Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado varias protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, reforzando la seguridad en las calles.
Reuters (archivo)
MANAGUA.- Nueve nicaragüenses que protestaron contra el Gobierno del Presidente
Daniel Ortega fueron declarados ayer
culpables del delito de terrorismo en perjuicio del Estado de Nicaragua, en el marco de la
crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado y que ha dejado
cientos de muertos.
La jueza segunda de distrito penal de juicio de Managua,
Adela Cardoza, declaró culpables por terrorismo y tenencia y portación de armas de fuego y municiones a los nueve hombres originarios del municipio de Tipitapa, 25 kilómetros al norte de Managua.
El fallo determinó que los acusados son
culpables de levantar tranques o
bloquear las vías en esa ciudad en el marco de las protestas contra el Gobierno, donde además de impedir la libre circulación y movilización, cobraban peaje o amenazaban con matar a los que accedían a sus exigencias.
Por tanto, según la jueza, el Ministerio Público pudo demostrar su
"teoría fáctica" y declaró culpables a
Wilmer Martínez, líder del grupo, así como a
Ervin Zamora,
Daniel Sánchez,
Júnior Sánchez,
Juan Carlos Bermúdez,
José García,
Wilfredo Orozco,
Mauricio Paniagua y
Yudielka Flores.
Mientras tanto
Guillermo Ruiz,
Yader Cantón y
Francisco López fueron
declarados inocentes porque el Ministerio Público no demostró su participación en los ilícitos, según dijo la jueza.
El Ministerio Público pidió una pena de 24 años para los condenados, mientras la defensa de los acusados, Julio Montenegro, una pena de 15 años.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado varias protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y un saldo de entre
322 y 512 muertos, según organismos de Derechos Humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
La oficina del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha
responsabilizado al
Gobierno de "más de
300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de "golpe de Estado".