En concreto, la entidad presidida por Jorge Rodríguez enfatizó que entre 2026 y 2029 será necesario ajustar el presupuesto del Estado en US$ 5.950 millones (1,6% del PIB). Esto, según estiman, ya que los gastos comprometidos superan los niveles de desembolsos compatibles con la meta fiscal.
Para esa conclusión, el informe profundiza que esto es el resultado de "una trayectoria iniciada con la crisis financiera global de 2008 y acrecentada por la pandemia de Covid-19 (2020-2021), que no se ha estabilizado. Es así como el gasto público ha superado a los ingresos estructurales en 15 de los últimos 17 años, y ha existido un aumento sostenido de la deuda bruta y neta".
En esa línea sostienen que en 2022 se redujo "significativamente" el gasto público en 23%, retirando gran parte de las medidas extraordinarias de la pandemia. Sin embargo, el Consejo señaló que "tanto en 2023 como en 2024, que fueron años sin crisis, hubo importantes déficits estructurales, de 2,7% y 3,2% del PIB respectivamente, lo que profundiza el desafío de converger, al menos, hacia un balance estructural y estabilizar la deuda".
De esta manera, el CFA consideró imprescindible cumplir en 2025 con la meta estructural de -1,1% del PIB, lo cual requiere ajustes adicionales del gasto por al menos 0,5% del PIB este año.
Como el estrés fiscal se proyecta al mediano plazo, señalan que se se requiere un plan que genere espacio fiscal permanente.
"En efecto, la Dipres prevé holguras negativas cada año hasta 2029. En particular, proyecta que los gastos ya comprometidos superan el nivel compatible con las metas supuestas de BE en un promedio de 0,4% del PIB por año, lo que equivale a un total de 1,6% del PIB (US$5.950 millones) durante el período 2026-2029".
La entidad resaltó que, en ausencia de nuevos ingresos, la necesidad de ajuste podría ser mayor si no se gestionan adecuada y oportunamente una serie de riesgos.
Entre los que destacó: nuevos incumplimientos de las metas de BE, el encarecimiento del financiamiento, efectos cambiarios en la deuda, subestimación de las necesidades de inversión pública, menor recaudación que la esperada de la Ley de Cumplimiento Tributario, y la activación de gastos o desactivación de ingresos que actualmente no estén adecuadamente registrados en la contabilidad fiscal.
En cuanto a la deuda bruta, si bien la Dipres proyecta que no superará el nivel prudente de 45% del PIB en el mediano plazo, el CFA advirtió que también podría verse afectada por los riesgos señalados.
Además de las recomendaciones en corto plazo, el Consejo sugirió para el mediano plazo: Alcanzar un acuerdo político amplio para lograr ganancias de eficiencia permanentes del gasto público; mantener el nivel prudente de deuda en 45% del PIB; enfocar el ajuste fiscal requerido en el mediano plazo preferentemente en el gasto corriente; mejorar la planificación y gestión de la ejecución presupuestaria del gasto de capital.
Asimismo, explicitar las razones para la disminución de la inversión pública comprometida a mediano plazo; precisar, aclarar y eventualmente corregir ciertas transacciones de la contabilidad para la regla fiscal y/o contabilidad pública; aumentar la transparencia sobre pasivos no incluidos en las reglas fiscales.
Por último, subrayó que "el Consejo reitera la necesidad de un acuerdo amplio en pos de la sostenibilidad fiscal, que abarque a los poderes ejecutivo y legislativo, para garantizar la coherencia entre los gastos permanentes y sus fuentes de financiamiento".
Cabe señalar, que Hacienda dará a conocer en abril, en el marco del Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre el ajuste definitivo para el año, así como una serie de medidas correctivas para retomar la senda fiscal.
