Cierres de compañías y de plantas productoras en el norte y sur del país paralizaron de la construcción de nuevas instalaciones productivas y la pérdida de miles de puestos de trabajo.
Esos son algunos de los efectos que se producirían en el sector pesquero industrial, afirman las empresas, si se materializa el proyecto de ley de fraccionamiento que está impulsando el Ejecutivo en el Congreso.
Esta iniciativa busca reducir las cuotas de extracción vigentes hasta 2032 de las compañías industriales y aumentar la de los artesanales. En el proyecto se plantea reducir a los industriales las cuotas en la pesquería de Jurel que explica el 87% de la recaudación fiscal del sector.
A la vez, el crecimiento anual del volumen de ese recurso para Chile autorizado por la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur será licitado a la industria, lo que elevaría la concentración, afirman en el rubro.
Los cambios en esta última pesquería son los que más preocupan a empresas industriales, las cuales ya están afinando demandas en sedes judiciales locales e incluso del exterior.
Así lo reconocieron en conversación con El Mercurio los gerentes generales de cuatro de las siete pesqueras industriales más relevantes del país; Ricardo García de Camanchaca (familia Fernández), Andrés Daroch de FoodCorp (firma de capitales noruegos), Gerardo Balbontín de Blumar (grupo Sarquis y Vinagre) y Andrés Fosk, de Landes (familia Fosk).
Estas cuatro firmas representan cerca del 60% de la industria del jurel de la zona centro-sur del país y aproximadamente 80% de la producción pesquera para consumo humano directo, indicaron. Camanchaca y Blumar están abiertas en la bolsa en Chile.
Blumar frena planta
"Es una muy mala ley que parte de un principio netamente ideológico. Se están vulnerando derechos adquiridos", afirmó el gerente general de Blumar, Gerardo Balbontín.
El ejecutivo señaló que al ser esta una compañía abierta en bolsa, "tenemos una infinidad de accionistas, muchos de ellos aportes de AFP o fondos de inversión, y tenemos la obligación de defender sus intereses. La compañía está contemplando recurrir legalmente a todas las sedes que sea necesario en el caso de prosperar la ley como está".
Balbontín admitió que el mayor impacto para la firma es en la pesquería del jurel. "Es muy probable que tengamos que parar un barco que está operando. Además, teníamos un proyecto para construir con los permisos ambientales otorgados una nueva planta en Coronel, con la intención de contratar a 450 personas que trabajarían ahí. Eso se congela de forma inmediata. Por lo tanto, lo único que agrega esto es incertidumbre al desarrollo de la compañía". En Blumar trabajan unas mil personas en el negocio pesquero y otra cantidad igual en su área de salmones".
Camanchaca prevé cierres en norte y sur
Ricardo García, gerente general de Camanchaca, afirmó que "este es un proyecto expoliatorio, que es la expropiación sin pagar la correspondiente indemnización. Por lo tanto, como representante de una compañía que tiene varios miles de accionistas, tendré que tomar las acciones legales que correspondan tomar cuando tengamos un proyecto despachado". Y añadió que "no tengo opción sino que demandar al Estado de Chile si me expolia porque esto no es legítimo, es inconstitucional".
Estimó que el próximo gobierno tendrá que enfrentar las eventuales demandas si el actual proyecto se aprueba en el Congreso. "Esto será llamativo en el futuro. La "Expoliación Grau", dijo en alusión al rol del ministro de Economía, Nicolás Grau.
Admitió que el principal golpe es por el lado del recurso del jurel. Advirtió además que si se aprueba la iniciativa, es probable que al cierre de su planta de conservas en el Biobío, que produce 24 millones de unidades para consumo en Chile y el exterior y donde trabajan 400 personas, la mayoría mujeres. En el norte, en tanto, estimó que tras los ajustes de la fracción en la anchoveta que se proponen, tendrían que cerrar su operación en Iquique.
FoodCorp evalúa ir a entes internacionales
FoodCorp firma chilena de capitales noruegos del grupo Austevoll Seafood ASA, opera desde 1991 en Chile. Su gerente general, Andrés Daroch, afirmó que "los propietarios de las empresas tienen desilusión. Dicen, hemos cuidado todo, hemos hecho bien las cosas, nos cuidamos del ambiente, de los vecinos del medio ambiente, hemos invertido para mitigar las molestias que pueden existir y ahora nos cambian las reglas del juego".
Sobre los impactos del proyecto aseguró que "son devastadores", especialmente en jurel, pero también en sardina y anchoveta. Sostuvo además que "la primera visión es que no da el negocio. Tendremos que cerrar, asociarnos con alguien, es decir, una nueva escalada que podría ocurrir en la crisis anteriores". La firma emplea a 700 personas.
Daroch indicó que están analizando "absolutamente todas las opciones que la ley nos permite tomar". Reconoció que no descartan acudir a entidades que ven controversias comerciales internacionales por ser inversionistas extranjeros, "pero también instancias locales, el Tribunal Constitucional", añadió.
Landes: "Es inconstitucional"
"Me parece que es una lápida para las empresas del tamaño de la que yo tengo el placer y el honor de dirigir. No tenemos ninguna posibilidad de competir si simultáneamente nos disminuyen el volumen y nos aumentan los costos", señaló Andrés Fosk, gerente general de Landes.
Afirmó que el mayor efecto para la compañía es por los cambios en el jurel. "Tenemos 800 empleados, el 60% de ellos trabaja relacionado con la operación de jurel", explicó. Agregó que "eso significa menor trabajo y eventualmente el cierre de la compañía".
Fosk aseguró que "estamos trabajando con asesores legales para evaluar todas las acciones posibles y una vez que exista la ley esté promulgada, vamos a saber exactamente cuál tomar, pero sin duda el primer tema es la inconstitucionalidad del proyecto, la vulneración de nuestros derechos otorgados en 2012, cuando se cambiaron los permisos de pesca por licencias transables de pesca".
