Hace 30 años, en abril de 1989, se comenzaron a fraguar las protestas estudiantiles en China en contra de las restricciones del régimen comunista, que terminaron trágicamente casi dos meses después –el 4 de junio–, con la masacre de la Plaza de Tiananmen, uno de los episodios más impactantes de la historia reciente.
El hecho que detonó las manifestaciones fue la muerte, por causa natural, del ex secretario general del Partido Comunista, Hu Yaobang, el 15 de abril de 1989, quien era considerado como un líder más liberal. Sin embargo, su figura inquietaba a los militantes más dogmáticos y terminó siendo apartado de su cargo en 1987.
Su repentina muerte exacerbó el descontento entre los jóvenes y fue el germen de las movilizaciones posteriores.
La primera concentración fue el 17 de abril en la céntrica plaza de Tiananmen, en Beijing. Las manifestaciones continuaron y fueron tomando cada vez más fuerza, lideradas por los universitarios, quienes
reclamaban por mayores libertades y más recursos para la educación. "Miles de jóvenes se congregaron en la Plaza Tiananmen, para pedir democracia", informaba "El Mercurio" el 22 de abril de ese año.
Con las semanas, la tensión se fue incrementando y llevó a las autoridades a ordenar una intervención militar, que tuvo su capítulo más cruento la madrugada del 4 de junio de 1989, cuando el Ejército chino irrumpió con tanques en la plaza de Tiananmén, disparando contra las personas que allí se encontraban. "Tropas apoyadas por vehículos blindados dispararon indiscriminadamente contra los millares de manifestantes que demandaban democracia. Miles de jóvenes abandonaron la plaza de Tiananmén, luego de lo que fue calificado de una de las jornadas más tristes de la historia de China", publicó ese día "El Mercurio".
Descalificación de documentos muestra la crueldad de la matanza
En ese momento se habló de unos 500 muertos y centenares de heridos. Pero luego las estimaciones fueron aumentando hasta llegar a cerca de tres mil. El hecho fue repudiado por la comunidad internacional y provocó la masiva salida de extranjeros de ese país, quienes temían que comenzara una guerra civil.
Documentos que fueron desclasificados en 2017 dan cuenta de que las víctimas de la matanza fueron muchas más, cerca de diez mil. Éstos señalan que fueron "27 vehículos acorazados" los que abrieron fuego contra la multitud "antes de arrollarla". "Los arrollaron una y otra vez (...) Los restos fueron recogidos por una excavadora, incinerados y tirados por el desagüe. Cuatro chicas, estudiantes, suplicaron por sus vidas antes de que las cosieran a puñaladas. A mil supervivientes les dijeron que podían escapar antes de acribillarlos con ametralladoras desde posiciones fijas", indica el texto, que recoge el diario "El País" de España.
10 milpersonas al menos murieron en la masacre de Tiananmen
La publicación agrega otros cruentos detalles del episodio, hasta entonces desconocidos: "Los responsables de la masacre acribillaron incluso a una ambulancia del Ejército que iba a evacuar a los heridos, y un oficial del Ejército fue ejecutado por sus propios hombres cuando comenzó a expresar las dudas sobre la operación". Indica que en la masacre
también participaron francotiradores y los militares disparaban con balas explosivas, prohibidas por el derecho internacional.
El Gobierno chino nunca entregó la lista de los fallecidos. Además, cientos de activistas fueron encarcelados y otros enviados a campos de trabajo forzado.
"Detenciones arbitrarias" y "hostigamiento" a activistas siguen presentes
A treinta años de ese trágico episodio, la situación de los Derechos Humanos en ese país continúa siendo preocupante, como lo reflejan informes de organismos internacionales.
El último reporte de Amnistía Internacional –de 2017/2018– asegura que el Gobierno de ese país ha continuado promulgando leyes que representan "graves amenazas para los derechos humanos", bajo el "pretexto de la 'seguridad nacional'"; y que se han ampliado las facultades de las autoridades para "silenciar a la disidencia, censurar información y hostigar y procesar a los defensores de los derechos humanos".
Una de esas leyes, por ejemplo, impide las actividades de las ONG extranjeras que no estén inscritas en un registro, sancionándolas con medidas como la congelación de cuentas bancarias, cierre de locales, confiscación de bienes y detención de personal. Otra ley "otorga, en la práctica, poderes ilimitados a instituciones de inteligencia nacional, cuyas funciones no están claras", con el riesgo de "detenciones arbitrarias".
La entidad afirma que en ese periodo "se detuvo, procesó y condenó a personas que se dedicaban al activismo y a la defensa de los derechos humanos sobre la base de acusaciones vagas y demasiado amplias" –como "incitar a la subversión del poder del Estado" o "provocar peleas y crear problemas"–. Parte de ellos fueron recluidos "fuera de los centros de detención oficiales, a veces en régimen de incomunicación, durante periodos prolongados, aumentando el riesgo de que sufrieran tortura y otros malos tratos". Algunos de los detenidos declararon haber sido torturados, drogados y obligados a consumir medicamentos.
Amnistía Internacional también da cuenta que el premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo murió bajo custodia, a causa de un cáncer hepático, luego de que las autoridades rechazaran su solicitud de viajar al extranjero y recibir tratamiento médico. Mientras que su esposa permanecía sometida a vigilancia y bajo "arresto domiciliario" ilegal.
El informe también indica que en 2017-2018 "se intensificó el control sobre Internet", y miles de páginas web y redes sociales seguían bloqueadas, entre ellas Facebook, Instagram y Twitter. Además, el principal servicio de mensajería instantánea de China, WeChat, "introdujo nuevos términos de servicio para recopilar una amplia variedad de información personal y puso a disposición del gobierno los datos de 900 millones de personas".
También fue detenido el cofundador de un sitio web que informaba sobre las protestas en China, acusado de "filtrar secretos de Estado", diez periodistas del mismo sitio; y el fundador de otra plataforma llamada "Observatorio de los derechos civiles".
Paralelamente, "se aumentó la represión de las actividades religiosas de los cultos no reconocidos por el Estado", a través de una ley que permitía a las autoridades "supervisar, controlar y, potencialmente, castigar prácticas religiosas".
"(Entre 2017 y 2018) se detuvo, procesó y condenó a personas que se dedicaban al activismo y a la defensa de los derechos humanos sobre la base de acusaciones vagas y demasiado amplias
Amnistía Internacional
"Amnistía Internacional también apunta que China mantiene la
pena de muerte dentro de su legislación y que "el gobierno continuaba ocultando la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte", pese a que los órganos de la ONU y la comunidad internacional llevan más de 40 años pidiendo más información.
Esto coincide con el informe de Human Rights Watch, que en su informe sobre China, en 2018, señala que "los defensores de los derechos humanos siguen sufriendo detenciones arbitrarias, encarcelamientos y desapariciones forzadas".
Agrega que "el gobierno mantiene un control estricto sobre Internet, los medios de comunicación y el mundo académico" y que "las autoridades intensificaron la persecución de las comunidades religiosas, incluidas las prohibiciones del Islam en Xinjiang, la represión de los cristianos en la provincia de Henan y el creciente escrutinio de los musulmanes Hui en Ningxia".
