La justicia argentina ordenó este miércoles al Gobierno de Buenos Aires que
"prohíba en forma inmediata" el funcionamiento de las empresas de delivery en bicicleta en la capital trasandina, hasta que acrediten "judicialmente la adecuación" a los requisitos establecidos en el Código de Tránsito y Transporte local.
La resolución fue tomada por el juez Andrés Gallardo, titular del juzgado N°3 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, quien además ordenó el diseño y ejecución de "un plan de contingencia económica y social para compensar la reducción de ingresos de los repartidores hasta que se normalice la situación", según informa La Nación.
De acuerdo a este medio, entre los requisitos impuestos por el magistrados figuran
el porte obligatorio de casco por parte de los repartidores; que "la caja portaobjeto esté anclada a la moto o bicicleta y no en la espalda" del conductor; que los trabajadores tengan "seguro de vida y accidentes" y "libreta sanitaria" y que las bicicletas "cuenten con adecuada señalización mínima", como luces y reflectantes.
Todo esto luego de que, a petición del juzgado, la Policía bonaerense realizara una inspección de más de 400 bicicletas y motocicletas que concluyó que el 77% de los repartidores circula con el portaobjetos cargado en su espalda, el 70% desempeña tareas sin seguro alguno y el 67% circula sin casco.
A esto se suman los datos entregados por el Ministerio de Salud de Buenos Aires, que advirtió que en un mes el sistema público sanitario atendió a 25 víctimas de accidentes en la vía pública mientras trabajaban para empresas de delivery.
"Es necesario aplicar las medidas coercitivas necesarias para lograr que se dé cumplimiento estricto y sin demora a las disposiciones contenidas en el Código y en su decreto reglamentario"
Juez Andrés Gallardo
Es así como el juez Gallardo estableció que las empresas
Rappi Arg. S.A.S., Kadabra S.A.S. (Glovo) y Pedidos Ya S.A. trabajan "en franca transgresión a la normativa vigente, y sin que se les exija al menos, dar cumplimiento a las normas básicas en materia de seguridad".
De este modo, el magistrado recalcó que "es necesario aplicar las medidas coercitivas necesarias para lograr que se dé cumplimiento estricto y sin demora a las disposiciones contenidas en el Código y en su decreto reglamentario".
La respuesta de las compañías
Luego de conocer el fallo, Rappi, una de las tres empresas mencionadas por el juez Gallardo, cuestionó la determinación y aseguró, en palabras reproducidas por La Nación, que "afecta a toda la industria de mensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias alimenticias en la Ciudad, y pone en riesgo la continuidad de las fuentes de ingreso de miles de personas".
"Desde Rappi expresamos nuestra preocupación por esta situación, inédita a nivel mundial, e informamos que apelaremos dicha decisión. Asimismo, seguiremos en contacto con las autoridades para contribuir en la búsqueda de soluciones que protejan a todas las partes de nuestra comunidad, fomenten la innovación, y permitan el normal desarrollo de la economía digital", agregó la compañía.
"Desde Rappi expresamos nuestra preocupación por esta situación, inédita a nivel mundial, e informamos que apelaremos dicha decisión"
Rappi
Por su parte, desde Glovo aseguraron que "sabemos que nos encontramos frente a un nuevo paradigma y estamos muy de acuerdo con la necesidad de
generar una mesa de trabajo en la que los agentes interesados podamos mantener un debate abierto hasta llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos", por lo que expresaron su confianza en que el Gobierno potenciará "un espacio de diálogo".
No obstante, hicieron un llamado "a todo el mundo a preguntar a alguno de los repartidores que circulan por la ciudad qué opina de nosotros; o consulte a aquel bar o tienda de su barrio que vende a través de Glovo, qué beneficios le está suponiendo la colaboración. Verán que esto no es un enfrentamiento donde tiene que haber ganadores y perdedores, sino un sector de actividad donde todos podemos mejorar y beneficiarnos".
