El primer juicio oral por presunta corrupción contra la ex Presidenta argentina, Cristina Fernández, quedó este martes al borde de la suspensión, a raíz de una medida de urgencia solicitada por la Corte Suprema ante una queja de la defensa.
Las audiencias debían comenzar el próximo martes 21 de mayo, pero los jueces de la suprema le pidieron al tribunal que debe juzgarla que les envíe inmediatamente el expediente del caso, para estudiar si es cierto o no que faltan pericias y pruebas suficientes, tal como sostuvieron los abogados de la actual senadora.
El comunicado de la Corte difundido en su página web afirmó lo siguiente: "Por disposición del Tribunal, solicítense los autos principales con carácter de urgente".
De esta forma, el tribunal deberá enviarle a los jueces de la máxima Corte el expediente en cuestión. El problema es que sin él es imposible iniciar el juicio oral, por lo tanto, la consecuencia natural es que el juicio se retrase.
La acusación se basa en que las obras públicas de la provincia de Santa Cruz (Patagonia), adjudicadas a Lázaro Báez, un empresario conocido de la familia Kirchner, no se ejecutaron en tiempo y forma, pese a que fueron abonadas por las arcas públicas.
Fueron 51 obras en total, pero el tribunal decidió que se auditaran sólo cinco. Según informes de los peritos oficiales, ni siquiera ha sido completada la auditoría de esas cinco obras.
En este caso, Fernández sería juzgada junto a su ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; su ex secretario de Obras Públicas, José López; Carlos Kirchner, primo del ex Presidente Nestor Kirchner; el empresario de Santa Cruz, Lázaro Báez, entre otros.
Fallo con "condimento político"
Según consigna el diario trasandino La Nación, la defensa de la ex Mandataria había cuestionado ante la Corte diversos aspectos del caso. Por ejemplo, se les habían negado la posibilidad de llevar a cabo varias medidas de prueba, como la presentación de testigos y la realización un análisis comparativo entre las empresas que se beneficiaron con los contratos de obras públicas durante la gestión de Fernández.
Para el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, estos asuntos no implicaban sentencia definitiva, es decir, que consideraba que la Corte no debía intervenir. Sin embargo, sus colegas en la entidad judicial creyeron necesario analizar el asunto y pidieron el expediente.
Los jueces del
Tribunal Oral Federal N°2 ya informaron que entregarán toda la documentación, pero el fiscal Diego Luciani prepara un recurso para evitar que el juicio se suspenda.
El ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, cuestionó la decisión de la Corte Suprema. "Es un fallo muy inusual que obviamente tiene un condimento político muy grande. Es una decisión muy escueta de la Corte, el requerimiento de un expediente. Lo que sí preocupa es que impide la realización de un juicio oral, que es lo que había fijado el sistema de Justicia, que los fiscales acusen y las partes involucradas se defiendan", afirmó en declaraciones a Radio Mitre.
"Pareciera que lo que quieren es que no se realice el juicio", añadió el ministro, quien además explicó que la "Oficina Anticorrupción se ha presentado y le ha pedido al Tribunal Oral que igual realice el juicio, pero es una decisión del Tribunal".
Cristina Fernández impulsó este martes un frente electoral para enfrentar al Presidente Mauricio Macri en las elecciones generales del 27 de octubre, por lo que se prevé cada vez más probable que la actual senadora sea la principal candidata de la oposición.
