que citáramos a un comité de ministros apresuradamente".
Finalmente, Proaño subrayó que el Gobierno actuará conforme a la normativa y en respeto a la institucionalidad ambiental.
