La tramitación de la Ley de Fraccionamiento de Pesca ha generado protestas y divisiones entre los distintos actores del sector. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de avanzar en una distribución distinta de los recursos pesqueros, entregando mayor espacio a los artesanales, los industriales advierten sobre el riesgo de quiebras y pérdida de empleos.
El subsecretario de Pesca, Julio Salas, en entrevista con Radio Cooperativa, sostuvo esta mañana que "este es un proyecto ansiado por el mundo de la pesca artesanal y que tuvo una tramitación rápida en la Cámara de Diputados. Fue despachada con 117 votos a favor, un apoyo transversal entre gobierno y oposición".
No obstante, sostuvo que la iniciativa que se encuentra detenida en la Comisión de Hacienda del Senado, ha generado "tensión e incertidumbre" en el sector.
Salas reconoció que algunas modificaciones introducidas en el Senado han generado rechazo en ciertos grupos de pescadores artesanales, pero aseguró que "queda aún la Sala del Senado, el tercer trámite y eventualmente la Comisión Mixta".
En ese sentido, señaló que de las 18 pesquerías que regula el proyecto, "probablemente vamos a llegar con una que tiene mucha diferencia entre lo que está planteando la Cámara y el Senado" y anticipó que "la merluza común" será el punto más complejo de la discusión.
El subsecretario explicó que el fraccionamiento busca determinar "cuánto de un recurso, como la merluza o el jurel, podrá extraer el sector artesanal y cuánto la industria".
En esa línea, remarcó que la actual distribución es desigual, citando como ejemplo que "en el norte, el jurel está distribuido un 95% para la industria y un 5% para el sector artesanal. En el sur, el 90% para la industria, 10% para el sector artesanal". Añadió que esta inequidad "hace que la pesca artesanal esté en una situación de angustia bien fuerte en términos de acceso a los recursos".
"Es un proyecto que genera inquietud, que genera preocupación, pero que al mismo tiempo genera, creo yo, amplio respaldo respecto de gran parte del proyecto. Yo creo que hoy día de las 18 pesquerías o recursos que estamos regulando, probablemente en 14 o 15 de ellos, ya estamos muy cerca de un número final que le parezca razonable a todos los actores y que esté generando amplio respaldo", subrayó Salas.
Sin embargo, desde la industria pesquera han manifestado su oposición a estos cambios. Felipe Sandoval, presidente de Sonapesca, señaló en Radio Pauta que "el año 2012, las empresas optaron libremente por un sistema que duraba hasta el año 2032, dentro del cual está el fraccionamiento y el máximo a licitar por pesquería. Si se quiere cambiar antes del 2032, se está cambiando las reglas del juego".
Asimismo, advirtió que cualquier modificación debería ser consensuada con las empresas para que "lo asuman voluntariamente y no afecten un derecho que quedó establecido".
Sobre eventuales acciones legales, Sandoval aseguró que "de todas maneras" podrían recurrir a la justicia, ya que "si uno se planifica para tener un cierto régimen de captura hasta el 2032 y se lo cambian a mitad de camino, se generan incertidumbres que afectan la inversión y la estabilidad del sector".
El dirigente gremial alertó sobre el posible impacto de la reforma en la industria pesquera. "Estoy diciendo que dos empresas tendrían que cerrar y una tendría que disminuir entre 20 y 30% su capacidad productiva".
Específicamente, mencionó a Camanchaca, indicando que "con la propuesta que hay, en el norte se dice que vamos a pasar del 80% de la anchoveta del sector industrial a que tenga un 20%. Una de las empresas tiene un 25% de lo que tiene el sector industrial, o sea, si tiene un 25 y le dejan un 5% para capturar y procesar, con eso no vive, tiene que cerrar".
A su vez, advirtió que en la zona centro-sur, "PacificBlu, que es la empresa que trabaja con merluza común, hoy día está casi en el equilibrio, pero si le bajan la cuota de merluza y ya le quitaron la jibia, esa empresa no subsiste, tiene que cerrar".
Desde la industria han cuestionado el enfoque del Gobierno respecto a la justicia social en la redistribución de cuotas. "Creo que están muy equivocados en su concepción de justicia social", afirmó Sandoval, agregando que "cuando uno tiene una mirada equitativa, tiene que mirar al conjunto del sector".
"En la pesca hay 35.000 trabajadores en la industria en forma directa, más todos los que están en forma indirecta. Cuando usted está afectando a esos trabajadores, bueno, hay familias detrás, hay proveedores detrás, ¿y quién está preocupado de eso?", aseveró.
