La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez.
El Mercurio
Un duro cuestionamiento al proyecto de ley promovido por el Gobierno que busca fortalecer las facultades del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), realizó la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez.
A través de una carta en El Mercurio, la líder del gran empresariado criticó el enfoque que ha tenido la discusión parlamentaria, advirtiendo que algunas de las normas aprobadas incluso "rozan lo absurdo" y podrían traducirse en efectos negativos tanto para consumidores como para empresas.
"En marzo pasado, la comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó en particular el proyecto de ley 'Sernac Te Protege'. Aunque aún está en primer trámite, preocupa la forma en que se ha desarrollado la discusión", expresó Jiménez, apuntando directamente al Gobierno por insistir en una iniciativa que, según ella, reabre un debate que ya fue zanjado por el Tribunal Constitucional.
En ese sentido, sostuvo que "el Ejecutivo busca reinstalar la facultad sancionatoria del Sernac, pese a que el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional en 2017, por afectar la separación de poderes y la imparcialidad del servicio.
Los resguardos incluidos en esta nueva propuesta no resuelven ese problema de fondo".
Jiménez alertó también que el proyecto no solo apunta a reponer facultades sancionatorias, sino que extiende considerablemente el alcance del organismo.
"Lejos de corregir estos riesgos, la Cámara ha aprobado indicaciones que rozan lo absurdo"
Susana Jiménez, presidenta de la CPC
"Además, el proyecto busca incorporar cambios que amplían los derechos de los consumidores en distintos ámbitos, como permitir reclamos incluso cuando no se ha pagado por un producto o servicio; exigir que las normas siempre se interpreten de la manera más favorable para el consumidor, y establecer un plazo mínimo de 24 horas para liberar el dinero de créditos preaprobados", añadió.
En ese sentido, argumentó que "estas medidas se topan con regulaciones ya existentes en otros sectores y apuntan a transformar al Sernac en un regulador omnipresente, debilitando la especialización normativa".
Jiménez fue más allá en sus críticas y sostuvo que varias de las indicaciones aprobadas en la Cámara carecen de sentido práctico.
"Lejos de corregir estos riesgos, la Cámara ha aprobado indicaciones que rozan lo absurdo. Por ejemplo, sorprende que se haya aprobado la exigencia de atención humana en los canales de posventa en menos de cinco minutos desde que esta sea solicitada, o la prohibición del cobro de estacionamientos en centros de salud, sin considerar los efectos en la disponibilidad de espacios o los tiempos que perderán los propios usuarios", criticó.
La representante del gran empresariado aseguró que, si bien es legítimo buscar mecanismos que fortalezcan la protección al consumidor, no se puede avanzar a costa de generar ineficiencias y burocracia en el sistema.
"Aunque bien intencionadas, este tipo de regulaciones terminarán perjudicando a consumidores y empresas. Sobrecargar al Sernac con funciones que desdibujan el principio de especialidad y que lo hacen juez y parte, solo añade burocracia e ineficiencia. Proteger al consumidor es clave, pero requiere reglas claras, con sentido común y bien enfocadas", concluyó.
