SAN SALVADOR.- Una organización salvadoreña llamó a la Fiscalía a pedir la libertad de una joven abusada desde que era menor de edad por su padrastro y que es procesada por intento de homicidio, cometido supuestamente al tratar de abortar a una niña producto del abuso.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto denunció en conferencia de prensa una serie de irregularidades en la causa contra Imelda Palacios, de 19 años, como el retardo en la realización de evaluaciones psicológicas y en la acusación contra su padrastro, Pablo Henríquez, por violarla durante seis años.
Bertha Deleón, una de las abogadas defensoras de Palacios, llamó a la Fiscalía a "reconocer su error" y a pedir el sobreseimiento, dado que las condiciones de violencia sexual que sufría la joven configuran una de las causas que excluyen la responsabilidad penal.
El Código Penal salvadoreño establece en el artículo 27 que no es responsable penalmente una persona que actúa en "circunstancias tales que no sea racionalmente posible exigirle una conducta diversa a la que realizó".
"Ella estaba viviendo con su agresor, estaba siendo amenazada" y con "un sometimiento total", apuntó Deleón, quien añadió que la joven fue abusada por su padrastro desde que tenía 12 años.
Angélica Rivas, también defensora de Palacios y parte de la citada organización, señaló que el proceso contra la joven "está íntimamente relacionado con la penalización absoluta del aborto".
"Debemos cambiar la ley para que estas injusticias no sigan pasando", sostuvo Rivas, quien crítico el "prejuicio" existente en el sistema de salud y de justicia contra la mujeres que sufren problemas obstétricos.
De acuerdo con el relato de la organización, Palacios tuvo un "parto extrahospitalario" en abril de 2017 en la letrina de su casa, en una zona rural del oriente salvadoreño, tras tener fuertes dolores y sentir que "algo se le había desprendido".
Según la letrada Deleón, Palacios estaba en un estado de "negación" del embarazo por los abusos sexuales sufridos, de los que la familia de la joven tenía conocimiento, y porque también presentaba sangrado menstrual.
Añadió que en una prueba genética ordenada por un juez en el proceso contra Henríquez por violación, que se inició hasta un año después de que Palacios lo denunció, determinó que es padre de la niña y que buscarán que el mismo sea incorporado a la causa que enfrenta la joven.
La legislación salvadoreña establece penas de entre seis meses y doce años para delitos relacionados con la interrupción del embarazo, pero los fiscales suelen acusar de homicidio u homicidio agravado a las mujeres que sufren complicaciones en la gestación que dan lugar a abortos espontáneos.
