El Ejecutivo impulsa en el Congreso cambios a la Ley de Pesca, vigente desde 2013. Esto, a través de dos proyectos. El primero busca cambios generales, aunque en el texto propuesto existe un alto porcentaje de similitud con la normativa actual.
La otra iniciativa apunta a modificar el fraccionamiento (cuotas de recursos pesqueros). Es el tema que ha sido el más polémico en los últimos días —con violentas protestas en ciudades y hasta en el mar— y que busca reducir las cuotas de captura al sector industrial y aumentarlas a los denominados "artesanales".
También, ese proyecto plantea subastar el crecimiento de la cuota de jurel para Chile, que se define anualmente. El mecanismo es criticado por las grandes empresas, las cuales señalan que promueve la concentración.
Pese a las críticas que ha recibido la actual Ley de Pesca de parte de algunos sectores políticos —principalmente ligados a la izquierda—, del mundo artesanal y ciertos expertos, en septiembre de 2016 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) evaluó esta legislación, efectuó recomendaciones y realizó positivos comentarios de la norma.
El informe fue solicitado a la FAO por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) bajo la presidencia de Michelle Bachelet.
¿Su objetivo? "revisar el texto de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) N° 18.892 de 1989 y, en particular, las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.657, de 9 de febrero de 2013, a la luz de los instrumentos y buenas prácticas internacionales para la sostenibilidad y buena gobernanza del sector pesquero", se señala en el documento.
Sustentabilidad
"Se puede constatar que las modificaciones introducidas a la LGPA por la Ley Nº 20.657 incorporan una serie de principios y mecanismos de una moderna legislación pesquera, tales como: el principio de sostenibilidad, el enfoque ecosistémico y el principio precautorio, que evidencian la importancia que el país otorga al mantenimiento de los recursos pesqueros y su protección a futuro.Además, desde el punto de vista institucional y de gobernanza, se evidencian avances tales como el establecimiento de Comités Científicos Técnicos (CCT) y Comités de Manejo (CM) como mecanismos del sistema de ordenación pesquera, los que recogen las recomendaciones de toma de decisiones basadas en la ciencia y el manejo participativo, respectivamente", señaló la FAO en su informe.
En esos comentarios conclusivos dice asimismo que que "uno de los grandes avances de la LGPA es la importancia que la misma otorga al ‘uso sustentable' de los recursos pesqueros y, por ende, al reconocimiento de la necesidad de ordenar las pesquerías de forma tal que las generaciones futuras puedan beneficiarse de las mismas, es decir, aplicando el principio de la equidad intergeneracional".
Por otra parte, recomienda que la ley "incluya, dentro de sus principios rectores, expresamente a la seguridad alimentaria. Lo anterior es consistente con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, ratificada por Chile".
Derechos por historia y las licitaciones
El texto también alude a la explotación de las pesquerías. En ese sentido, "la FAO considera que la forma de acceder y asignar los derechos debe adecuarse a las condiciones y circunstancias locales, procurando la gestión sostenible de los recursos pesqueros y la aplicación del enfoque de pesca basada en derechos".
Previo a esta conclusión, la entidad señala que el otorgamiento de derechos por historia pesquera, es "una suerte de derecho consuetudinario que les otorga preferencia en la asignación de derechos de extracción a las personas (naturales o jurídicas) que han estado presentes con antelación. Se trata del principal sistema de asignación de derechos de pesca a nivel mundial para recursos marinos móviles.En el caso chileno, la asignación de cuotas a armadores industriales como el Límite Máximo de Captura por Armador (LMCA), vigente entre los años 2001 y 2013, y el de Licencias Transables de Pesca clase A (LTP), actualmente vigente, así como la asignación de cuotas a armadores artesanales a través del Régimen Artesanal de Extracción, se realiza a través de un sistema de asignación de cuotas por historia pesquera".
Sobre las subastas, indica que "para esta modalidad existe bastante menor experiencia a nivel internacional y la evaluación de las pocas experiencias que existen no ha sido siempre positiva".
Discrepancias actuales
En la comisión de Hacienda del Senado —donde se discute el proyecto de fraccionamiento— expuso el miércoles el abogado y expresidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia Tomás Menchaca, quien recordó que la FAO valoró positivamente la actual ley. Sin embargo, tras él vino el subsecretario de Pesca, Julio Salas, quien lo rebatió: "El planteamiento que hace el colega Menchaca, muy respetuosamente, en algunos casos adolece de falta de rigor, en algunos temas bien significativos.Por de pronto, hizo en varios momentos referencias al informe de la FAO, que no se pronuncia sobre el origen del proyecto de ley de pesca, ni de la legitimidad de las normas vigentes".
Al respecto, Macarena Cepeda, presidenta del gremio Pescadores Industriales del Biobío, comentó que, "durante largo tiempo, parlamentarios de Gobierno y las autoridades del Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Pesca han ocupado sus creencias, opiniones y medias verdades para crear un clima antiindustria.Sin embargo, ahora creemos se cruzó una línea muy peligrosa, porque el subsecretario ahora faltó a la verdad en el Congreso de la República, señalando que la FAO no había valorado la ley de pesca vigente y que no había reparos de este organismo a las subastas pesqueras que el Gobierno quiere, vía un experimento legislativo, incorporar en Chile".
Cepeda sostuvo que el trabajo de la FAO "ratifica que la legislación chilena vigente es un cuerpo elaborado con un criterio científico en el que prima un espíritu de conservación del patrimonio pesquero chileno. Hoy, casi una década más tarde, es posible verificar esta apreciación en el estado sostenible y abundante del jurel".
