SANTIAGO.- Luego de más de dos años de hostilidades, el Gobierno de Guatemala, liderado por el Presidente Jimmy Morales, anunció el fin unilateral del acuerdo con Naciones Unidas (ONU), que establecía la existencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) .
Pese al rechazo manifiesto del secretario general de ONU, António Guterres, y de organizaciones civiles y sociales, el Mandatario dio por terminado de forma "inmediata y definitiva" la actividad del grupo. "Ha intervenido la Justicia negociando con criminales, secuestradores, asesinos, terroristas", defendió, acusando a la entidad de atentar contra la seguridad nacional y la soberanía del país.
"(La Cicig) ha intervenido la Justicia negociando con criminales, secuestradores, asesinos, terroristas"
Jimmy Morales, Presidente de Guatemala
Minutos antes de que el Presidente hiciera su anuncio en el salón Banderas del Palacio Nacional, rodeado de procesados e imputados por la fiscalía y la Cicig, la canciller Sandra Jovel sostuvo una reunión con Guterres en Nueva York. Le comunicó que el acuerdo
finalizaría 24 horas después de dicha cita y que los funcionarios de la comisión deberían
abandonar inmediatamente el país.
La decisión generó malestar y la reacción fueron protestas y manifestaciones. Pero, ¿cuál es la función concreta de la Cicig y por qué Morales decidió suspenderla?
Su rol y cómo surge
Guatemala y la ONU firmaron el 12 de diciembre de 2006 un acuerdo relativo a la instalación en el país de una Comisión Internacional Contra la Impunidad, que finalmente comenzó sus actividades en 2007. El documento estableció que sus objetivos serían apoyar y fortalecer a las instituciones del Estado encargadas de la investigación y persecución penal para identificar y desarticular organizaciones criminales que operaran en el país. Como parte de eso, también tenía la posibilidad denunciar a empleados públicos que en el ejercicio de su cargo cometieran delitos.
Este rol convirtió a la Cicig en un grupo clave en el avance de investigaciones sobre corrupción, las que han alcanzado a las más altas autoridades, empresarios, políticos y jueces. Uno de ellos es el ex Presidente guatemalteco Otto Pérez. En 2015, la Cicig y la fiscalía destaparon la operación de una red de defraudación aduanera, lo que provocó la renuncia de Pérez y su posterior detención por su papel como líder de la organización criminal. Actualmente, espera su juicio en prisión.
Tensiones con Morales
Según los estatutos acordados, la presencia de la llamada Cicig debía ser ratificada por el Gobierno cada dos años. Sin embargo, tras varias tensiones con el grupo, el Presidente Morales adelantó en 2018 que el trabajo de la comisión finalizaría en septiembre de 2019, pues no renovaría su mandato.
Morales, que llegó al poder en medio de una ola anticorrupción, ha sido hostil con el trabajo de la Cicig desde el inicio de su gestión. En enero de 2017 – un año tras su asunción-, la entidad y el Ministerio Público acusaron a su hijo y su hermano de defraudación fiscal. Según las indagaciones, ambos habrían presentado documentos y facturas falsas para la compra de canastas navideñas de una entidad pública, las que se pagaron, pero no se entregaron. Actualmente, los dos mantienen arresto domiciliario y esperan su juicio.
La relación empeoró en agosto del mismo año, cuando el blanco fue el
Mandatario guatemalteco, acusado de corrupción electoral durante los comicios que ganó en 2015. Presuntamente había ocultado información sobre el financiamiento de su partido; no obstante, la denuncia se disolvió pues el
Congreso rechazó levantar su inmunidad.
Tras esta denuncia, Morales intentó expulsar del país al jefe de la misión de la Cicig, el ex juez colombiano, Iván Velásquez, pero una decisión de la Corte de Constitucional (CC) – máxima instancia judicial del país- frenó esta acción y pidió solventar las controversias dialogando.
El quiebre definitivo vino en agosto de 2018, cuando la Cicig y la fiscalía formularon nuevas acusaciones y solicitaron otra vez el desafuero del jefe de Estado, esta vez por financiamiento electoral ilícito. Morales negó cualquier ilegalidad y acusó a la Cicig de extralimitarse en sus funciones. Solo un mes después anunció que no renovaría el acuerdo con la ONU.
Reacciones encontradas
La decisión anunciada este lunes ocurre luego de que este fin de semana se impidiera el ingreso al país del investigador colombiano de la Cicig, Yinel Osorio. Estuvo detenido por 25 horas en el aeropuerto de la capital guatemalteca, pese a que en diciembre la CC concedió un amparo provisional que obligaba a la cancillería a emitir las visas de 11 funcionarios de la Cicig que habían sido revocadas. Finalmente logró ingresar.
Unas 50 organizaciones calificaron la negativa al ingreso de Osorio como "un duro golpe" a la institucionalidad del país y tras la suspensión de la Cicig varios salieron al paso. La ONU "rechazó enérgicamente" la medida y reiteró que espera que el Gobierno cumpla con el acuerdo hasta el 3 de septiembre.
"No queremos que Guatemala llegue a ser una dictadura como la hay en Nicaragua", dijo por su parte el procurador de los Derechos Humanos (ombudsman), Jordán Rodas, al llegar a la CC ayer para presentar un amparo contra el Morales.
"El mensaje que manda el Presidente es que es un gobierno del crimen organizado y eso es una amenaza para la comunidad internacional"
Manfredo Marroquín, Acción Ciudadana
"Las acciones del Gobierno están fuera del marco legal", dijo a AFP la directora del Grupo Pro Justicia,
Carmen Ibarra. "Está ejecutando acciones que tienden a favorecer grupos de poder económico y político que han sido afectados por los trabajos de la Cicig", añadió. A sus palabras se sumó el analista
Manfredo Marroquín, director de la organización Acción Ciudadana - Transparencia Internacional local. "El mensaje que manda el Presidente es que es un gobierno del crimen organizado y eso
es una amenaza para la comunidad internacional", aseveró.
Aunque no todo han sido críticas. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras anunció hoy su respaldo a la decisión: "Está dentro del marco de sus competencias", dijo el sector empresarial.
Al concluir la conferencia de Morales este lunes, decenas de manifestantes acudieron a la sede de la CC para protestar por la decisión gubernamental y varias organizaciones convocaron para el próximo sábado una marcha en contra del Mandatario guatemalteco.
