EL Gobierno de Estados Unidos confirmó este miércoles que a partir de mayo permitirá reclamar ante cortes estadounidenses propiedades expropiadas tras la Revolución cubana, una medida que podría abrir la puerta a miles de demandas contra compañías extranjeras y a una disputa con la Unión Europea (UE) ante la OMC.
El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció la próxima activación de los títulos III y IV de la ley Helms-Burton, que todos los presidentes estadounidenses habían mantenido suspendidos desde que se aprobó esa norma, en 1996, en base a un acuerdo alcanzado con la UE.
"La Administración Trump no suspenderá más el título III, una decisión que
entrará en vigor el 2 de mayo", dijo Pompeo en una rueda de prensa.
Esa medida, adelantada el martes por un alto funcionario, permitirá a los estadounidenses, incluidos los cubanos naturalizados, demandar ante cortes de EE.UU. a las compañías que supuestamente se benefician de propiedades en Cuba que eran suyas o de su familia antes de la Revolución cubana en 1959.
El cambio abre la puerta a demandas en EE.UU. contra empresas de todo el mundo, entre ellas cadenas hoteleras españolas como Meliá, Barceló o Iberostar; así como la compañía canadiense Sherritt, dedicada al sector minero.
Cuando se aprobó la ley en 1996, había "hasta 200.000" reclamos de individuos y empresas que querían recuperar sus propiedades expropiadas en Cuba, una cifra que podría haber aumentado en las últimas dos décadas, explicó la secretaria de Estado adjunta de EE.UU. para Latinoamérica, Kimberly Breier.
El valor que reclaman esos estadounidenses "podría rondar las decenas de miles de millones de dólares, aunque eso dependerá de si deciden presentar casos legales o no", agregó Breier.
Entre las compañías extranjeras mencionadas en esos reclamos se encuentran también las españolas Iberia y NH, además de otras aerolíneas como Lufthansa o Air France, y grandes corporaciones como la suiza Nestlé, la china Huawei o la japonesa Mitsubishi.
También aparecen compañías estadounidenses como
Marriott o
American Airlines, según un listado compilado por el Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, que agrupa a empresas norteamericanas interesadas en comerciar con la isla.
Las compañías que queden sujetas a demandas también podrían verse afectadas por la próxima aplicación del título IV, que restringirá la entrada a EE.UU. de quienes hayan confiscado propiedades de estadounidenses en Cuba o comercializado con dichos bienes.
Breier dejó hoy claro que "no habrá excepciones" para ninguna compañía, ya sea estadounidense o europea: todas ellas estarán expuestas a demandas si están usando propiedades nacionalizadas.
Eso abre la puerta a "cientos de miles de demandas" en los tribunales de EE.UU., de acuerdo con Robert Muse, un abogado en Washington experto en la legislación estadounidense sobre la isla.
Muse calcula que alrededor del 90% de los bienes nacionalizados después de 1959 "pertenecían a cubanos que emigraron a EE.UU.", y sus descendientes tienen ahora la opción de demandar al Gobierno de Cuba o a compañías extranjeras para ser compensados por ello.
La decisión abre una nueva brecha con la UE, cuya alta representante para la Política Exterior, Federica Mogherini, advirtió este mes en una carta a Pompeo de que el bloque podría demandar a EE.UU. ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La UE y Canadá confirmaron hoy que trabajarán juntos para "proteger los intereses de sus compañías en el contexto de la OMC y mediante el veto a la implementación o reconocimiento de juicios extranjeros basados en el título III", según un comunicado de Mogherini y la ministra de Exteriores canadiense, Chrysta Freeland.
Ese veto afectaría a aquellas empresas estadounidenses que tengan filiales en Europa y que decidan demandar a firmas europeas, explicó Mogherini en su carta a Pompeo.
Las compañías europeas demandadas tendrán derecho a llevar ante un tribunal de Europa a la filial europea de la empresa estadounidense, y exigirle compensación por el costo del litigio en EE.UU., advirtió Mogherini.
La medida supone, además, un notable recrudecimiento del embargo a Cuba, al sembrar incertidumbre para las empresas interesadas en comerciar o invertir en la isla.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó hoy "enérgicamente" el anuncio y lo consideró "un ataque al Derecho Internacional y a la soberanía de Cuba y de terceros Estados".
