Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Córdoba.
El Mercurio (Imagen referencial)
Este domingo se dio a conocer que hay, por lo menos, 63 denuncias de abuso sexual en la Iglesia argentina en los últimos 20 años. Una investigación, que duró cerca de un año, reveló que además el organismo trasladaba a los acusados con el fin de protegerlos y admitió "un sistema enfermo que encubría o no favorecía que los abusos salieran a la luz".
La indagatoria, desarrollada por un equipo periodístico de La Nación, recopiló información de juzgados, abogados defensores y querellantes, obispos, fuentes eclesiásticas y judiciales y asociaciones de víctimas. También realizaron entrevistas con afectados y con victimarios.
La investigación reveló que en los últimos 20 años se comprobaron un total de 63 denuncias fundadas. En por lo menos 19 de esos casos, la Iglesia trasladó al acusado a otro destino. De cinco de esos curas o religiosos hay denuncias de abusos en más de un lugar.
Además, 17 de los casos denunciados cuentan con condena judicial, 22 con un proceso judicial en marcha y 24 no judicializados, pero con denuncias consistentes en contra de los acusados.
Debido a estas denuncias, la iglesia argentina sancionó a los involucrados en por lo menos 2 de esos casos. En esta misma línea, a 12 de los acusados le quitó el estado clerical, la máxima pena que aplica la institución.
En conversación con el medio argentino, Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco, Córdoba, y coordinador del Consejo Pastoral de Protección de Menores y Adultos Vulnerables de la Conferencia Episcopal argentina comentó que "la práctica [de los traslados de religiosos acusados] ha sido habitual, no solamente aquí sino en todos lados. Eso está reconocido en los países donde se han hecho las investigaciones más profundas, como Estados Unidos o Alemania”.
El religioso además admitió que "no sé si hay más; seguramente no hay menos”. En relación al traslado de los acusados, Buenanueva comentó que "hay un sistema enfermo en la Iglesia que encubría, o no favorecía, que los abusos salieran a la luz y se terminaba favoreciendo al victimario".
Por su lado, Gustavo Stroppiana, fiscal que lleva adelante la causa en el caso Próvolo de Mendoza, donde se abusó de niños en un instituto del mismo nombre, acusó una "sistematicidad de los traslados". Además, indicó que en la investigación "no tuvimos colaboración por parte de la Iglesia. Se presentaron dos enviados del Vaticano, tuvimos dos charlas, mandamos un oficio pidiendo información, pero nunca nos contestaron".
La investigación reveló que de las 63 denuncias de abuso sexual, 19 de los involucrados fueron trasladados luego de ser denunciados.
